Gabriela Cañas archivos - Emisora Costa del Sol 93.1 FM

Lejos de ser la gran oportunidad que muchos vislumbraron para los medios de comunicación, la digitalización ha tenido un efecto devastador para gran parte de la prensa. La Gran Recesión de 2008, unida al avance de las plataformas tecnológicas, se ha saldado con una importante transferencia monetaria. Los ingresos publicitarios emigraron a esas plataformas. Las audiencias, también. Esta situación ha devenido en un ecosistema propicio a la desinformación masiva, una lacra peligrosa sobre la que acaba de alertar el Foro de Davos. The New York Times ha demandado a Open AI y a Microsoft por entrenar sin permiso a sus chatbots con contenidos del periódico. En España, unos 80 editores agrupados en la AMI (Asociación de Medios de Información) han denunciado a Meta (Facebook e Instagram) por arrebatarles la publicidad de forma abusiva y le exigen 550 millones de euros. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto expediente a Google, y la Comisión Europea mantiene su política sancionadora contra estas grandes y multimillonarias firmas. Las plataformas tecnológicas se nutrieron, sobre todo al principio, de información graciosamente regalada por editores y periodistas, que vieron en ellas la vía para llegar a más lectores y experimentar nuevas narrativas. Como ahora se denuncia, esas empresas llevan años apropiándose de los contenidos sin permiso y sin pagar por ellos. Muchos ciudadanos consideran que ya no es necesario comprar o suscribirse a un periódico para estar informados. Ni siquiera ven la necesidad de una agencia de noticias. La información es tan abundante que se ha desvalorizado injustamente. El Instituto Poynter, muy comprometido contra la desinformación, pone las cosas en su sitio y calcula que Google y Meta les deben a los editores de Estados Unidos hasta 13.900 millones de dólares anuales por el uso de sus contenidos. Algunos países y la Unión Europea han legislado para que los buscadores paguen, incluso, por enlazar noticias. En España, está resultando muy complicado siquiera valorar la cantidad de información que utiliza Google y, en consecuencia, cuál debería ser la compensación. Muchos medios, que siguen apostando por el empleo y el periodismo, no logran percibir a cambio un solo euro. Toda esta competencia desleal ha agravado el quebranto financiero de los medios con el alarmante vaciamiento de las redacciones y la precarización del oficio periodístico. Pero el daño muestra otros perfiles preocupantes. Detrás de las plataformas no hay editores comprometidos con la función social del periodismo ni reglas deontológicas. Cualquiera publica en ellas lo que considera. Así, se han convertido en máquinas de difamación y mentiras que compiten en clics con la labor de un corresponsal de guerra, por ejemplo. La desinformación se ha convertido hoy en un fenómeno masivo que opera sistemáticamente en conflictos divisivos y campañas electorales. Detrás hay Estados autoritarios o centros de poder de oscura agenda. Asusta la perspectiva para este año. La mitad de la población mundial está llamada a las urnas en países como México, India o Estados Unidos, donde encabeza las encuestas Donald Trump, quien se ha destacado por su afición compulsiva a la mentira y la descalificación y que fundó la red social Truth (Verdad) tras perder la Casa Blanca. La desinformación emponzoña la democracia, pero también es corrosiva para los medios tradicionales, a los que los líderes populistas atacan con saña. El descrédito de los medios, en el que seguramente influyen los errores propios, es una eficaz estrategia del populismo. “Esto no lo vas a ver en la prensa”, suelen proclamar desafiantes los radicales que acaban de intoxicar al interlocutor. La desinformación siembra la desconfianza hacia todas las instituciones y la prensa es una más del sistema. La inteligencia artificial promete avances prodigiosos, pero los riesgos también han quedado ya al descubierto. En el terreno de la información, la capacidad de engaño de la inteligencia artificial multiplica de manera exponencial nuestra exposición a los bulos. Se necesitan conocimientos muy específicos para desenmascarar un vídeo falso, por ejemplo. Los poderes públicos de nuestras democracias tienen parte de la solución. Aquí se juega algo más que el sostenimiento y la pluralidad de los medios, que son los que garantizan el derecho a la información del ciudadano. Bruselas está acelerando las medidas regulatorias. Hay que introducir normas que se adapten al mundo digital, pero preserven derechos tan antiguos como el de la propiedad intelectual o la libre competencia. Aquí, justamente, puede ayudar la inteligencia artificial, bien para bloquear páginas pornográficas a un menor o para detectar a tiempo una grave acusación no verificada. Analícense todas las medidas posibles. Es urgente.

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