Cristina Monge archivos - Emisora Costa del Sol 93.1 FM

La falta de avances en los grandes desafíos del presente dificulta atisbar el futuro e instala un presente continuo. La desconfianza con que la ciudadanía mira a las instituciones, a los agentes de intermediación y a sí misma abandona en una suerte de desamparo a un individuo solo y aislado que se siente infinitamente pequeño ante los grandes retos, entre ellos, la crisis ambiental. Estos días se celebra la COP30 en Belém, en una cita llamada a ser decisiva o quedar en la irrelevancia. Las dificultades geopolíticas son conocidas: EE UU en retirada, el negacionismo al alza y la Unión Europea titubeante y muy lejos del liderazgo que ejerció años atrás. Todos miran a los países emergentes y en particular a China, que bien podría convertirse en líder de la transición y con ella, de la nueva economía. Pese a todo, sigue habiendo fuerzas que operan a favor de una mayor ambición frente a la crisis ambiental. Una de ellas, no menor, es la de los inversores, conocedores de las enormes oportunidades que ofrece la economía verde, con la energía renovable como gran motor. Otra, la que representa la evidencia. No tanto la científica, aunque acumule datos e informes a marchas aceleradas, sino la vivencial. Cada vez son más los afectados por una ola de calor, incendios de sexta generación, danas mortíferas, huracanes devastadores y sequías desoladoras que han resultado especialmente extremas y recurrentes por la crisis climática. Según estudios del Banco Mundial, 1.200 millones de personas corren riesgo elevado de sufrir las consecuencias de la crisis climática. ACNUR señala que entre 2008 y 2022 el promedio anual de migrantes y desplazados por efectos del cambio climático fue de 24,5 millones, y llegó a 32 millones en 2022, y Germanwatch, en su estudio de 2025, cifra en 4,5 billones de dólares los daños causados por el cambio climático entre 1995 y 2024. La vivencia de las consecuencias de la crisis climática no afecta sólo a la consciencia de quien lo vive, sino que resitúa el debate. Durante décadas, los discursos que llamaban a actuar de forma más acorde con el planeta apelaban a la vida de nuestras hijas, a pensar en las hijas de nuestros hijos. Se trataba de asumir sacrificios en el presente para que las siguientes generaciones vivieran mejor, o pudieran siquiera vivir. Esto planteaba un desafío a todos los sistemas políticos, y especialmente a las democracias, pues era necesario asumir un compromiso intergeneracional que obligaba a afrontar costes en el presente para un beneficio futuro. Una opción que reducía al mínimo los incentivos de la acción de cualesquiera responsables públicos, porque estos se comprometen y rinden cuentas por el corto margen de un mandato. Para eso les votaban sus electores y en ese marco temporal hacían sus planes. Incorporar el futuro era algo delicado desde el punto de vista político. Todo esto ha cambiado. Hoy, plantear la sostenibilidad como un asunto de futuro es ignorar que ese futuro ya ha llegado y que las medidas a tomar son urgentes, que no se trata ya de nuestros hijos, sino de nosotros mismos, y que lo que hoy se haga puede beneficiarnos o perjudicarnos en persona. Dicho de otra manera, y aunque encierra una realidad terrible, en materia climática el cortoplacismo ya no es un problema. Excusarse por los inconvenientes de las políticas a largo plazo ya no sirve. Lula da Silva lo expresó así en la inauguración de la COP: “El cambio climático no es una amenaza para el futuro, sino una tragedia del presente”. En el plano ambiental se distinguen dos tipos de políticas. Las primeras, llamadas de mitigación, están dirigidas a eliminar las causas de la crisis, fundamentalmente a reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Incluyen también buena parte de las medidas contra la contaminación, que, aunque son cuestiones distintas, acaban convergiendo en sus consecuencias. Las segundas son las políticas de adaptación, destinadas a amoldar nuestra forma de vida, territorios y economía a la nueva realidad climática. Como afirma el profesor y director del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, Íñigo Losada, coordinador científico del reciente estudio Evaluación de riesgos e impactos derivados del cambio climático en España (ERICC-2025), “la adaptación debe hacer frente a las consecuencias de no mitigar suficiente. La mitigación nos ayuda a ganar tiempo para implementar la adaptación y a reducir la intensidad de la misma”. Son, por tanto, dos caras de la misma moneda. Las políticas de adaptación se caracterizan por requerir acciones inmediatas y sus efectos se dejan sentir en el corto plazo. Entre ellas se encuentran desde un urbanismo que promueva zonas de fresco y sombra en las ciudades para hacer más soportables las olas de calor, hasta el cambio en la gestión del suelo agrícola de forma que permita hacerlo más resiliente a las danas, pasando por el replanteamiento de las defensas en el Cantábrico para adecuarlas a los nuevos temporales y la subida del mar, el refuerzo del sistema público de salud en momentos de altas temperaturas para atender el incremento de asistencias sanitarias, o la revisión del calendario escolar para evitar que los pequeños pasen horas encerrados a temperaturas inadecuadas, entre otras. La adaptación a los sistemas de cultivo para hacerlos más resilientes en la próxima dana lleva incorporada también la reducción de la contaminación por pesticidas, una mayor capacidad de almacenamiento de carbono y la protección de su biodiversidad. El correcto aislamiento de los edificios para protegerse mejor del calor y el frío extremo supone un ahorro energético que se traduce en dinero y menos emisiones de gases de efecto invernadero. La peatonalización o pacificación del tráfico en las ciudades y el incremento de zonas verdes reducen la contaminación, el ruido, evitan emisiones de gases de efecto invernadero y mejoran la calidad del aire, a la par que ofrecen refugios climáticos. Cada uno de estos ejemplos encierra una enorme complejidad e interdependencias múltiples entre los distintos aspectos que conlleva la sostenibilidad, pero todos ellos tienen en común que suponen actuar pensando en el presente, y los efectos positivos se dejan ver de forma inmediata y se proyectan a su vez sobre el futuro. Todo esto no quiere decir que haya que eliminar las políticas a largo plazo, dado que de la misma manera que hoy sufrimos las consecuencias de gases de efecto invernadero que se emitieron décadas atrás, los que se emitan hoy repercutirán en las siguientes generaciones, así que sí: hay que mirar a largo plazo y ser ambicioso. Pero la legitimación de las políticas a largo plazo hoy se puede encontrar en los efectos que ya sufrimos, en el presente continuo en que estamos instalados. Traer las políticas ambientales al presente es una necesidad para explicar cómo afecta la crisis ambiental en nuestro día a día, y al mismo tiempo una oportunidad para legitimar y hacer más comprensibles los cambios necesarios. La clave del éxito estará en encontrar la manera de acometer esa transición de forma que no sea un sacrificio, sino una oportunidad. Así lo han entendido agricultores que han incorporado criterios de agroecología y ven cómo sus campos son más rentables, ciudadanos que han rehabilitado su casa y comprueban cómo ganan en confort y ahorran en la factura energética o países que han reducido la contaminación apostando por el transporte público y la electrificación de la movilidad. Ejemplos no faltan. Si se encuentran las claves para hacer de ellas una oportunidad, las políticas ambientales avanzan. Si no, alimentan el caldo de cultivo del que se nutren los negacionistas y la ultraderecha.

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