Cristabel Cartaya archivos - Emisora Costa del Sol 93.1 FM

Vivimos en un mundo donde la realidad está cada vez más supeditada al relato. La irrupción de las redes sociales ha acabado con la noción de que “una imagen vale más que mil palabras”. Transitamos la cotidianidad inundados de material audiovisual, narrativas y símbolos completamente vaciados de contenido, o peor aún, cuyo contenido se ha pervertido por intereses opacos. Aunque queda quien se resista y trate de mantenerse en la senda de las evidencias y los datos probados, vemos a la posverdad imponerse, de forma irremediable en algunos casos. La duda crece y con ella el escepticismo de la gente que, paradójicamente, al dudar de todo y perder la orientación de instituciones con credibilidad, es aún más susceptible al fenómeno. Poco a poco, frente a los ojos de nuestra sociedad y de la comunidad internacional, la Venezuela de Maduro y su régimen (ahora sí indudablemente dictatorial), se volvió una de las representaciones máximas de estas dinámicas, tan propias del siglo XXI. El chavismo hábilmente ha identificado las grietas que el auge de la posverdad ha generado en las democracias occidentales y lo ha instrumentalizado como arma fundamental para permanecer en el poder. Sus relatos posfactuales se sustentan, en muchos casos, en mentiras abiertas o en ideas parcialmente verdaderas, acompañadas de acciones que contradicen su mensaje. Usan esta táctica como paraguas, dentro de una estrategia común pero insidiosa, captando la simpatía de activistas e intelectuales, quienes, sin profundizar en los hechos, aceptan el discurso sin cuestionarlo o peor aún, basándose en el cuestionamiento radical de la experiencia y las ideas de todo el que se oponga. La explotación de la desconfianza y los hechos distorsionados para el control político ha sido una constante en la estrategia del régimen. Dentro del país, donde la realidad golpea a todo el que sale a la calle y la experimenta en carne propia, desmontando cualquier esfuerzo discursivo, poco a poco este ejercicio ha ido fracasando. Los verdaderos resultados electorales del 28J así lo demuestran: no es posible convencer a un pueblo, víctima de los más atroces atropellos, de que vive en un paraíso de justicia social. Fuera de nuestras fronteras queda mucho camino por recorrer para desmontar este entramado, especialmente por la insistencia de una izquierda borbónica, en ver a Venezuela como la utopía revolucionaria realizada. Un primer ejemplo de este neolenguaje es la constante referencia a la “paz”. Desde el fraude en las elecciones presidenciales, miles de venezolanos tomaron las calles, las redes sociales y otros espacios para manifestar su rechazo a los “resultados oficiales”, expresando su descontento a través de protestas, tuits y publicaciones. La respuesta del gobierno, para “defender la paz”, ha sido una ola represiva sin precedentes, con más de 1.700 ciudadanos detenidos, incluidos 200 menores de edad, especialmente en los sectores más populares. Muchos han denunciado la violación de sus derechos, aislamiento y la asignación de defensores públicos en lugar de aquellos de su confianza, además de ser imputados por delitos tan graves como el terrorismo o instigación al odio. Bajo este halo “pacifista”, lanzaron la Operación Tuntún, un despliegue policial y militar persecutorio, para allanar viviendas de manera arbitraria y detener disidentes. Muchos de ellos se han visto obligados a huir del país, temiendo ser torturados, un método bien documentado, en numerosos informes de Naciones Unidas y ONG locales. La novedad ha sido el uso de las redes sociales por parte de los propios agentes para documentar y publicar, mediante vídeos distópicos, sus propias tropelías. Paz, en lenguaje madurista, significa represión, miedo y censura, la paz de las prisiones y los fusiles. Otra instancia es el uso de la palabra “libertad” en el contexto venezolano. Aunque afirman promover la libertad de pensamiento crítico, intentaron dominar por años las redes sociales. Ahora, tras el fraude, buscan restringir el uso de WhatsApp y X (Twitter) describiéndolas como amenazas a la humanidad. En un guiño a la izquierda europea, Jorge Rodríguez, presidente de la AN, se refería recientemente a acabar con el Tecnofeudalismo, término acuñado por Yanis Varoufakis, exministro griego e ícono internacional de las izquierdas alternativas. Sin embargo, Rodríguez omitía que en la tesis de Varoufakis estas plataformas pasan a ser gestionadas de forma cooperativa por los ciudadanos y no centralizadas por el Estado para silenciarlos. El discurso que aborda la regulación de estas plataformas, que en el contexto internacional tiene matices progresistas es usado en Venezuela para censurar contenidos y detener ciudadanos. En paralelo, no se sonrojan al encarcelar al menos a 14 periodistas según cifras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), que también ha denunciado, solo durante 2024, hasta 51 casos de violaciones a la libertad de prensa, incluyendo cierres de medios, vandalizaciones y otros abusos. ¿Quién podría oponerse al concepto de “democracia participativa y protagónica” que como un mantra el chavismo repetía? Venezuela era considerada, hasta hace poco, un sistema híbrido, donde coexistían elementos democráticos y totalitarios en tensión. Durante 25 años, las constantes elecciones fueron el elemento que, según el gobierno, validaba la existencia de una democracia, a pesar de las indicaciones contrarias. Desde el 28J esto se terminó. Hemos caído en una crisis política sin precedentes por la publicación de resultados electorales sin base legal. El CNE no ha presentado resultados desglosados por estado ni ha llevado a cabo las auditorías obligatorias por ley. Además, delegó, sin justificación jurídica, la resolución en un controlado Tribunal Supremo de Justicia mientras los informes de los observadores internacionales han indicado que las elecciones no cumplieron con los estándares internacionales y estuvieron plagadas de irregularidades. La democracia no se limita a elecciones. Implica el respeto a las libertades y al disenso y la garantía de derechos básicos. El gobierno venezolano, bajo una fachada de lenguaje de izquierdas, crea una realidad paralela que oculta delitos masivos y grotescos contra sus ciudadanos. La explotación de la posverdad ha abonado el terreno a Maduro para, con desfachatez, hablar de combate a la corrupción mientras corruptos probados se sientan a su lado, “defender” la causa palestina mientras detiene masivamente a sus propios ciudadanos, levantar las banderas del anti imperialismo mientras las trasnacionales petroleras expanden sus intereses en el país, condenar el extractivismo mientras cometen un ecocidio en el Orinoco, cuestionar la legitimidad de las actas electorales presentadas por la oposición mientras esconden las de sus propios testigos que las ratificarían y decir revolución mientras aplastan el levantamiento popular contra su fraude. Posverdad: Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. (RAE)

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