Christopher Sabatini archivos - Emisora Costa del Sol 93.1 FM

Las elecciones venezolanas del 28 de julio importan no solo para el futuro de la democracia en América del Sur. La vida y las esperanzas de los 29 millones de venezolanos que aún viven una crisis humanitaria y política en el país representan una preocupación global y moral. Más allá de las fronteras del país, la reacción internacional a la cuestionable reelección del presidente Nicolás Maduro tiene serias implicaciones para las normas e instituciones regionales e internacionales. Las elecciones robadas de Venezuela podrían afectar la política interna de Brasil, Colombia y Estados Unidos, de manera que favorezcan los intereses y ambiciones de Rusia y China. Violación de compromisos internacionales Las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio fueron el resultado de un acuerdo internacional anunciado el 17 de octubre de 2023 por el que el gobierno de Maduro se comprometió a celebrar unas elecciones libres y justas en 2024. En respuesta, al día siguiente, Estados Unidos relajó las sanciones económicas. En los 10 meses que siguieron, las condiciones para unas elecciones libres y justas se descarrilaron rápidamente. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, favorable al gobierno, inhabilitó a la principal candidata de la oposición, María Corina Machado, y el gobierno arrestó a más de 70 miembros de su equipo y detuvo a más de 100 más. Además, el gobierno y sus fuerzas de seguridad, incluidas milicias progubernamentales, hostigaron las concentraciones de la oposición y se bloqueó el acceso de la oposición a los medios de comunicación nacionales. Machado respondió lanzando su considerable ímpetu popular, incluso su estatus de estrella de rock, detrás de un diplomático retirado de 74 años, Edmundo González Urrutia. González aventajaba a Maduro en las encuestas por entre 25 y 30 puntos porcentuales en las semanas previas a las elecciones. Pero el día de las elecciones, seis horas después del cierre de los centros de votación, la comisión electoral pro-Maduro anunció que el presidente había sido reelegido para un tercer mandato, ganando el 51 por ciento de los votos frente al 44 de González. La comisión, sin embargo, nunca proporcionó los recuentos reales. Gobiernos como el de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Reino Unido, Estados Unidos, República Dominicana y la Unión Europea se negaron a reconocer los resultados sin pruebas. En particular, otros se apresuraron a felicitar a Maduro, emitiendo elevadas declaraciones de solidaridad. Esa galería de pícaros incluía a China, Cuba, Irán, Nicaragua, Rusia y Siria, representantes de una coalición de Estados globales que buscan activamente debilitar los compromisos internacionales con los derechos humanos y la soberanía popular. Intereses rusos y chinos En privado, funcionarios chinos han expresado su frustración por la mala gestión económica de Maduro. Pero Venezuela es un aliado conveniente en la competencia de Pekín con Washington. El país está estratégicamente ubicado en una región definida como esfera de influencia de los EE.UU., se asienta sobre las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo y está gobernado por un presidente que desafía repetidamente el poder de los EE.UU., metiendo un pulgar en el ojo de los estándares internacionales sobre libertad y libertad. También para Rusia, Venezuela es un aliado simbólico. Un mes antes de las elecciones, buques de guerra rusos atracaron en un puerto venezolano, una demostración de fuerza en el patio trasero de Estados Unidos y una señal de apoyo a Maduro contra su propio pueblo. Lo que Rusia puede ofrecer materialmente para aliviar la crisis humanitaria que preside el asediado gobierno no está claro, más allá de los canales para evitar las sanciones económicas de Estados Unidos, que seguramente se endurecerán después del fiasco de las elecciones del domingo. Lo mismo ocurre con Irán, que desde 2019 ha ayudado a procesar y lavar las exportaciones de petróleo de Venezuela en violación de las sanciones de Estados Unidos. Hubo un tiempo, en la década de 1990 y principios de la década de 2000, en que la evaluación de las elecciones por parte de los observadores electorales internacionales era importante para la estimación global de la autoridad moral y la legitimidad de los gobiernos. La farsa del evento electoral venezolano demuestra que esos días han quedado atrás. A finales de mayo, la comisión electoral venezolana revocó una invitación a la UE para enviar una misión de observación electoral. En su lugar, se invitó a observadores de China y Rusia, observadores poco creíbles de un ejercicio democrático. Los únicos observadores fiables que quedaban eran un panel de expertos de la ONU de cuatro personas y un equipo del Centro Carter de menos de 20 personas, apenas suficientes, según ellos mismos admiten, para cubrir los más de 14.000 centros de votación y montar un esfuerzo exhaustivo. Sin embargo, el reciente informe del Centro Carter es mordaz. Su declaración de apertura lo dice todo: "Las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024 no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral y no pueden considerarse democráticas". La pregunta es ¿cómo puede responder una comunidad internacional fracturada, mientras China, Irán y Rusia se apresuran a aceptar el resultado fraudulento? Las respuestas multilaterales a través de la ONU son imposibles dada la complicidad de Rusia y China. Y las sanciones económicas e individuales impuestas por Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea no han provocado la respuesta deseada. El arma inhumana de los refugiados después de las elecciones Hay otro elemento en el cruel cálculo que opera en China y el respaldo de Rusia al gobierno de Maduro. En la última década, más de 7,7 millones de venezolanos han huido del desastre humanitario del país. En las encuestas preelectorales, hasta el 30 por ciento de los venezolanos afirmaron que planeaban abandonar el país si Maduro era reelegido. Incluso una fracción de ese flujo de salida crearía fricciones significativas en los países vecinos y en los Estados Unidos. Países como Colombia, Brasil, Argentina y Perú han acogido a muchos de los refugiados de Maduro. Pero la afluencia ha comenzado a crear tensiones en los servicios públicos y los mercados laborales. Hay aproximadamente 3 millones de inmigrantes venezolanos en Colombia y cerca de un millón en Brasil. La reacción social y política contra los refugiados venezolanos está creciendo en Colombia y Chile, en parte avivada –en algunos casos injustamente– por los temores de un aumento de la delincuencia vinculada a grupos criminales transnacionales venezolanos, como el Tren de Agua. En Estados Unidos, la inmigración se ha convertido en un tema candente en el período previo a las elecciones presidenciales de noviembre. Se estima que 800.000 VeneLos refugiados zueleños están en el país, muchos de ellos han cruzado la frontera ilegalmente. No es exagerado creer que China y Rusia acogerían con beneplácito la discordia y la agitación social que una nueva crisis migratoria traería a países democráticos como Brasil, Chile, Colombia y Estados Unidos. Para evitar esto, solo hay malas opciones. Washington ahora debe elegir entre ellas. Será necesario algún retorno de las sanciones. El primer paso debería ser la imposición de sanciones personales selectivas a los miembros de la autoridad electoral y a las fuerzas de seguridad. Estos deben coordinarse con los socios de Europa y América Latina. Esos gobiernos también deberían colaborar con las empresas que invierten en Venezuela. Las empresas de petróleo y gas de Estados Unidos, España, Reino Unido y Francia se beneficiaron de la liberalización de las sanciones; ahora deberían estar preparados para cerrar las operaciones y así ayudar a presionar al gobierno de Maduro para que negocie. En toda América Latina, los países que han participado de manera constructiva en el proceso electoral, como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y Uruguay, deben coordinar una respuesta regional. Está claro que Maduro está intentando mantenerse en el poder a toda costa. La comunidad internacional debe dejar claro que buscará proteger a los ciudadanos venezolanos de las sanciones, pero los elementos asociados con el régimen se verán afectados. Maduro se ha resistido a tales esfuerzos antes; desafortunadamente, el mundo no tiene más opción que conformarse a largo plazo en espera de un cambio democrático en Venezuela. Investigador Principal para América Latina, Estados Unidos y el Programa de las Américas. Viernes, 02/Ago/2024 Christopher Sabatini Chatham House.

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Christopher Sabatini: Las elecciones robadas en Venezuela alientan a las autocracias del mundo

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