Alejandro Álvarez Iragorry – Emisora Costa del Sol 93.1 FM

El ambientalista y coordinador general de la organización Clima 21, Alejandro Álvarez Iragorry, expresó su profunda preocupación por la propuesta de la nueva Ley de Minas, cuya discusión en la Asamblea Nacional (AN) avanzó con la aprobación de 12 artículos el pasado 19 de marzo de 2026. Álvarez advirtió a Radio Fe y Alegría Noticias que la ley, a pesar de la necesidad de actualizar la legislación vigente desde 1999, no aborda adecuadamente los impactos ambientales y sociales, centrándose en un enfoque mercantilista. Según Álvarez, la ley de 1999 necesitaba una actualización que incluyera temas claros de derechos humanos, desarrollo sostenible y compromisos con la sostenibilidad del país. Sin embargo, la nueva propuesta no cumple con esta expectativa, al incluir el término desarrollo minero sostenible, que el ambientalista considera absolutamente absurdo, ya que toda acción minera produce daño. Deficiencias ambientales clave Álvarez destacó varias deficiencias ambientales en el texto de la ley. Por ejemplo, la usencia de estudios de impacto ambiental, pues la Constitución nacional los exige, pero la nueva ley solo los menciona sin establecerlos como requisito para las concesiones mineras. Asimismo, también mencionó el lratamiento inadecuado de territorios indígenas: la ley se refiere a hábitat indígenas en lugar de territorios indígenas y menciona beneficios para las comunidades sin especificar cómo se implementarán. Recomendaciones urgentes a la Asamblea Nacional Clima 21 y otras organizaciones emitieron un pronunciamiento con recomendaciones clave para los parlamentarios: se solicitó una pausa en la discusión para permitir la inserción de temas ambientales, sociales y de derechos humanos, además de exigir que se cumpla con la obligación de realizar estudios de impacto ambiental. Las organizaciones también proponen la creación de mecanismos de monitoreo independiente y demandaron acceso público a la información relacionada con la minería. También solicitaron la creación de herramientas para la remediación y reparación de daños, e insistieron en que toda acción debe basarse en el respeto a la Constitución, la normativa ambiental vigente y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Destrucción en el Río Yuruari y contaminación por mercurio Álvarez también se refirió a la denuncia realizada por el alcalde de El Callao, Coromoto Lugo, sobre la destrucción sistemática del río Yuruari por una empresa de capital chino. El ambientalista señaló que la zona del distrito minero de Bolívar es el epicentro del daño ambiental en Venezuela, con una destrucción exponencial en los últimos 15 años, especialmente desde la creación del Arco Minero. El especialista explicó que la minería en las orillas de los ríos, común en la Amazonía venezolana, implica la destrucción masiva de estos cuerpos de agua y su dinámica, además de la contaminación con mercurio utilizado para la refinación del oro. Orinoco, Caroní y Ciudad Guayana. Crisis del agua en Bolívar: Un problema político, no ambiental Respecto a la crisis del agua en Ciudad Guayana y el estado Bolívar, Álvarez enfatizó en que, a pesar de que el 80% del agua dulce de Venezuela se encuentra al sur del Orinoco, la falta de acceso al agua potable es un absurdo total y un tema político, no ambiental. Sobre la calidad del agua, Clima 21 ha identificado el abandono de las plantas de tratamiento como un factor clave, ya que la mayoría no funcionan, haciendo que el agua no sea apta para el consumo. Aunque el mercurio se acumula en los sedimentos de los ríos y la represa de Guri, los peces se contaminan, lo que representa un riesgo para la salud de quienes los consumen. Alejandra Martínez - Fe y Alegría Noticias

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