Ahmed Nagi archivos - Emisora Costa del Sol 93.1 FM

Yemen estrena gobierno tras un enfrentamiento interno que fracturó la coalición en el poder. En un contexto de creciente incertidumbre sobre el papel de los hutíes en la guerra regional, el nuevo ejecutivo deberá consolidar su autoridad en un entorno político fragmentado, crisis económica y presiones externas. A medida que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán entra en su cuarta semana, el gobierno internacionalmente reconocido de Yemen enfrenta enormes desafíos tanto internos como externos. El nuevo gobierno debe intentar afirmar su control de la fragmentada política yemení en medio de crecientes preocupaciones de que los rebeldes hutíes, aliados de Irán y que controlan la capital Saná y gran parte del norte del país, se involucren en el conflicto regional en expansión. El nuevo gobierno surgió tras dos meses turbulentos a finales de 2025. Fuerzas yemeníes rivales alineadas respectivamente con Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos –hasta entonces socios en la lucha contra los hutíes– se enfrentaron en el campo de batalla, fracturando la coalición gubernamental que había gobernado desde 2022. Los principales contendientes fueron las fuerzas del gobierno reconocido internacionalmente, respaldadas por Riad, y el Consejo de Transición del Sur (CTS), un grupo secesionista apoyado por Abu Dabi. A comienzos de diciembre de 2025, el CTS, pese a formar parte del Consejo de Liderazgo Presidencial (CLP), que supervisa el gobierno, trató de hacerse con amplias zonas de Hadramaut, la mayor provincia de Yemen. Un mes después, tras el fracaso de las negociaciones, Arabia Saudí ayudó a organizar una campaña de fuerzas aliadas al CLP que expulsó al CTS no solo de estas zonas recién capturadas, sino también de la mayor parte de sus posiciones en el sur del país. Los bombardeos saudíes sobre posiciones del CTS en Hadramaut aceleraron la derrota de las fuerzas sureñas. El resultado provocó una reconfiguración política: el gabinete fue disuelto; dos miembros del CLP, incluido el líder del CTS Aidrous al-Zubaidi y su adjunto, fueron reemplazados; y se formó un nuevo gobierno encabezado por el primer ministro Shaye’ al-Zindani bajo tutela saudí. Estos acontecimientos se produjeron en el contexto de más de una década de guerra civil que ha dividido el país entre los rebeldes hutíes y las fuerzas vinculadas al gobierno que controlan el sur y el este, así como partes del oeste. Desde 2017, el campo anti-hutí ha estado dividido, con el CTS defendiendo la secesión del sur mientras participaba formalmente en el marco de gobernanza nacional respaldado por la coalición liderada por Arabia Saudí, que intervino para contener a los hutíes. El CLP se creó en 2022 para unificar a las facciones anti-hutíes bajo una autoridad ejecutiva única, pero las tensiones entre el CTS y otros líderes del CLP persistieron, socavando la coherencia gubernamental. Al mismo tiempo, aunque Emiratos Árabes Unidos forma parte de la coalición liderada por Arabia Saudí, su agenda divergió de la de Riad –especialmente en relación con la cuestión del sur–, alimentando desacuerdos tanto entre los socios del Golfo como entre los oponentes yemeníes de los hutíes. La confrontación en Hadramaut profundizó estas fracturas. Arabia Saudí trató de consolidar el control del frente anti-hutí apoyando a las fuerzas que revirtieron los avances del CTS y restablecieron la autoridad central en las zonas no controladas por los hutíes. Emiratos Árabes Unidos respondió retirando sus activos militares del sur de Yemen. Al mismo tiempo, las divisiones dentro del CTS se ampliaron, con algunos líderes votando por disolver el consejo mientras se encontraban en Riad a la espera de un diálogo sur-sur mediado por Arabia Saudí, mientras otros –incluido al-Zubaidi– se oponían a esa decisión. Tras su formación, los miembros del gabinete prestaron juramento en la embajada de Yemen en Riad. Permanecieron en la capital saudí durante varios días, ya que la situación de seguridad en Adén, capital provisional de Yemen, no se consideró propicia para su regreso inmediato. Este retraso coincidió con protestas de partidarios del CTS contra la formación del nuevo gobierno. Todas las miradas están puestas en los hutíes, con el mundo pendiente de si entrarán en la guerra en Oriente Medio junto a Irán atacando el tráfico marítimo en el mar Rojo y bloqueando así la principal ruta alternativa para los buques de carga que Teherán está impidiendo que transiten por el estrecho de Ormuz. Pero estos son también días cruciales para el gobierno yemení en Adén, que debe encontrar su lugar en este complejo contexto interno y geopolítico. ¿Cómo está configurado el nuevo gobierno y puede mantenerse unido? El nuevo gabinete, formado a principios de febrero bajo el liderazgo del primer ministro Zindani, es el más amplio desde 2015, con 35 ministros, incluidos varios ministros de Estado sin cartera. Es heredero del gobierno reconocido internacionalmente de Abed Rabbo Mansour al-Hadi, que huyó de Saná cuando los hutíes tomaron la ciudad en 2014, y de sus sucesores, incluido el CLP. Sus responsables presentan su composición como un intento de superar las rígidas cuotas que caracterizaron a gobiernos anteriores, aunque sigue reflejando un esfuerzo de equilibrio político, social y geográfico. Tres mujeres fueron nombradas ministras, algo inédito en los últimos años. La composición subraya el uso continuado de los cargos ministeriales como herramientas de acomodación política, al tiempo que varias zonas –incluidas cuatro gobernaciones del norte– siguen infrarrepresentadas. El equilibrio de poder dentro del CLP ha cambiado notablemente tras los acontecimientos en Hadramaut. El CTS, inicialmente fortalecido por su avance territorial, salió mucho más debilitado tanto militar como políticamente. La retirada de las tropas emiratíes redujo aún más su capacidad de influencia, mientras que aumentaron las divisiones internas de su liderazgo. Como resultado de su intervención, Riad ejerce ahora mayor influencia sobre la dirección política del CLP, y el nuevo gobierno refleja este reordenamiento del poder en Yemen. La capacidad del gabinete para mantenerse unido dependerá en primer lugar de su capacidad para articular una agenda común. Gobiernos anteriores tuvieron dificultades porque los ministros respondían principalmente a sus bloques políticos y no a un programa compartido, lo que agravó la fragmentación derivada de las tensiones entre quienes defendían la secesión del sur y el liderazgo gubernamental. Para evitar repetir ese patrón, el nuevo liderazgo deberá traducir su composición inclusiva en una toma de decisiones coherente, limitar el uso de los ministerios como instrumentos de patronazgo y lograr avances visibles en la prestación de servicios y la gestión económica. Sin estos pasos, las mismas divisiones estructurales que debilitaron a gobiernos anteriores podrían reaparecer rápidamente. ¿Qué desafíos enfrentará el nuevo liderazgo? El nuevo liderazgo yemení dispone de una ventana de oportunidad limitada para superar la fragmentación institucional y comenzar a abordar la crisis de los servicios públicos, pero parte con un déficit significativo de credibilidad y una imagen de debilidad ante la población. Si bien la campaña respaldada por Arabia Saudí contra el CTS permitió al gobierno afirmar su control sobre todo el territorio no controlado por los hutíes por primera vez en años, lo hizo con ayuda externa. Muchos yemeníes perciben la reconfiguración del gobierno no como una reforma, sino como una redistribución del poder entre élites bajo patrocinio saudí. Esta percepción –que el gobierno ha sido diseñado desde el exterior– amenaza con socavar su legitimidad desde el inicio. Contrarrestarla será difícil, ya que muchos de los ministros, al igual que los miembros del CLP antes que ellos, habían pasado largos periodos en el extranjero cuando se anunció el nuevo gabinete. La inestabilidad en partes del sur complica aún más el panorama. Aunque el CTS fue derrotado militarmente, mantiene combatientes y redes sociales de apoyo, y las protestas de sus seguidores muestran que la causa secesionista sigue vigente. En zonas como Adén o al-Dhale, la seguridad sigue siendo precaria y el ambiente político está cargado. Una respuesta excesivamente dura podría reforzar la percepción de que el nuevo gobierno representa una imposición sobre el sur más que un intento de integración. Gestionar estas tensiones sin reabrir el conflicto armado pondrá a prueba la capacidad política del liderazgo. Las limitaciones económicas suponen un desafío aún mayor. Desde 2022, las exportaciones de petróleo están suspendidas debido a ataques hutíes contra infraestructuras portuarias en Hadramaut y Shabwa, reduciendo drásticamente los ingresos estatales. Esto limita la capacidad del gobierno para pagar salarios, estabilizar el rial y restaurar servicios básicos. La actual guerra regional no hará sino agravar estas condiciones, aumentando la presión sobre el gobierno para proporcionar servicios y ayuda humanitaria. La credibilidad del gobierno dependerá de su desempeño. Aunque muchos ministros han regresado a Yemen, existe la percepción de que seguirán pasando gran parte de su tiempo en el extranjero, alejados de las dificultades cotidianas de la población. Cuanto más distante parezca el liderazgo, mayor será el riesgo de que su autoridad se perciba como simbólica. Por el contrario, si el primer ministro Zindani logra coordinar a las distintas facciones, mejorar la seguridad y traducir el apoyo externo en mejoras tangibles, podría ganarse el respaldo de la población. Si no, el escepticismo se consolidará rápidamente. ¿Cómo gestionará el gobierno el conflicto con los hutíes? Mucho dependerá de la evolución de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, en un contexto marcado por el reciente bloqueo de los esfuerzos diplomáticos entre Washington y Teherán. Hasta el inicio de esta guerra, el conflicto entre el gobierno y los rebeldes hutíes se encontraba, en la práctica, en un punto muerto. Desde 2022, las partes se habían asentado en una tregua informal, tensa y salpicada por enfrentamientos esporádicos. Entre octubre de 2023 y octubre de 2025, los hutíes, que controlan las tierras altas del norte, dirigieron ocasionalmente ataques contra el tráfico marítimo en el mar Rojo, así como contra Israel, en lo que presentaban como un intento de apoyar a Hamás y a los palestinos en Gaza. Sus motivaciones eran también políticas: buscaban proyectarse como defensores de la causa palestina ante la opinión pública, al tiempo que retrataban a sus adversarios como subordinados no solo a Arabia Saudí, sino también a la hegemonía israelí y estadounidense en Oriente Medio. Mientras tanto, las conversaciones entre los hutíes y Arabia Saudí continuaron discretamente, contribuyendo a sostener esa tregua de facto, aunque sin producir avances sustantivos. Así, aunque la posibilidad de una reanudación del conflicto nunca desapareció, el frente se mantuvo en gran medida estático. Esta situación se mantuvo incluso después de los acontecimientos en Hadramaut, que reconfiguraron el campo anti-hutí al romper la coalición gubernamental con el CTS y provocar la retirada de Emiratos Árabes Unidos. Las razones por las que, hasta ahora, los hutíes no se han implicado directamente en la guerra son objeto de especulación. Es posible que Irán, su principal aliado, esté calibrando su respuesta a la ofensiva estadounidense e israelí, incrementando la presión de forma gradual y reservando parte de su capacidad de influencia. Teherán ha atacado objetivos en Estados del Golfo y en sus aguas, cerrando en la práctica el estrecho de Ormuz a buena parte del tráfico comercial, pero sin incorporar a los hutíes al conflicto. Sin embargo, si la presión aumenta, podría alentar a sus aliados yemeníes a atacar el tráfico marítimo internacional en el mar Rojo o a objetivos en los países del Golfo. El objetivo sería interrumpir las rutas marítimas, terrestres y energéticas que buscan sortear el bloqueo de Ormuz, además de infligir costes adicionales a los socios de seguridad de Estados Unidos. Un ataque a gran escala contra las rutas marítimas tendría consecuencias muy graves para la ya devastada economía yemení. También podría reactivar la guerra civil si, por ejemplo, los puertos del mar Rojo o del golfo de Adén quedaran inutilizados y el gobierno decidiera responder militarmente para defender sus intereses. Los hutíes también podrían lanzar ataques preventivos contra fuerzas gubernamentales en torno a Bab al-Mandab para evitar cualquier coordinación entre estas y Estados Unidos. La interrupción de las exportaciones de petróleo desde 2022 ha debilitado su base fiscal, y su margen de maniobra es limitado. En este contexto, su prioridad inmediata será consolidar su autoridad dentro del CLP y estabilizar las áreas bajo su control, más que intentar recuperar territorios en manos de los hutíes. Salvo en caso de una ofensiva hutí, Arabia Saudí también tenderá a favorecer la desescalada y una vía política controlada, en lugar de verse arrastrada a una nueva aventura militar incierta en Yemen. Por ello, es probable que el nuevo liderazgo yemení se centre en reforzar la coordinación en materia de seguridad y alinearse con los esfuerzos diplomáticos saudíes –que previsiblemente permanecerán en suspenso hasta que se clarifique la situación con Irán–, en lugar de alterar el equilibrio militar sobre el terreno. No obstante, incluso si el gobierno evita el enfrentamiento directo, es probable que intensifique la presión sobre los hutíes por otras vías que, si no se gestionan con cuidado, podrían derivar en una nueva escalada. Por ejemplo, el gobierno ha comenzado a alinearse con las sanciones estadounidenses mediante un mayor control del Banco Central sobre las transacciones financieras, así como reforzando la cooperación en seguridad marítima con socios occidentales y regionales. Asimismo, tratará de consolidarse como la única autoridad nacional viable en un eventual acuerdo político, aunque su éxito dependerá de su capacidad para gobernar eficazmente en los territorios bajo su control. Esta combinación de presión económica, marítima y política puede otorgarle cierta capacidad de negociación frente a los hutíes, pero también incrementará las tensiones. A medida que los hutíes enfrenten mayores dificultades económicas, es probable que reaccionen con mayor agresividad, aumentando el riesgo de que den por terminada la tregua de facto y retomen la ofensiva. ¿Cómo pueden los actores externos ayudar a encauzar a las partes hacia la paz? Los actores externos siguen teniendo capacidad de influencia sobre la evolución de Yemen, y deberían utilizarla para estabilizar, en lugar de fragmentar, el panorama político. Arabia Saudí, como principal respaldo del gobierno, está especialmente bien posicionada para desalentar nuevas rivalidades intra-yemeníes. Emiratos Árabes Unidos, pese a su retirada militar, mantiene influencia sobre las facciones del sur y podría ayudar a evitar una mayor polarización entre los actores no hutíes. Aunque sus prioridades inmediatas están vinculadas a la defensa de sus intereses en la guerra regional, a largo plazo Riad y Abu Dabi comparten un interés claro en contener el conflicto interno de Yemen para evitar que genere aún más inestabilidad en la península arábiga. Parte de la solución pasa por apoyar al gobierno reconocido internacionalmente para que sea percibido como eficaz y legítimo en las zonas que controla. Respaldar al nuevo gobierno en sus esfuerzos por mejorar la gobernanza y prestar servicios básicos puede contribuir a recomponer el tejido político del país al reducir agravios locales y ofrecer a la población señales de mejora. Al mismo tiempo, cuando la guerra regional disminuya y Arabia Saudí recupere margen de maniobra, será necesario reactivar la vía diplomática para avanzar hacia el fin del conflicto civil. Una opción sería retomar las negociaciones iniciadas en 2023 entre Arabia Saudí y los hutíes. Este proceso, concebido en fases –humanitaria, de seguridad y política–, representa una de las vías más prometedoras para consolidar la tregua de facto y encaminar a Yemen hacia una mayor estabilidad. Analista senior para Yemen en Crisis Group.

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Ahmed Nagi: Yemen, un nuevo gobierno bajo presión

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