El problema no es que el chavismo haya decidido abrir la industria petrolera al capital privado nacional e internacional. El problema es que durante más de veinte años aseguró que hacerlo era vender la patria.
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2026 representa mucho más que una modificación técnica. Es la demolición silenciosa de buena parte del discurso político y económico sobre el cual Hugo Chávez construyó su llamada soberanía petrolera.
La nueva legislación mantiene formalmente la propiedad estatal de los hidrocarburos y la mayoría pública en las empresas mixtas, pero permite que empresas privadas ejecuten actividades primarias, asuman la gestión integral de operaciones y reciban contractualmente derechos cedidos por empresas del Estado. También flexibiliza aspectos fiscales, contractuales y de arbitraje para atraer inversiones.
Nada de eso debería escandalizar a quienes siempre hemos sostenido que es perfectamente compatible defender una política petrolera nacionalista y, al mismo tiempo, promover la inversión privada venezolana y extranjera. Nacionalismo no significa que el Estado tenga que perforar cada pozo, comprar cada taladro y administrar cada barril.
Precisamente allí comienza el problema del PSUV.
Durante años el chavismo convirtió la Apertura Petrolera de los noventa en una especie de pecado original. Chávez acusó a sus promotores de entregar la riqueza nacional a las transnacionales y construyó alrededor de la estatización una épica política de independencia y soberanía.
Ahora las necesidades han resultado menos ideológicas.
El caso de North American Blue Energy Partners, NABEP, ilustra hasta dónde ha llegado la metamorfosis. La empresa recibió derechos sobre 17 campos con aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas. El Gobierno estadounidense ha anunciado además una participación de 35% en la empresa matriz, derechos de veto en la designación de directores y una estructura corporativa con predominante presencia estadounidense.
No significa que Estados Unidos sea propietario del petróleo venezolano. El subsuelo sigue perteneciendo jurídicamente a la República. Pero sí demuestra hasta qué punto resulta artificial la antigua equivalencia chavista entre participación extranjera y pérdida automática de soberanía.
Más revelador todavía es que estos campos fueron asignados directamente, sin licitación pública. El mismo poder que durante años envolvió cada decisión petrolera en discursos sobre participación popular, contraloría social y defensa del patrimonio nacional descubre ahora las ventajas de la discrecionalidad cuando necesita resultados rápidos.
Bienvenida sea la rectificación.
Venezuela necesita capital, tecnología, empresas privadas competitivas y reglas capaces de atraer inversiones de largo plazo. Lo absurdo sería continuar destruyendo la industria para preservar intacto un dogma.
Pero una cosa es cambiar una política equivocada y otra pretender que nunca se sostuvo lo contrario.
El chavismo no está inventando una nueva doctrina petrolera. Está regresando, empujado por la ruina de PDVSA y las necesidades del Estado, a mecanismos económicos que durante décadas denunció como instrumentos del imperialismo.
Quizás la reforma petrolera de 2026 tenga finalmente una virtud pedagógica: demostrar que la realidad económica suele ser bastante menos revolucionaria que los discursos.
Y bastante más difícil de expropiar.
@humbertotweets
