El aguijón.
Cuando una sociedad pierde sus contrapesos institucionales y los partidos dejan de formar dirigentes sobre la base de ideas y el debate, la política pierde su razón de ser. Ya no se discute para convencer ni se compite para construir: se descalifica para silenciar. En la Venezuela de hoy, el linchamiento digital se ha convertido en el método predilecto para transformar la diferencia en traición, fabricar enemigos a la medida y sostener una confrontación permanente que solo sirve para encubrir los errores de quienes la activan.
El mecanismo es tan predecible como perverso: basta que alguien piense por cuenta propia, cuestione una línea de acción o plantee una pregunta incómoda, para que se desate la maquinaria del descrédito. Frases sacadas de contexto, etiquetas infamantes y sospechas automáticas sustituyen al argumento. Quien no repite al pie de la letra el libreto de turno es sentenciado como claudicante. Esta práctica no busca persuadir, sino disciplinar; no debate ideas, sino que infunde miedo para castigar el pensamiento libre. Una dirigencia que responde al reclamo con la aniquilación moral del reclamante demuestra que le teme más a la verdad que a sus propios fracasos.
Es incuestionable que el país exige una transformación profunda de sus instituciones, hoy señaladas por amplios sectores debido a su falta de independencia. Sin embargo, utilizar ese legítimo reclamo de cambio para evadir el análisis responsable o descalificar a quien propone vías alternativas es una estafa. No todo reparo es una deslealtad, ni toda objeción un ataque. Condenar primero y averiguar después solo profundiza la fractura social y prolonga la parálisis. Defender el derecho de los venezolanos a conocer la verdad también pasa por respetar su derecho a examinar la realidad, y de preguntar y formarse un criterio propio sin ser marcado con el estigma del enemigo.
Durante años se alimentó la ilusión de que gestiones en el tablero internacional resolverían por arte de magia la tragedia venezolana. El tiempo pasó, las expectativas no se cumplieron y el país sigue atrapado en una emergencia que no da tregua. Mientras tanto, sectores políticos se enfrascan en disputas estériles por espacios de poder, hasta desembocar en conversaciones y reacomodos que contradicen muchas de sus viejas consignas. Frente a esto, cabe una pregunta ineludible: ¿qué logramos tras años de atajos, abstención y dependencia de factores externos, descuidando el trabajo de base, la participación ciudadana y la reconstrucción institucional? Exigir este balance no es claudicar; es un acto elemental de madurez cívica. Ninguna estrategia política es una creencia sagrada: si los hechos demuestran su ineficacia, la obligación ética es rectificarla.
Esa rectificación exige comprender que ninguna potencia extranjera vendrá a resolver lo que los propios venezolanos no seamos capaces de dirimir políticamente. Estados Unidos, Rusia, China o cualquier otra potencia defienden sus propios intereses geopolíticos; así funciona el mundo. Buscar respaldo o atraer inversiones es legítimo y necesario, pero jamás a costa de hipotecar la soberanía ni delegar el destino nacional. La misma sensatez debe imperar sobre nuestro patrimonio: el petróleo, el gas y los minerales pertenecen a todos los venezolanos y su explotación debe traducirse en empleo digno, rescate de los servicios públicos y recuperación del salario familiar. Abrirse al capital internacional con reglas claras y transparentes es indispensable; lo que jamás puede ponerse en subasta es el interés común ni la dignidad de la República.
Aquí es donde el engaño se transforma en un negocio rentable. En medio del sufrimiento y la incertidumbre, la indignación genera audiencia y la polarización fabrica seguidores. Agitar pasiones y vender villanos resulta mucho más fácil que admitir equivocaciones o construir propuestas viables. Así, la política degenera en un espectáculo digital que asegura cuotas de visibilidad a unos pocos, pero deja intacta la tragedia diaria. Mientras en las redes se libran batallas de odio fingido, en la calle las familias hacen milagros para costear una medicina, sobrevivir con ingresos de hambre o despiden con dolor a sus hijos en una nueva oleada migratoria.
Ese drama tiene que parar. La política no puede seguir secuestrada por consignas vacías, vanidades de redes sociales ni tribunales digitales que linchan al que piensa por sí mismo. Un pueblo agotado por años de sacrificios no merece ser utilizado como combustible de disputas que nada resuelven. Venezuela necesita recuperar con urgencia la sensatez: dialogar sin agredirse, competir sin aniquilar al adversario y construir salidas propias con los pies en la tierra. La política solo recobrará su nobleza cuando vuelva a estar al servicio de la persona y de la justicia social, y no de las ambiciones de quienes buscan tutelarla. El verdadero desafío es atreverse a pensar, dudar y disentir sin miedo, porque solo una sociedad capaz de reflexionar antes de condenar estará en condiciones de reconstruir su democracia.
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