Mientras en las altas esferas de la política internacional y en los despachos de Washington se debaten acuerdos, licencias y el destino de miles de millones de dólares generados por el crudo venezolano, la realidad en las calles de nuestras parroquias y barrios es absolutamente devastadora. El país asiste con indignación a un juego de intereses donde los recursos de la nación se negocian fuera de nuestras fronteras, mientras la inmensa mayoría de las familias venezolanas se hunde cada día más en una pobreza insostenible.
El agravamiento de las condiciones de vida en Venezuela ha llegado a un punto límite. No se trata solo de cifras macroeconómicas o de disputas por el control de cuentas congeladas por el Departamento del Tesoro de EE. UU.; se trata del hambre cotidiana, de la parálisis de los servicios públicos, de hospitales sin insumos y de salarios de miseria que destruyeron por completo la dignidad del trabajador. ¿Dónde están los supuestos beneficios de esa riqueza petrolera? No están en la mesa del venezolano, no están en la red eléctrica, no están en la salud de nuestros niños y ancianos. La paradoja es trágica: un país rico en recursos con un pueblo sumido en la indigencia.
A este drama humano se le suma una gravísima crisis de institucionalidad y soberanía. Se pretende imponer un esquema geopolítico donde la falta de elecciones libres y la prórroga de autoridades carentes de legitimidad popular sirven de escenario perfecto para validar acuerdos. Pretender que una vocería no electa por el pueblo selle convenios sobre nuestras riquezas estratégicas es una flagrante violación de la Constitución. Ningún acuerdo firmado de espaldas a la soberanía popular ni bajo tutelas foráneas posee validez legal ni moral; son compromisos írritos que solo benefician a quienes buscan repartirse la renta mientras el país se desmorona.
El verdadero cambio no vendrá impagado desde el extranjero ni por componendas a puerta cerrada. Para detener la catástrofe social, Venezuela exige el restablecimiento inmediato de la democracia mediante elecciones auténticas, donde el pueblo elija libremente un gobierno y una Asamblea Nacional legítimos. Solo con legitimidad constitucional y con una verdadera contraloría social desde las bases —impulsando el protagonismo ciudadano en cada parroquia y comunidad— se podrá garantizar que el dinero de nuestros recursos vuelva a prestar servicio a la gente, rescatando el bienestar, la justicia y la dignidad que nos han arrebatado.
