De la Espriella asumió sus funciones el 7 de agosto. Entre los demócratas venezolanos y del continente, ello lució como un respiro o una reivindicación luego de cuatro años de desgobierno de un señor cuyo discurso y comportamiento daban pie a justificadas sospechas sobre su sanidad mental.
En efecto, el nuevo mandatario colombiano logró su triunfo vendiéndose como hombre comprometido con la limpieza del Estado, la erradicación de la corrupción, el exterminio de los grupos armados y la lucha contra los cultivos ilegales. Sus apariciones mediáticas arrojaban la imagen de una persona clara en sus objetivos y con una personalidad apropiada para el logro de los mismos.
El debut de don Abelardo resultó potenciado con la rápida y eficiente atención brindada por el Estado luego del fuerte terremoto ocurrido el 10 de agosto, con epicentro en la región de El Chocó. En la ocasión, el gobierno brindó rápida y eficiente ayuda, contrastando con la ineficiencia, obstaculización y opacidad evidenciada por Miraflores apenas días antes con motivo del destructivo doblete del 24 de junio.
Así planteado, el debut de la nueva administración lucía adecuado a los difíciles retos que enfrentaba Colombia.
Pero… Antes de finalizar el romance inicial fue que don Abelardo enfiló sus cañones en contra de la inmigración ilegal que, en definitiva, significa los venezolanos llegados en masa a Colombia a partir de 2017.
Así las cosas, han comenzado a aparecer normativas y actitudes cuyos dolientes son y serán los más de dos millones de compatriotas que, empujados por las circunstancias, se vieron en la necesidad de atravesar la frontera. Casi todos ellos, gente de muy escasos recursos, huyendo no tanto de la dictadura chavista-madurista sino de la pobreza, la falta de oportunidades y perspectivas para continuar viviendo en Venezuela.
Ni más ni menos que lo que en décadas anteriores ocurría con los colombianos emigrando hacia Venezuela en cantidades suficientes como para contribuir al déficit habitacional, la ranchificación, el deterioro del sistema escolar y de salud, etc. Ni más ni menos que lo que la emigración venezolana más tarde produjo en Colombia.
Sin embargo, a diferencia de la actitud de los nuevos ocupantes de la Casa de Nariño, los venezolanos no solo permitieron, sino que facilitaron la inserción de esas personas que en pocas décadas se convirtieron en la sangre compartida de los herederos de Bolívar.
Aún cuando no disponemos de las cifras oficiales de la emigración colombiana, sí podemos afirmar que excedió los dos o tres millones, de los cuales seguramente no sería la mayoría quienes fueron portadores de las visas y permisos que garantizaran la legalidad migratoria de su situación.
Afortunadamente, aquellos años coincidieron con los mejores y más tranquilos de la Venezuela democrática, en la que las oportunidades de trabajo, estudio y atención sanitaria permitían la acogida de toda aquella gente.
Pues ahora el señor De la Espriella bien pronto puso en claro su deseo de racionalizar y dar estatus legal a los obstáculos que tantos compatriotas causaban a la sociedad colombiana que, dicho sea de paso, no está viviendo su mejor momento.
Entendemos sí la justificada afirmación presidencial en el sentido de que “los colombianos primero, los colombianos segundo y los colombianos tercero”. No pueden ser otras las prioridades de la nueva administración y consecuente discurso. Solo que más de dos millones de personas en estado de extrema necesidad —así como otrora empujaron el flujo hacia nuestro país— son seres humanos con las mismas necesidades y carencias que hoy empujan la corriente contraria, atrapados por la necesidad de la supervivencia que, en nuestra opinión, está por encima de la obtención de un estatus migratorio. Lo que es igual no es trampa, dice el refrán. Al fin y al cabo, ese fue el sueño del Libertador que —pese a él— no pudo ver completado.
Estamos en cuenta de que durante el gobierno de Iván Duque se tomaron iniciativas destinadas a poner orden en el tema, promoviendo regularizaciones. Entendemos también que muchos no pudieron beneficiarse de esas iniciativas, aun pese a la ayuda y apoyo de gente generosa y bien intencionada. La magnitud del reto requiere la flexibilidad de la comprensión. Venimos oyendo que son casi un millón quienes no podrían obtener los papeles necesarios. No es poca cosa como crisis humanitaria.
En resumen, nadie pone en tela de juicio el derecho de cada país de resolver a quién acoge, pero desde estas líneas invitamos a la prudencia y la comprensión, dejando a salvo, como es lógico, el derecho de Colombia para rechazar la presencia de quienes han violado las leyes y/o se portan mal.
Ayer el viento de la esperanza soplaba hacia Venezuela, hoy sopla hacia Colombia, mañana no sabremos…
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