Hay prisiones que tienen barrotes, rejas y candados. Y hay otras que, además, están construidas con miedo.
En Venezuela, durante años, muchas familias han aprendido a guardar silencio. No porque no tengan nada que decir, sino porque decirlo puede significar poner en riesgo la vida, la integridad o la libertad de un ser querido. Detrás de cada persona privada de libertad existe, muchas veces, otra víctima que permanece afuera: una madre que calla, una esposa que teme, unos hijos que preguntan y una familia que aprende a vivir con la incertidumbre.
Ese silencio también encarcela.
Los muros de una prisión pueden separar a un hombre de su familia, pero el miedo puede conseguir algo todavía más profundo: impedir que su historia sea conocida. Hay detenidos cuyos nombres tardaron meses en hacerse públicos. Hay familias que prefirieron no denunciar porque recibieron amenazas o porque temieron que una denuncia provocara represalias contra quien ya estaba tras las rejas. Así, el silencio se convirtió en una segunda condena.
No debemos confundir silencio con ausencia.
Que una familia no denuncie no significa que no exista una víctima. Que un nombre no aparezca en una lista no significa que esa persona no esté privada de libertad por razones políticas. Que alguien permanezca callado no significa que haya renunciado a sus derechos.
Y hoy la pregunta sigue siendo inevitable: ¿cuántos permanecen todavía tras los muros porque nadie se atreve a hablar por ellos?
La respuesta no puede ser la indiferencia.
Una sociedad que aspira a recuperar la democracia no puede acostumbrarse a convivir con presos políticos. Tampoco puede aceptar que la libertad de una persona dependa de que su familia tenga el valor —o la posibilidad— de denunciar públicamente su detención.
El derecho a la libertad no se mendiga. El debido proceso no es un privilegio. La presunción de inocencia no puede quedar suspendida detrás de una puerta de hierro.
Por eso hay que hablar.
Hablar por quienes no pueden hacerlo. Hablar por las familias que todavía tienen miedo. Hablar por quienes fueron detenidos y cuyos nombres apenas empiezan a conocerse. Hablar también por quienes fueron liberados, pero salieron de las cárceles con heridas que no siempre se ven y con el temor de que volver a denunciar pueda llevarlos nuevamente a prisión.
Porque una excarcelación no siempre significa libertad plena. Si una persona sale de una celda bajo amenazas, vigilancia o medidas que mantienen intacto el temor, el Estado todavía no ha reparado la injusticia.
Las recientes movilizaciones de familiares han dejado una imagen que debería interpelar a todo el país: madres y esposas esperando durante días frente a centros de detención, exigiendo información y libertad para sus seres queridos.
Son mujeres que no deberían tener que dormir en una acera para saber si su hijo está vivo. Familias que no deberían peregrinar de cárcel en cárcel para preguntar por un padre, un esposo o un hermano.
Y, sin embargo, lo hacen.
Lo hacen porque el amor vence al miedo, aunque el miedo siga allí.
Por eso este artículo no pretende solamente denunciar la existencia de prisioneros tras los muros. Pretende denunciar también los muros que se levantaron alrededor de sus historias: los muros del silencio, de la intimidación y del temor.
Hay que derribarlos.
Cada nombre que se pronuncia es una forma de resistencia. Cada familia que se atreve a contar su historia rompe una pequeña parte del cerco. Cada periodista que escucha, cada abogado que acompaña y cada ciudadano que se niega a mirar hacia otro lado contribuye a que el silencio deje de ser una herramienta de impunidad.
Los presos no pueden convertirse en cifras.
Detrás de cada número hay un rostro, una historia, una familia y un proyecto de vida interrumpido.
Y mientras haya venezolanos privados de libertad por ejercer derechos fundamentales, Venezuela no podrá hablar seriamente de normalidad, reconciliación ni Estado de derecho. No puede existir una verdadera normalidad mientras persistan presos políticos y se vulneren las garantías del debido proceso.
La libertad de uno no puede ser negociada a cambio del silencio de otro.
Por eso hay que seguir preguntando por los que faltan. Hay que seguir nombrándolos. Hay que seguir acompañando a sus familias. Y, sobre todo, hay que impedir que el miedo termine haciendo invisible a una generación de venezolanos privados de libertad.
Porque cuando una sociedad deja de preguntar por sus prisioneros, los muros se hacen más altos.
Pero cuando una sociedad comienza a pronunciar sus nombres, los muros empiezan a resquebrajarse.
Y quizá esa sea nuestra primera obligación: que ninguno de ellos vuelva a quedar prisionero también del silencio.
