Tanto la literatura especializada sobre transición política como la experiencia histórica de países que han experimentado —sea de manera fallida o exitosa— procesos transicionales, han coincidido en un hecho demostrable y es que sin la participación activa de la sociedad civil, las transiciones hacia la democracia corren un altísimo riesgo de naufragio. De hecho, la historia reciente demuestra que los movimientos ciudadanos son el andamiaje fundamental sobre el que se construye una transición viable hacia una democracia funcional.
Sin instancias de encuentro y diálogo ciudadanos, seguimiento de acuerdos y educación cívica desde abajo, cualquier diseño político transicional corre el riesgo de quedarse en una simple rotación de élites o en una transición fallida, porque las organizaciones de la sociedad civil son al final el tejido conectivo entre las aspiraciones populares y las instancias de decisión política, y son el actor que otorga al final tanto la legitimidad como la viabilidad práctica a cualquier propuesta de transición política.
Dos de los teóricos más reconocidos en el tema de las transiciones, Juan Linz y Alfred Stepan, advirtieron que cualquier arreglo que excluya a la sociedad civil se sostiene sobre pies de barro, careciendo de la legitimidad necesaria para emprender las duras reformas que toda transición requiere. El argentino Guillermo O’Donnell, otra de las grandes figuras en el estudio del tema, escribió en su famosa obra Transiciones desde un gobierno autoritario que “ninguna transición puede ser iniciada, y mucho menos consumada, sin la activación de la sociedad civil”. Asimismo, el politólogo polaco-estadounidense Adam Przeworski, otro de los mayores expertos en transiciones políticas, insiste en que ignorar a la sociedad civil no es solo un déficit democrático, sino un error estratégico, ya que cualquier arreglo de élites que no construya legitimidad social acumula una deuda política que inevitablemente estallará, haciendo insostenible cualquier transición.
Pero no basta con recordar y hasta reconocer la importancia capital que tiene la participación de los sectores organizados de la sociedad civil, si se aspira a que un proceso de transición a la democracia culmine con el éxito esperado. Lo importante es discutir y diseñar mecanismos y formas para activar esa participación.
La situación política venezolana encierra una paradoja que la psicología social y la psicología política han comenzado a diseccionar con creciente interés. Por un lado, la mayoría de la población expresa desde hace mucho tiempo el deseo de un cambio político profundo; por el otro, ese cambio tarda en llegar, generando una espera prolongada que desgasta emocional y socialmente a la ciudadanía. Pero, ante este escenario, surge una pregunta inevitable para la sociedad civil: ¿qué podemos hacer para acelerar o viabilizar ese proceso de transición?
Lejos de respuestas fatalistas, la investigación contemporánea en estas disciplinas ofrece hallazgos esperanzadores y, sobre todo, prácticos. La capacidad de incidencia de la ciudadanía no depende únicamente de factores estructurales o de las decisiones de las élites políticas. Existen mecanismos psicológicos y sociales que, si se activan colectivamente, pueden convertirse en un verdadero motor de cambio.
Así, por ejemplo, uno de los hallazgos más relevantes de la psicología política en los últimos años es que participar en acciones colectivas no solo expresa un descontento, sino que transforma la forma en que las personas entienden su propio poder político. Un estudio longitudinal realizado durante el proceso constituyente en Chile, con más de 4.400 participantes, demostró que la participación en protestas se asociaba significativamente con una mayor participación electoral posterior. Lo llamativo es que este efecto no se explicaba por la ira hacia el sistema, sino por un mecanismo distinto: la creencia en la posibilidad del cambio social.
Esto significa que cuando los ciudadanos se movilizan, aunque sea en espacios limitados o de baja intensidad, refuerzan su convicción de que el cambio es factible. Esa convicción, a su vez, los lleva a participar en los canales institucionales cuando estos se abren. Es un círculo virtuoso: la acción genera esperanza y la esperanza impulsa más acción.
Para la sociedad civil venezolana, esto tiene una implicación directa: cada acto de participación, por pequeño que parezca, es una inversión en la capacidad de acción futura. Las protestas, las asambleas vecinales, las iniciativas solidarias o incluso los debates informados en redes sociales no son gestos simbólicos vacíos. Son laboratorios de esperanza donde se cultiva la convicción de que el cambio es factible.
Sin embargo, la movilización social en contextos de crisis continuada como la nuestra enfrenta, en muchas ocasiones, un dilema estratégico: ¿cómo articular demandas cotidianas (como las exigencias por mejoras en servicios públicos o por salarios dignos) con la exigencia de un cambio democrático profundo, sin que una diluya a la otra? La psicología política advierte sobre un riesgo: cuando grupos con demandas muy concretas se coaligan con grupos prodemocráticos, el apoyo ciudadano tiende a regirse frecuentemente por el interés en la demanda específica y no por la causa democrática en sí misma.
La solución, según los expertos, radica en la teoría de la prominencia del marco (frame salience). Esto implica que la sociedad civil debe construir narrativas que conecten de manera inseparable las necesidades cotidianas —como la mejora en sus condiciones económicas de vida— con el horizonte democrático. No se trata de elegir entre reclamar por la comida o reclamar por la libertad, entre la mejora de la economía o el cambio político, sino de mostrar cómo ambos problemas son dos caras inseparables de la misma moneda.
Otro concepto clave es el de la desobediencia prosocial. Un estudio que analizó datos de la Encuesta Mundial de Valores encontró que la desobediencia civil no es en sí misma ni democrática ni antidemocrática. Lo que determina su efecto es la actitud de inclusividad con la que se ejerce. Cuando la desobediencia se acompaña de valores de igualdad y preocupación por el bien común, se vuelve un vector de fortalecimiento democrático.
Este hallazgo tiene implicaciones prácticas para la sociedad civil: las acciones de protesta o desobediencia deben enmarcarse explícitamente en un discurso de inclusión y justicia para todos, evitando la tentación de excluir o estigmatizar a quienes piensan distinto. La legitimidad moral de la protesta, desde esta perspectiva, es tan importante como su capacidad de convocatoria.
Finalmente, la psicología política nos invita a redefinir la esperanza como un fenómeno no solo individual, sino colectivo y practicado. Lejos de ser una emoción pasiva o un mero consuelo, la esperanza se cultiva en la interacción con otros que comparten un futuro deseado. Las narrativas compartidas, los espacios de encuentro (desde asambleas hasta redes digitales) y la memoria de las luchas pasadas son laboratorios de esperanza que fortalecen la identidad democrática y la agencia política de quienes participan en ellos.
En Venezuela, donde el desgaste de la espera puede llevar a la apatía o al cansancio emocional, las iniciativas ciudadanas que mantienen viva la conversación sobre el futuro, aunque sea en espacios acotados, son un acto de resistencia política y una inversión en la capacidad de acción futura. La esperanza, cuando es compartida, se vuelve un poderoso recurso político.
Los hallazgos en psicología política ofrecen una lección clara para la sociedad civil venezolana: el cambio no es solo el resultado de factores externos o de decisiones ajenas, también es el producto de una conciencia política que se forja en la acción colectiva. La participación ciudadana, incluso en contextos restrictivos, transforma creencias, moviliza emociones y construye los cimientos psicológicos sobre los que se asienta cualquier transición democrática.
El desafío no es fácil ni sencillo: implica sostener la acción en el tiempo, tejer alianzas sin perder el norte democrático, hacer monitoreo de los acuerdos políticos de las élites y exigir, bien sea sus modificaciones o su cumplimiento, y enmarcar las manifestaciones de protesta y descontento con respecto tanto a esos acuerdos como a la necesidad de satisfacción de demandas cotidianas, en un lenguaje de inclusión. Pero la evidencia empírica sugiere que cada acto de participación, por pequeño que parezca, contribuye a ese sustrato colectivo que cuando alcanza una masa crítica puede hacer posible lo que hoy parece lejano. La historia de las transiciones democráticas demuestra que estas no ocurren únicamente desde arriba. Se construyen, paso a paso, desde abajo.
@angeloropeza182
