En el artículo anterior titulado:” Los costos de la inconstitucionalidad en Venezuela “, se definieron como los diversos costos que tenemos que asumir por vivir sumergidos en una inconstitucionalidad o ruptura del hilo constitucional y están asociados a la perdida de la seguridad jurídica, alteración del orden público-democrático, deterioro de las reglas de juego para organizar la sociedad venezolana y trastoca, distorsionando principios fundamentales como la soberanía, autodeterminación de los puebles, entre otros.
Este articulo tiene como finalidad exponer los costos económicos, exclusivamente y dentro del área de la Economía Institucional forman los denominados Costos Externos que recaen sobre la población y la estructura de beneficios e incentivos de la nacion, la cual, tienden a maximizarse.
Entre los costos económicos, están:(1) Destrucción de la inversión extranjera y local. (2) Pérdida de competitividad y productividad. (3) Deuda por arbitrajes internacionales. (4) Costos inflacionarios por diversos motivos.
Analicemos, cada uno de ellos y el gran daño que ha causado la incosntitucionalizacion.
(1) Costos por destrucción de la inversión extranjera y local. Están asociados a la falta de seguridad jurídica que ahuyenta los capitales foráneos debido al riesgo de expropiaciones arbitrarias o cambios de reglas sin control legislativo que impactan los costos de producción, precios de venta y rentabilidad empresarial. Estos costos son muchísimos y difíciles de revertir al destruir el tejido productivo(Productor-mayorista-detallista-consumidor) que han impactado negativamente al reducir la calidad de vida de los ciudadanos por la vía de la inflación.
Esta la destrucción del stock de capital y contracción del PIB, en el cierre de empresas y descapitalización: La falta de garantías constitucionales provoco la quiebra de industrias locales y la retirada de corporaciones transnacionales. Las plantas físicas, maquinarias y tecnologías se están deteriorando, desmantelando y quedando obsoletas. Durante el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, ante un total de 800.000 empresas registrada, se estimó el cierre de más de 500,000 empresas de todo tipo en las últimas dos décadas y según Consecomercio, representando la destrucción de más del 60% al 70% del aparato productivo empresarial que existía antes de 1999 por la imposibilidad de mantener costos operativos, controles de precios asfixiantes e hiperinflación.
Se menciona, la quiebra de franquicias. La Cámara de Franquicias estimó en su momento que alrededor de 4,000 franquicias locales e internacionales de todo tipo cerraron o quebraron formalmente ante la contracción del mercado. Se estima que el Estado expropió, confiscó o intervino alrededor de 1,350 a 5,500 empresas y fincas. gran mayoría de estas empresas nacionalizadas en los sectores de cemento, alimentos, banca, metalúrgica o agricultura terminaron quebrando, cerrando por completo o manteniéndose operativas únicamente a una mínima fracción de su capacidad. Casos emblemáticos incluyen a AgroIsleña, transformada en Agropatria, Sidor, Conferry, Lácteos Los Andes o las plantas cementeras (Cemex, Holcim).
Otro daño causado al aparato productivo venezolano se refiere al caso de muchas multinacionales de primer nivel que abandonaron Venezuela o desconsolidaron completamente sus filiales locales de sus reportes financieros globales para evitar registrar pérdidas masivas. Los sectores más afectados fueron el automotriz, consumo masivo, aerolíneas y manufactura pesada.
(2) Pérdida de competitividad y productividad. Las leyes y decretos declarados inconstitucionales por los gremios y juristas como los controles de precios abusivos asfixiaron y causaron daño a la rentabilidad empresarial afectando la inversión en capital de trabajo y activos fijos.
(3) Deuda por arbitrajes internacionales. Los daños por las violaciones a contratos y tratados de protección de inversiones ocasionaron demandas millonarias contra la República ante tribunales como el CIADI. Dentro de estos costos, tenemos los costos por demandas y laudos arbitrales: Las expropiaciones o cambios normativos inconstitucionales han obligado al Estado a enfrentar litigios internacionales ante el CIADI. Venezuela acumuló deudas de miles de millones de dólares en indemnizaciones por violar tratados de protección de inversiones. La deuda total estimada de Venezuela acumulada por laudos arbitrales internacionales —principalmente ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)— supera los 30,000 millones de dólares, de los cuales la inmensa mayoría se encuentra en un estado de default o impago crónico
(4) Costos inflacionarios por la pérdida de la autonomía monetaria: Al anularse de facto la independencia del Banco Central de Venezuela (BCV), el Ejecutivo financio el gasto público con emisión monetaria inorgánica, lo que destruyo el valor del bolívar, promovió la devaluación y alta inflación con pérdida del poder adquisitivo de la población.
En conclusión, la continua ruptura del hilo constitucional en el área económica de nuestro país, durante el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, ocasionaron altísimos costos económicos y el colapso de nuestro aparato productivo, generando un daño económico estructural estimado en cientos de miles de millones de dólares.
Economista y profesor universitario
