Aquí y Ahora, Venezuela.
Hay una frase que cada día cobra más fuerza en nuestra sociedad: “La justicia hablará”. El problema es que, muchas veces, cuando la justicia finalmente habla, ya nadie la escucha.
Porque el juicio ocurrió antes.
En las redes sociales.
Vivimos tiempos en los que una publicación puede recorrer el mundo en minutos. Un video, una captura de pantalla o un testimonio bastan para convertir a cualquier persona en tendencia. En cuestión de horas aparecen fiscales improvisados, jueces espontáneos y verdugos digitales que dictan sentencia sin conocer los hechos completos.
Y una vez pronunciada esa condena pública, pocas veces hay vuelta atrás.
No escribo estas líneas para restar importancia a las denuncias de acoso, abuso, violencia o corrupción. Sería irresponsable hacerlo. Las víctimas deben ser escuchadas, protegidas y acompañadas. Denunciar es un derecho y las instituciones tienen el deber de investigar con seriedad, sensibilidad y diligencia.
Pero también existe otro derecho que parece estar perdiendo espacio en la conversación pública: la presunción de inocencia.
Ese principio no protege delincuentes; protege a la sociedad. Porque hoy la acusación puede recaer sobre cualquier persona.
Un docente.
Un periodista.
Un médico.
Un vecino.
Un padre.
Un estudiante.
Nadie está exento.
Hace apenas unos días, México quedó profundamente conmovido por el caso del profesor Alberto Israel Jasso Cruz, quien se quitó la vida tras enfrentar una denuncia por presunto acoso que él negó públicamente. Más allá de las investigaciones que corresponden a las autoridades, el hecho abrió un debate inevitable: ¿qué ocurre cuando el juicio social se adelanta al judicial? ¿Cuánto pesa el señalamiento público sobre la vida de una persona?
En Colombia, el reconocido periodista Rafael Poveda también ha sido expuesto en medio de denuncias difundidas ampliamente en redes sociales. Independientemente del desenlace legal que puedan tener estos casos, la exposición pública vuelve a recordarnos el enorme poder —y la enorme responsabilidad— que tienen hoy las plataformas digitales.
Porque una denuncia merece ser investigada.
Pero una acusación no es una sentencia.
Y esa diferencia, que parece tan sencilla, es la que muchas veces olvidamos.
Como docente conozco el valor de una corrección hecha con respeto. Enseñar también implica llamar la atención cuando un estudiante se equivoca, orientar, fijar límites y formar ciudadanos.
Sin embargo, cada vez son más los educadores que sienten miedo.
Miedo a quedarse a solas con un alumno.
Miedo a responder un mensaje.
Miedo a ofrecer una orientación fuera del salón.
Miedo incluso a ejercer la autoridad pedagógica que la profesión exige.
Y ese temor no nace únicamente de quienes realmente cometen abusos —que deben responder ante la ley—. También nace de la posibilidad de que un gesto, una palabra o una corrección sean interpretados fuera de contexto y convertidos en una acusación devastadora.
Lo mismo ocurre entre hombres y mujeres de bien.
Un acto de cortesía puede ser confundido con insinuación.
Una conversación amable puede interpretarse como acoso.
Un comentario desafortunado puede viralizarse antes de ser explicado.
Eso no significa que debamos minimizar las denuncias verdaderas. Todo lo contrario. Precisamente porque existen víctimas reales, las investigaciones deben ser rigurosas y libres de prejuicios. Ni el silencio protege a las víctimas, ni la condena anticipada fortalece la justicia.
La ética también nos exige prudencia.
Prudencia para actuar.
Prudencia para denunciar.
Prudencia para opinar.
Y prudencia para compartir.
Porque detrás de cada publicación hay seres humanos. Hay familias. Hay hijos. Hay carreras construidas durante décadas que pueden derrumbarse en cuestión de horas.
Las redes sociales son una herramienta extraordinaria para visibilizar injusticias, pero nunca deberían reemplazar a los tribunales.
Cuando permitimos que un teléfono móvil decida quién es culpable y quién es inocente, dejamos de vivir en un Estado de Derecho para entrar en el territorio del linchamiento digital.
Y entonces aparece una pregunta incómoda.
¿Hacia dónde vamos como sociedad?
¿Estamos formando generaciones capaces de dialogar, corregir y escuchar, o generaciones que prefieren señalar antes que comprender?
¿Llegará el día en que los docentes dejen de orientar por miedo, los profesionales dejen de acercarse por precaución y las relaciones humanas queden reducidas a pantallas para evitar cualquier interpretación?
Sería una derrota para todos.
Porque una sociedad que deja de confiar también deja de educar.
Y una sociedad que condena antes de investigar corre el riesgo de castigar inocentes mientras, paradójicamente, pierde la capacidad de hacer verdadera justicia.
Quizás el mayor desafío de nuestro tiempo no sea elegir entre creer o desconfiar.
Sea aprender a investigar antes de sentenciar.
Porque la verdad no necesita multitudes.
Solo necesita justicia.
@JannethTex
