Un mes del histórico doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5 que afectó el norte y centro de Venezuela el pasado 24 de junio, el panorama nacional se encuentra dominado por la emergencia humanitaria, la remoción de escombros y la evaluación estructural. El balance oficial registra más de 5.200 fallecidos y cerca de 16.700 heridos, con miles de personas aún reportadas como desaparecidas o en proceso de identificación. El reciente evento telúrico no ha hecho más que actuar como un acelerador de vulnerabilidades. En análisis de riesgo y gestión de desastres, se suele enfatizar que los desastres “naturales” no existen: la amenaza es geológica, pero el desastre es profundamente social, económico e institucional.
El sismo expuso la fragilidad acumulada durante años en la red de servicios públicos e infraestructura vial, por ejemplo, la ausencia de fiscalización en la autoconstrucción comunitaria y el diferimiento en el mantenimiento de obras públicas históricas provocaron un índice desproporcionado de colapsos estructurales parciales o totales en zonas de alta densidad. Aunado a la interrupción de la conectividad eléctrica, las telecomunicaciones y el servicio de agua potable agravó la logística inicial de búsqueda y salvamento. Los centros de atención médica se vieron forzados a operar a máxima capacidad con infraestructuras comprometidas e insumos críticos ajustados.
Uno de los mayores problemas fue que las consecuencias del terremoto afectan directamente la estabilidad social. Ante la paralización inicial del aparato estatal, los vecinos se convirtieron en los primeros respondedores. Sin embargo, la exposición prolongada al trauma, sumada a las condiciones socioeconómicas previas, incrementa el riesgo de un agotamiento psico coyuntural generalizado. El costo del proceso de reconstrucción presiona directamente el gasto público y los flujos de divisas, incentivando la especulación en el costo de materiales de construcción y la escasez de mano de obra cualificada en sectores vulnerables.
La postura del Gobierno oficial, en la vocería oficial encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez sostiene que los organismos de seguridad, la Fuerza Armada y Protección Civil se desplegaron de manera inmediata para atender la emergencia. Además, rechaza a los cuestionamientos, el ejecutivo ha tildado de “miserables” y “desalmadas” las denuncias de lentitud o inacción. Aseguran que no se le ha negado auxilio a ninguna zona afectada y acusan a laboratorios de opinión de intentar politizar el desastre y defienden el control militar y estatal de los puntos de acopio y centros de distribución para garantizar el orden e impedir el colapso logístico.
Ahora bien, la postura de la oposición y sectores críticos, denuncian el retraso en la ayuda, diversos voceros de oposición, ONGs como Provea y líderes comunitarios señalan que la asistencia coordinada tardó hasta 48 horas en llegar a los focos de mayor colapso como La Guaira y zonas del Distrito Capital, dejando la búsqueda inicial en manos de los vecinos. También, existe crítica a la militarización y la opacidad: Se cuestiona que las fuerzas de seguridad bloqueen o restrinjan el libre acceso de rescatistas independientes, insumos y prensa, exigiendo el desbloqueo de información y la publicación de censos transparentes. Finalmente, economistas y dirigentes políticos de oposición enfatizan que la reconstrucción del país requerirá cero politiquerías, la solución se movería en un “pacto político de gobernabilidad” e instituciones legítimas para generar la confianza de la comunidad internacional y así contar con importantes recursos estratégicos para la recuperación del estado la Guaira.
