Bajo la tutela directa norteamericana, se prepara una “negociación” entre un puñado de políticos de la extinta Asamblea Nacional de 2015 y la cúpula de la dictadura Rodríguez-Cabello. El objetivo explícito: diseñar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el resto de las instituciones del Estado. Este movimiento surge con un pecado original: su única fuente de estabilidad y consentimiento (que no de legitimidad, mucho menos legalidad o constitucionalidad) es la fuerza del ocupante norteamericano. Carece casi por completo de representación popular (la menguada militancia del PSUV, un sector de Primero Justicia, el partido de Leopoldo López y los diputados asignados colaboracionistas), y arranca con la exclusión de fuerzas y liderazgos que sí han demostrado el respaldo de las mayorías en las calles y en los votos. También hay una prudente abstención a su cuestionamiento, basada en una esperanza que es lo último que se pierde.
Puede ser interesante para entenderla, comparar esta iniciativa con otro hito de nuestra historia: el Pacto de Punto Fijo. Al igual que aquel acuerdo de 1958, este nuevo diseño surge con la bendición imperialista, el beneplácito de los sectores militares, el gran empresariado y cierto sector del sindicalismo acomodaticio. Pero hasta allí llegan las semejanzas. Aquel pacto histórico, con todos sus defectos, portaba la representatividad de una lucha real por la democracia y contra una dictadura militar derrocada de unos partidos políticos, el sindicalismo en pleno y hasta la Iglesia Católica. En comparación, este nuevo pacto que se está gestando, adolece de una profunda debilidad política, tan débil que solo cuenta con la fuerza de las policías políticas del régimen y los marines norteamericanos, acompañados por las FFAA capituladoras.
Con esta fragilidad de origen se intenta “remendar” un hilo constitucional y legal, que la dictadura rompió deliberadamente desde, por lo menos, 2017. Vale la pena recordar que la instauración de aquella Asamblea Nacional Constituyente convocada aquel año, no tuvo como fin redactar una Carta Magna, sino sustituir al poder legislativo legítimo (precisamente la de 2015) y aprobar bodrios jurídicos (las anti kelsenianas “leyes constitucionales”) destinados a eliminar cualquier control institucional sobre el Poder Ejecutivo, brindar ventajas desmedidas al capital extranjero mediante el secreto y la opacidad en los contratos suscritos legalizar la conversión de las Fuerzas Armadas en una corporación con intereses empresariales, crear las ZEE y de rapiña, e inventar nuevos delitos de opinión para aniquilar las libertades democráticas, cuando ya se había sepultado, de facto, el debido proceso. Pretender normalizar institucionalmente este país mediante un pacto urdido de esta manera, es, como decía aquella canción de los Beegees, pretender parar el planeta en su rotación.
La dominación estadounidense sin disimulo, se anuncia prolongada, bajo el amparo del nuevo “garrote” imperial en el continente, sistematizado en la Doctrina de Seguridad norteamericana. Un pacto como el que se intenta está orientado a dotar de cierta estabilidad jurídica a las inversiones. No está presente, ni siquiera en el discurso de Trump, una recuperación de la democracia representativa, ni siquiera de la defectuosa que teníamos con AD y COPEI. Claro: nuestro ecosistema político es completamente diferente. Pero es algo más que una declaración de principios eso de la soberanía popular y nacional. Tal vez las advertencias de Ricardo Haussman fueron escuchadas. Ni siquiera la fase de estabilización y recuperación económica se podrán lograr sin cierta legalidad estable. Además, el imperialismo norteamericano tiene la peculiaridad de contar con un control parlamentario y de la opinión pública, que puede limar sus aspectos más terribles, o al menos, disimularlos.
Pero la política interna norteamericana ya es un asunto de incumbencia inmediata para los venezolanos. Asistimos a un resurgimiento descontextualizado del macartismo, de “caza de brujas” continental; una retórica con la que se pretende mostrar el crimen organizado o el narcotráfico, el terrorismo y, genéricamente, a la “izquierda”, como un todo único a perseguir en todo el hemisferio, como acaba de declarar nuestro “virrey” (según el New York Times) Mario Rubio. Como bien lo han caracterizado destacados académicos, políticos y artistas norteamericanos, esta doctrina no es más que una expresión clara del fascismo imperialista moderno, representado por el trumpismo. Esta realidad ha sido denunciada hasta por antiguos partidarios de Trump. No solo John Bolton, Cliff Simms, John Kelly, sino incluso recientes militantes de MAGA. Si no, pregúntenle a Tucker Carlson, el influencer que acaba de advertir que se avecina una revolución en los EEUU por la sistemática presión sobre los principios democráticos. No muy diferente de lo que anuncia Bernie Sander, el alcalde de New York y otros. Por eso, fotografiarse Trump y Rubio con un intento de “restablecer la institucionalidad democrática venezolana”, le sirve, al primero, para darse un nuevo aire, luego de su fracaso en Irán, y de cara a las elecciones de segundo término de noviembre, y, al segundo, para darse bríos a su precandidatura presidencial, en pugna con J. D. Vance, más retrógrado si cabe.
Aun así, dadas las fortalezas y debilidades de los actores que coinciden en esta mala hora de la vida nacional, la realidad obliga a fijar posturas. Es un deber exigir la superación de ese grave déficit de representatividad en estas negociaciones.
Por supuesto que en política hay que negociar. Pero negociar no significa entregarlo todo por la paz de los cementerios o la aniquilación de la nación. Si este pacto tutelado ha de servir de algo, debe ser, al menos, para facilitar un camino certero hacia unas elecciones generales, en condiciones confiables, que permitan actualizar la voluntad popular soberana. Esa, y no otra, es la primera condición para iniciar la larga marcha hacia la recuperación de la soberanía.
En la operacionalización de esa posibilidad entra un CNE y un TSJ aceptable, no simples células del partido de gobierno. Pero además la habilitación plena de todos los actores políticos y la restitución de todas las garantías constitucionales. En otras palabras: derogación de todas leyes y reglamentos que coarten las libertades, además de la liberación plena de los presos políticos.
En este sentido, cabe aplicarle el criterio metodológico avalado por nada menos que Jesús de Nazareth a estas negociaciones tan peculiares: por sus frutos los conoceremos.
Este es un episodio más de la profunda y compleja crisis nacional. La salida de ella, no vendrá empaquetada desde el extranjero, a espaldas de la gente. Más allá de los acuerdos de las élites, lo que nos toca a los ciudadanos es seguir impulsando, movilizando y organizando la acción popular. Los derechos democráticos y sociales de los venezolanos se ganaron tras muchos años de lucha, y solo el pueblo venezolano puede, ejerciendo su autodeterminación, recuperar la soberanía nacional e instaurar una democracia, dejando atrás la tiranía y al tutelaje.
