Hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas, Lenin
Hasta finales de los ochenta muy poco se hablaba de reformar la Constitución de 1961. Se trataba de un texto que solo se leía cuando surgía una duda puntual, pero la verdad es que poco se leía. La conciencia constitucional brillaba por su ausencia y era una palabra ajena y exótica hablar de un patriotismo constitucional. Recuerdo una encuesta donde se le preguntaba a la gente en relación a si la habían leído y 80% contestó negativamente, pese a reconocer algunos su valor simbólico. Solo con la aprobación de la Ley de Amparo en los años setenta los jueces se preocuparon seriamente por valorar la relevancia de la carta de derechos fundamentales recogidos por nuestra ley superior.
Pese a todo, había un consenso constitucional, no solo porque su aprobación implicó claramente un consenso inédito en nuestra traumática historia política, sino también el propósito de empezar seriamente a concretar su avanzado programa social en políticas de Estado. Así diría con toda razón el para entonces diputado José Vicente Rangel, que dentro de la Constitución podría desarrollarse un socialismo democrático y la Copre, bajo el gobierno de Lusinchi, surgió con el propósito fundamental de desarrollar el programa constitucional.
Con el Caracazo del 27 y 28 de febrero de 1989, el panorama cambió radicalmente. Sentimos que la tierra que pisamos no era firme como creíamos, sino un terreno frágil y movedizo. Imagínese lector un buque que repentinamente le explota el motor quedando a la deriva, al capricho de las corrientes, sin un rumbo decisivo, y entonces, sorpresivamente, empezó a hablarse de la Constituyente. El Congreso intentó adelantarse creando una comisión bicameral para estudiar una revisión constitucional que comenzó con el procedimiento de las enmiendas y terminó en una propuesta de reforma general de la Constitución. Presidida por Rafael Caldera en su condición de senador vitalicio y pese a su prestigio y experiencia en el tema (fue el único dirigente político en nuestra historia contemporánea que valoró en grande la relevancia del respeto a la Constitución para encausar el Estado de derecho y fortalecer nuestra joven democracia), cayó en los oídos sordos del Congreso la significación de la tarea propuesta.
Perdido el sentido de la oportunidad el annus horribilis de 1992, la Constituyente no hizo a partir de entonces sino crecer indeteniblemente. La clase política dominante (Acción Democrática y Copei) ensayó alternativas para detener el volcán constituyente; todos fracasaron.
En esos tiempos borrascosos donde también anidó la utopía, se configuraron dos formas de identificación de la propuesta constituyente que la profesora Mirian Kornblith denominó en su momento como: la Constituyente “malandra” y la Constituyente “zanahoria”. La primera identificada con los radicales que pretendían precisamente un cambio radical del sistema político y que había sido el primer manifiesto constituyente del denominado Frente Patriótico, liderado, entre otros, por Juan Liscano y Manuel Quijada, publicada en la prensa nacional el 30 de junio de 1990. La segunda de naturaleza moderada, cuya dirección recaía, entre otros, en el profesor Allan Brewer Carías, el gobernador del Zulia Oswaldo Álvarez Paz y el Centro Gumilla de los jesuitas.
Nunca hubo claridad y menos un consenso fundamental sobre los propósitos de la Constituyente. Kornblith lo afirmaba en ese entonces en palabras que no han perdido actualidad: “La convocatoria a una Asamblea Constituyente ha ido adquiriendo diferentes significados y propósitos. Se quiere una Constituyente para relegitimar el sistema democrático, renovar el liderazgo, generar participación popular, discutir a fondo las reglas de juego y bases de nuestro sistema económico y polític,; revocar el mandato de los poderes públicos, adelantar las elecciones”.
El comandante Chávez pasó de una constituyente radical, donde, por cierto, no tenía claridad en cuanto a su integración (llegó a hablar de una asamblea de tintes corporativos) a una constituyente bajo el signo de lo que llamó una Revolución pacífica y democrática. Se afirma que Luis Miquilena y José Vicente Rangel convencieron a Chávez de que debería asumir la ruta electoral, dada su potencial popularidad que, con el tiempo, lo convertiría en un fenómeno político, lo cual efectivamente ocurrió. Un grupo de ciudadanos contribuimos a asesorar al presidente, ya electo, a diseñar las bases de una constituyente que exigía su definición jurídica, viabilizada a través del Referéndum Consultivo que se había aprobado en la más reciente reforma de la legislación electoral y que tenía como límite la defensa y protección de los derechos humanos. Al unísono, una decisión de la Corte Suprema de Justicia que generó y sigue generando amplia controversia, dada sus consecuencias en beneficio del proyecto autoritario en ciernes, facilitó la convocatoria constituyente, siendo ya Chávez presidente en funciones.
En suma, la Constituyente acabó siendo instrumentalizada por Chávez, en su propósito de convertirse en dueño único del poder, y le permitió, bajo el manto de la legalidad, eliminar el pluralismo político definitorio de la democracia moderna, así como el avasallamiento de derechos cívicos fundamentales bajo una percepción schmittiana amigos-enemigos reñida con la concepción del adversario político de las democracias liberales.
En conclusión, la Constituyente de 1999 devino para Chávez en un formidable éxito político, tanto, que se convertiría pronto en un modelo político a imitar en buena parte de los países de nuestra América Latina.
