La reciente operación militar en el estado Bolívar marca el inicio de una fase nueva y territorial» en el proceso de normalización económica que vive el país, según el analista político y fundador del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, Benigno Alarcón.
La normalización económica entra en nueva fase con la operación militar en Bolívar.
Alertó que este despliegue militar podría extenderse próximamente a otras regiones del país “con presencia de grupos armados irregulares”.
A juicio de Alarcón, el avance sobre estas zonas implica la creación de nuevas condiciones para la actividad minera, el control físico de activos y una reconfiguración en la intermediación empresarial que abriría las puertas a nuevas inversiones. Estas dinámicas “pueden estar relacionadas con las presiones norteamericanas o con la necesidad del gobierno de obtener nuevas fuentes de ingresos”, señaló a través de su cuenta en X.
El analista agregó que el Estado podría estar buscando una redistribución de la renta entre nuevos actores internos y externos. El objetivo de este movimiento financiero y territorial sería asegurar la permanencia en el poder “mediante una lógica clientelar”.
1/3La normalización económica entra en una fase nueva y territorial con la operación militar de ayer en Bolívar, que podría extenderse posteriormente a otros Estados del país con presencia de grupos armados. — Benigno Alarcón Deza (@benalarcon) June 10, 2026
Riesgo para la democracia
Un aspecto crítico del escenario actual, según Alarcón, radica en la disparidad entre la agenda económica y los derechos políticos de la ciudadanía. La normalización económica continúa avanzando más rápido que la arquitectura electoral, lo cual es el principal riesgo para la democratización, subrayó.
Normalización con reglas externas
Según su análisis, la normalización venezolana ya no depende solo de discursos y gestos políticos, sino que está siendo estructurada de manera formal por licencias, pagos, reportes y reglas externas.
Alarcón manifestó su preocupación ante el hecho de que, debido a la profunda falta de confianza hacia el estado de derecho y las instituciones del país, éstas “están siendo reemplazadas en la práctica por el marco jurídico y el arbitraje en otros Estados”, lo que atentaría contra la soberanía nacional y aumentaría de forma considerable la dependencia de Washington.
Este esquema de dependencia, advirtió, luce como algo poco sostenible en el mediano y largo plazo si no da paso a un verdadero proceso de reinstitucionalización interna.
Yvette Zárraga
