I. El interinato coopera, pero sin cronograma electoral no hay paraíso
El presidente Trump, el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum, han elogiado a Rodríguez por simplificar los trámites burocráticos y por, según ellos, hacer caso a todas las exigencias de la Casa Blanca a pies juntillas. El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, visitó Caracas el pasado miércoles y hace poco hubo un inusual ejercicio militar estadounidense en Caracas, sin que Miraflores levantara una queja. Más aún, Marco Rubio exigió que incluso el combustible de aviones vendido en aeropuertos se pagara mediante depósito en una cuenta del Departamento de Estado en EE. UU., para ser gestionado desde ahí. De nuevo, ni una sola queja del gobierno bolivariano.
A pesar de esta colaboración fraternal, sin la publicación de un cronograma electoral creíble, sin reformas democráticas y sin la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral, luce muy cuesta arriba tan siquiera pensar en el inicio de una transición democrática en Venezuela. La persistencia de una dictadura tremendamente impopular, tutelada, pero autoritaria al fin, aleja a todos los inversionistas que se plantean trabajar a mediano y largo plazo, más allá de las empresas que invierten para apresurar el cobro en especie de sus viejas acreencias.
II. La inversión de 100 mil millones de dólares y los planes a largo plazo
La muy deteriorada infraestructura petrolera, vial y eléctrica (vinculada al petróleo) requiere de al menos 100 mil millones de dólares para su puesta a punto, según D. Trump y su equipo. La cuestión radica en que ninguna empresa se ha mostrado abierta a realizar inversiones a mediano y a largo plazo en Venezuela; todas, sin excepción, temen una posible reversión o cambio brusco de las políticas de apertura si, como es lógico, la transición política hacia la democracia no empieza. De varias formas han expresado su temor a ser expropiadas en cualquier momento por un régimen que lleva años atacando frontalmente sus intereses con confiscaciones arbitrarias y decisiones emprendidas por tribunales sin la más mínima independencia política.
Los apresurados y atropellados cambios en las leyes de hidrocarburos y minería ofrecen muchas más ventajas a la inversión extranjera y son abiertamente lesivos al erario público, mediante la gigantesca disminución en las regalías y tributos a captar para PDVSA y la nación. Aun así, las transnacionales afirman que es insuficiente y que el riesgo es extremadamente elevado. En estas condiciones, aun cuando se les regale el petróleo, las empresas ven enormes riesgos de inversión, seguridad y estabilidad político-jurídica. La idea de colocar cláusulas en los contratos que permitan rescindir unilateralmente el convenio, si el gobierno considera que una empresa realiza “acciones desestabilizadoras”, da la impresión de que el gobierno sigue con sus ideas autoritarias intactas.
III. Inversiones de mantenimiento, mientras tanto…
Empresas como Chevron, Repsol, ENI y Maurel and Prom han emprendido inversiones más de mantenimiento esencial que de ampliación de sus capacidades a largo plazo. Empresas como ConocoPhillips y Exxon, que afirman haber perdido miles de millones de dólares producto de las expropiaciones del chavismo en 2007, consideran que el país está muy lejos de ofrecer un entorno tan siquiera justo para la inversión; por ende, se han mantenido extremadamente cautelosos. Lo que echa por tierra el plan de la administración Trump de recibir milmillonarias inversiones en el corto plazo y hablar de elecciones en el mediano plazo.
La postergación de las elecciones y las reformas democráticas resultan en señales extremadamente negativas para el inversionista, que no aprecia cambio alguno en la estructura burocrática anticapitalista que el chavismo ha tejido en años. El hórrido complejo administrativo diseñado para poner mil y una trabas al proceso de acumulación de capital sigue intacto.
IV. Paramilitares, colectivos armados y rechazo de la base chavista antiimperialista
A pesar de todo lo acaecido luego del 3 de enero en materia de transformación ideológica y de abandono oficial del rojo y el discurso de odio a la burguesía, la situación política interna sigue siendo caótica y muy peligrosa para la oposición verdadera. Aún existen montones de colectivos e irregulares con capacidades de intimidar y amenazar con armas largas a quien deseen en las ciudades.
En las regiones fuera de la capital, estos aparatos de violencia controlan territorios extensos y gobiernan ámbitos que imposibilitan cualquier inserción empresarial. Los sueños mineros de los socios de Trump encuentran un enorme dique virulento en el sur del país, que frena cualquier tratativa de inversión en un territorio bajo el yugo de bandas armadas.
V. Sobre el aprendizaje de la experiencia de Irak o dejar en manos de los destructores la reconstrucción
La innovadora propuesta de gestión de la autodestrucción por parte de los mismos que fueron militarmente aplastados presenta una serie de ventajas innegables, pero una cantidad enorme de limitaciones que anegan los progresos más elementales. Por ejemplo, aún no han podido liberarse a más de 400 presos políticos, a pesar de que Trump y Rubio afirmaron que todos iban a salir ipso facto. El cierre del Helicoide y el traslado de los reclusos ha traído un progreso adverso o un deterioro de las condiciones de reclusión de muchos reos, al trasladarlos atropelladamente a ámbitos muy hacinados y con condiciones de insalubridad más atroces. Más allá de un cambio de cromos, la política económica sigue intacta: el caos monetario se impone, la inflación es la más alta del mundo y el tipo de cambio sigue en alza.
Alguna forma de democracia imperfecta es completamente urgente para la estabilidad a corto plazo en Venezuela. La paradoja de que Venezuela es un supuesto paraíso para recibir y proteger inversiones choca con la realidad en la cual subsisten cientos de presos políticos bajo tratos crueles y miles de exiliados tienen prohibición de regreso a su país. Incluso, la máxima líder de la oposición no puede regresar libremente a su tierra sin que ello sea motivo de amenazas de todo tipo. Así las cosas, ¿cómo ofrecer seguridad a inversionistas foráneos y extranjeros, si ni siquiera la muy conocida Premio Nobel de la Paz puede entrar al país? La ilegitimidad del gobierno venezolano aumenta el riesgo de invertir capital.
