En las circunstancias confusas e inciertas por las que atraviesa Venezuela actualmente, se asoman tres importantes pruebas que habrán de comprometer, en buena parte, su futuro.
La primera es la descomunal deuda pública que pesa sobre el país, dos veces el valor de su PIB actual. Es una magnitud imposible de pagar, más con la postración de la industria petrolera –fuente principal de divisas– y la devastación de la economía doméstica. Pero, mientras no sea resuelta, Venezuela permanecerá aislada de los circuitos financieros mundiales, perjudicando sus posibilidades de incrementar sus flujos comerciales y de inversión, y de concertar acuerdos variados con entes externos y/o países amigos. No queda de otra, entonces, que entrar en un proceso de negociación con la variada gama de sus acreedores para reestructurar esa deuda en términos compatibles con la recuperación del país. Es menester reducir, hasta donde sea posible, su monto y tasas de interés, alargar sus plazos y conseguir años muertos iniciales, libres de pago. Pero una reestructuración así, dado el estado de destrucción en que se encuentra Venezuela, representa un enorme desafío.
Para empezar, es imprescindible ordenar sus cuentas internas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) no ha podido evaluar ni conciliar estas cuentas desde 2004. Luego, Maduro dejó de publicar cifras sobre la economía real, incluyendo el sector externo, en 2019. No se rinden cuentas fidedignas sobre la gestión presupuestaria desde aun antes, tampoco del déficit fiscal y sus fuentes de financiamiento. Mucho menos existe información pormenorizada de los distintos instrumentos que componen el total de la deuda, sus condiciones y, muchas veces, de sus verdaderos titulares. No hay base alguna para iniciar una negociación exitosa en tales condiciones.
Segundo, años de expoliación obligan a desconfiar de la legalidad o legitimidad de muchas de estas deudas. Una reestructuración presurosa, sin la debida “limpieza”, puede dejar al país encadenado a pagos injustificados que, además de ser éticamente insultante, perjudica la imagen del Estado y lo vacía de recursos con los cuales atender los ingentes problemas que hoy aquejan a la población. Una auditoría exhaustiva de esta deuda, conciliándola con cuentas públicas saneadas y validadas por el FMI, llevará mucho tiempo. De ahí preocupa el anuncio reciente de la presidenta que designó Donald Trump, Delcy Rodriguez, de adelantar el proceso de reestructuración, encargando para ello a una banca de inversión, Centerview Partners. Pero, al no hacer referencia a este tema, ni disponer de una base de datos económicos creíble y bien fundamentada, y tampoco asomar indicios de un programa macroeconómico que permitirá atender los compromisos de pago que se acuerden sin comprometer el crecimiento necesario, la sostenibilidad de esta deuda habrá de “cojear”.en aspectos fundamentales. El interés de algunos bonistas en arribar, cuanto antes, a un acuerdo que evite tener que negociar una rebaja (“quite”)de sus acreencias alimenta la suspicacia de que, con la probable anuencia del gobierno de Trump, se privilegie un arreglo con ellos, obviando la coordinación con el FMI. El país perdería su aval, asesoría y asistencia financiera, debilitando su posición negociadora ante los demás acreedores. Asimismo, queda expuesto a tener que renegociar lo acordado eventualmente, pero en condiciones más vulnerables y de mayor inestabilidad, complicando aún más su recuperación. Al país no le conviene que se negocie, a la sombra, una reestructuración parcial de deudas. Es imperioso ventilar ante la opinión pública los pasos que deben seguirse, sus condiciones y consultar a las academias, universidades y demás especialistas, además de contar con el apoyo de los multilaterales.
La segunda gran prueba la constituyen los efectos del rentismo que deriva del protectorado impuesto por EE. UU. En la práctica, éste se ha concentrado en promover la explotación de nuestro petróleo por parte de empresas estadounidense y, en menor grado, europeas. Aun cuando las reformas aprobadas para ello bajo tutelaje grIngo todavía no terminan de convencer a las grandes operadoras, es de prever que, eventualmente, se acordarán aquellas que satisfagan sus inquietudes. Dada la postración del resto de la economía y la falta de garantías y condiciones para su rápida reactivación, en el país pesarán aún más las rentas capturadas por la venta afuera de nuestro crudo. A pesar de la opacidad con que los proventos del petróleo son manejados entre la Tesorería de EE. UU. y Delcy –a espaldas de la población–, dos cosas preocupan. El primero es que la renta no es un ingreso productivo, sino un gasto, adicional al costo, a que se ve obligado el que compra ese crudo. Infla los medios de pago a disposición del país más allá de su capacidad productiva. Ello tiende a provocar la sobrevaluación del bolívar como de los salarios, que trascienden el valor de la productividad laboral. Este segundo efecto no desaparece con una dolarización plena, siempre que la captación de rentas permite equilibrar la balanza comercial. El desequilibrio resultante entre demanda efectiva y oferta productiva alimenta presiones inflacionarias de naturaleza estructural. Tendrán que neutralizarse con políticas monetarias contractivas o esterilizando las rentas en un fondo soberano en divisas. Pero la historia señala que se impone la tentación de gastarlas, aumentando, así, el consumo por habitante y perpetuando la presión alcista sobre los precios. Como contraparte, pierden competitividad actividades no petroleras, dificultando la diversificación del aparato productivo doméstico y privando a la economía de dinámicas de crecimiento y de fuentes alternas para el aprendizaje y el desarrollo tecnológico.
El segundo efecto adverso de las rentas captadas proviene de la reserva que se arroga al Estado de la explotación petrolera en el artículo 302 de la constitución. Esta base legal excusa la discrecionalidad con la que distintos gobiernos han usufructuado estas rentas para proseguir fines político-partidistas, desde el incipiente populismo clientelar de los inicios de la democracia, hasta la perversión criminal con la que fueron usadas para corromper militares y otros factores de apoyo al poder fascista. No dejemos la puerta abierta a las distorsiones que tanto daño nos ha causado esta figura en el pasado. El desafío es erigir un marco institucional consensuado que blinde la captación de rentas contra su manejo discrecional por el gobierno de turno. Nuevamente, un fondo soberano podría ser solución.
La tercera prueba es decisiva. Sin ella no podrán enfrentarse, eficazmente, las dos primeras. Es, claro está, el desafío que representa el rescate y mejora de las instituciones para ejercer plenamente, sin restricciones, la soberanía popular. El mecanismo instaurado por el protectorado, confiando los intereses del gobierno de Trump a alguien (Delcy Rodríguez) sin legitimidad alguna, primero por haber sido nombrada vicepresidente por quien usurpó el poder y, segundo, por haberse vencido la temporalidad con la que los remanentes fascistas pretendían desconocer una falta absoluta de la presidencia (artículos 233 y 234 de la CRBV), ha resultado en la perpetuación de los males asociados a Maduro. Continúa, impunemente, el aparato represor que instaló bajo tutelaje cubano, la inseguridad jurídica y la falta de garantías (confianza) para la actividad privada. Crece la inflación y se encarece de forma sostenida el dólar. Se acentúa el deterioro de los servicios públicos. Hay ausencia de algunas libertades básicas, entre ellas, de los medios de comunicación y aún quedan presos políticos.
La enorme potencialidad de recuperación representada por tantos recursos ociosos, por los talentos que migraron o quedaron desempleados y por la subsistencia de un clima poco favorable al aporte de otros países y/o de inversionistas extranjeros, es desaprovechada. Es decir, estamos en camino de eternizar el estado presente de malestar y depresión, muy por debajo del nivel de vida al que los venezolanos podemos aspirar. La salida es la que viene reclamando de manera insistente y protagónica la gran mayoría. La concreción de un cronograma electoral confiable y transparente, con un CNE que inspire confianza, con supervisión internacional y la actualización del registro electoral incorporando a los venezolanos de la diáspora y a los jóvenes. No podremos avanzar si no rescatamos las instituciones a través de una participación protagónica de la voluntad popular para designar ahí a quienes las integran, conforme a lo pautado en nuestro ordenamiento constitucional. Busquemos reemplazar, cuánto antes, el actual protectorado estadounidense con la República de Venezuela.
Economista, profesor (J), Universidad Central de Venezuela – humgarl@gmail.com
