Con la posibilidad de extradición del coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Ephraín Enrique Verdú Torelles a Argentina se abre una vía hacia la justicia fuera de Venezuela expuso la organización Human Rights Watch (HRW).
La justicia argentina solicitó a España la extradición de Verdú Torelles, señalado de ser uno de los presuntos responsables de la muerte de Geraldine Moreno Orozco, ocurrida en el marco de las protestas antigubernamentales de 2014.
Las víctimas en Venezuela no han tenido justicia en su país, y la solicitud de extradición presentada por Argentina es un recordatorio de que la justicia puede cruzar fronteras. Ahora corresponderá al tribunal español decidir si se procede o no con la extradición, dijo Michelle Reyes Milk, asesora senior de justicia internacional de Human Rights Watch.
El representante de las víctimas venezolanas, Ignacio Jovtis, señaló a Human Rights Watch que las autoridades españolas han notificado a Verdú Torrelles sobre el proceso de extradición y el Consejo de Ministros de España aprobó la continuación del procedimiento relativo a la solicitud de extradición, remitiendo el asunto a la Audiencia Nacional.
La solicitud de extradición de Verdú Torelles deriva de una denuncia presentada ante los tribunales argentinos en junio de 2023 por InterJust, organización de derechos humanos que representa a familiares de personas que fueron presuntamente ejecutadas extrajudicialmente por miembros de la GNB durante 2014.
En septiembre de 2024, un juez de instrucción en Argentina emitió órdenes de detención contra Verdú Torrelles y otros 13 oficiales de la GNB para interrogarlos sobre la denuncia presentada en su contra.
De ser extraditado, Verdú Torrelles sería la primera persona en este caso en comparecer personalmente ante tribunales argentinos y se convertiría en la persona de más alto rango hasta la fecha en comparecer ante un tribunal en cualquier país por graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela, de acuerdo a Human Rights Watch (HRW).
Por separado, el juez también citó y emitió órdenes de detención contra Nicolás Maduro, actualmente encarcelado en Estados Unidos y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.
Otra denuncia separada y paralela fue presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia en enero de 2023 contra Maduro y Cabello.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela encontró motivos razonables para creer que las violaciones cometidas por el gobierno constituían crímenes de lesa humanidad.
En 2021, la Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La persecución de casos de jurisdicción universal por parte de Argentina envía un mensaje claro y contundente de que no debería haber refugio seguro para quienes sean responsables de graves violaciones de derechos humanos. La cooperación de otros Estados, como España, es fundamental para ese esfuerzo, dijo Reyes Milk de HRW.
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