El colapso de la balanza.
Un grito de alerta ante la insania, la maldad y la inhumanidad que devora a las familias de la patria
La justicia en Venezuela ha dejado de ser un pilar de equilibrio social para convertirse en una maquinaria distópica de opresión, extorsión y terror. Lejos del ideal de la Diosa Temis, con los ojos vendados y la balanza equilibrada, el actual sistema judicial venezolano opera con los ojos bien abiertos para medir el estatus socioeconómico del procesado, inclinando la balanza hacia la impunidad del poderoso y dejando caer el peso aplastante de la ley, o de la arbitrariedad disfrazada de ley, sobre los más vulnerables.
Hoy, nos encontramos frente a una profunda descomposición del poder judicial, una pudrición institucional caracterizada por la insania, la maldad, la corrupción y una alarmante inhumanidad por parte del Ministerio Público y de los jueces de la República.
La falta de autonomía de los jueces es el epicentro de este terremoto institucional. Los administradores de justicia se han convertido, en una vasta mayoría de los casos, en meros ejecutores de órdenes superiores, extorsionadores de oficio o piezas de un ajedrez político que ignora la verdad procesal. No administran justicia; administran obediencia y terror, violando el juramento de proteger la dignidad humana y los preceptos fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
La Judicialización de la Pobreza
No son aseveraciones infundadas. La más cruda confesión de esta realidad provino de las más altas esferas del propio Estado. Durante el acto de Apertura del Año Judicial 2026, la presidenta encargada de la República, Dra. Delcy Rodríguez, frente a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y los jefes de los Circuitos Penales del país, sentenció una verdad irrefutable: «¡Nuestras cárceles están llenas de pobres!»
En dicho pronunciamiento, la alta funcionaria reconoció que en las sedes de la jurisdicción penal existe una expresión horrenda: «¡allí todo se paga, y en dólares!», advirtiendo que quien no tiene para «bajarse de la mula», quedará condenado aunque sea inocente Esto genera una inmensa impunidad y consolida la «criminalización de la pobreza»
¿Qué sucede cuando la justicia tiene precio?
Que el ciudadano de a pie se convierte en rehén del Estado. El terror se apodera de la población, pues saben que caer en el engranaje judicial penal no es el inicio de una investigación para buscar la verdad, sino el comienzo de un calvario extorsivo donde la presunción de inocencia es un lujo que solo se compra con divisas.
Expedientes Amañados: La Fachada para la Corte Penal Internacional
Pero la perversión del sistema no se limita a extorsionar al pobre. Existe una política sistemática, perversa e inhumana de judicialización con penas bárbaras contra funcionarios policiales y militares de rangos medios y bajos. Ante el escrutinio de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la mirada vigilante del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el Estado venezolano ha optado por fabricar expedientes amañados y «chivos expiatorios».
Para «limpiarse el rostro» ante la comunidad internacional y fingir que en Venezuela sí se castigan las violaciones a los derechos humanos, el Ministerio Público y los tribunales forjan flagrancias ficticias y calificaciones jurídicas aberrantes contra funcionarios operativos, protegiendo a las verdaderas cadenas de mando. Se sacrifica a los eslabones más débiles con condenas desproporcionadas para alimentar las estadísticas de supuesta «justicia», mientras los verdaderos arquitectos de las políticas represivas permanecen intocables.
Casos Medulares: Rostros de la Infamia Judicial
Para demostrar que estas denuncias no son abstracciones retóricas, la Organización Pro Derechos Humanos «ONG CONCIENCIA Y DIGNIDAD» pone sobre la mesa pública una pequeña pero contundente muestra de esta aberración estructural, sustentada en expedientes reales:
Caso 1: Anthony Estiven Martínez Ochoa. Cédula: V-21.020.528 | Expediente: GP01-P-2014-008921 | Jurisdicción: Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo
Un ciudadano trabajador que ha pasado casi doce (12) años continuos bajo prisión preventiva sin recibir una sentencia condenatoria firme Su detención se basó en una «flagrancia ficticia» declarada ¡ocho meses después de los hechos!, sin orden judicial. Mientras permanecía preso, las pruebas de descargo que demostraban que estaba trabajando como aprendiz INCES el día de los hechos fueron sistemáticamente ignoradas Doce años de su vida robados por la indolencia y la extorsión procesal.
Caso 2: Pablo Emilio Otazo Molina. (Sargento Mayor GNB). Cédula: V-13.572.758 | Expedientes: WP02-P-2018-002016 / AA30-P-2022-000150 | Jurisdicción: Circuito Judicial Penal de La Guaira / Sala de Casación Penal TSJ. Condenado a la aberrante pena de dieciséis (16) años de prisión [cite: ¿Su delito real? Ninguno comprobable científicamente. Se le imputó el delito de «Trato Cruel» para simular castigos por crímenes de lesa humanidad ante la CPI, basándose en escoriaciones superficiales (lesiones leves) sufridas por manifestantes en un entorno donde no se pudo individualizar el arma Un caso clásico de condena desproporcionada para lavar la cara del Estado, usando a un militar como sacrificio estadístico.
Caso 3: José Luis Torres Tortoza. Cédula: V-22.281.587 | Expediente: Prov.-002-2021 | Jurisdicción: Corte de Apelaciones, Estado La Guaira. Condenado a doce (12) años de prisión como supuesto «Cooperador Inmediato» en una extorsión, sin que exista autor material del mismo hecho mientras que al hermano también sembrado en la misma causa, se le impuso una pena de ocho (8) años y ocho meses Ante esta evidente ruptura de la dogmática penal, la Corte de Apelaciones inadmitió su recurso argumentando falsamente que su abogado no tenía cualidad, ignorando deliberadamente las actas del expediente. Y ante un recurso de rectificación Un silencio judicial continuado que entierra en vida a un ciudadano.
Caso 4: Jesús Miguel Andrade Rodríguez. Cédula: V-20.021.839 | Expediente: GP01-P-2023-406468 | Jurisdicción: Sala de Casación Penal. Condenado a veintiséis (26) años de prisión bajo la sombra de un evidente fraude procesal. Se le sentenció por hechos donde no existía relación de causalidad probada, validando pruebas espurias, sin experticias científicas contundentes y obviando hechos supervinientes que destruían la tesis fiscal, imputándole un doble homicidio cuando ni siquiera se encontraba en el lugar de los hechos, imputándoles armas conseguidas en Carabobo cuando él se encontraba en Yaracuy .La justicia trocada por un montaje que aniquiló la presunción de inocencia.
El Ataque a los Defensores: Cuando la Ley es Delito
Para sostener esta maquinaria de abusos, el sistema necesita silenciar a quienes exigen el cumplimiento de la ley. Es aquí donde se materializa el más vil irrespeto a los profesionales del derecho. Quien alza la voz, quien litiga con la Constitución en la mano, se convierte en enemigo del tribunal. Hemos presenciado con estupor la judicialización, el acoso e inclusive la suspensión inconstitucional del libre ejercicio de la profesión de abogados valientes.
Resulta imperativo denunciar el grotesco caso de la Dra. María Alejandra Díaz Marín, cuya labor profesional y crítica ha sido coartada mediante medidas que suspenden su ejercicio como abogada, entre otras muchas tropelías, violando su derecho al trabajo y a la defensa, acoso, persecución de su familia y exilio forzoso. Igualmente alarmante es el ataque, persecución y encarcelamiento abusivo e ilegal del abogado Williams Izarra en el estado Carabobo, un castigo ejemplarizante diseñado para infundir terror en el gremio de abogados. Si quienes deben defender a los ciudadanos son encarcelados por hacer su trabajo, ¿quién defenderá al pueblo de los abusos del poder?
La Destrucción de la Familia y el Tejido Social
Estos comportamientos distópicos no solo violan artículos y códigos; destruyen vidas. Cada uno de los procesados mencionados tiene madre, hijos, esposas. La detención arbitraria prolongada y las condenas injustas fracturan el núcleo de la sociedad venezolana: la familia.
Dejan niños huérfanos de padres vivos, mujeres asumiendo solas la carga económica, y ancianos muriendo de mengua en las puertas de los tribunales rogando por piedad.
El terror se ha inoculado en el ciudadano de a pie. Caminar por la calle, enfrentarse a una alcabala, o tener una disputa menor se convierte en un riesgo de muerte civil. El sistema judicial ya no es un refugio contra la barbarie; es la guarida del lobo.
Más allá de nuevas leyes: El Respeto al Artículo 255 de la CRBV
Frente a esta tragedia, la solución no radica en la creación compulsiva de nuevas leyes. Nuestra legislación es perfectible, sí, pero el problema subyace en el absoluto desprecio por las normas existentes, muy particularmente el Artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, que exige el ingreso a la carrera judicial mediante concursos públicos de oposición, garantizando la idoneidad y la autonomía.
Sin embargo, debemos ir un paso más allá en la reflexión estructural. Para arrancar de raíz esta pudrición, los jueces no solo deben ser autónomos y demostrar credenciales académicas, sino que el pueblo debe tener el poder de remover el velo de impunidad.
Proponemos mirar de cerca la reciente experiencia de la República de México, avanzando hacia un modelo donde los jueces, magistrados y fiscales rindan cuentas directas al soberano, pudiendo ser electos en elecciones directas tras una rigurosa preselección de méritos. Si el poder emana del pueblo, el poder de juzgar no puede seguir secuestrado por cúpulas políticas o mafias extorsivas.
Conclusión y Llamado a la Acción
Hemos escuchado recientemente las declaraciones de la presidenta Delcy Rodríguez y las enérgicas afirmaciones del Ministro Diosdado Cabello, quien ha prometido ir «por los pranes, jueces y fiscales corruptos».
Estas palabras resuenan como campanas de esperanza para miles de familias. Desde la sociedad civil, rogamos al Dios del cielo que estos anuncios no se queden en discursos retóricos y demagógicos para capear el temporal político. Exigimos una verdadera purga y transformación del sistema judicial.
Venezuela no aguanta un preso inocente más. La balanza debe ser restaurada. Es el momento de que la decencia, la ley y la dignidad humana vuelvan a transitar por los pasillos de los palacios de justicia.
La corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y de la impunidad de los delitos». Simón Bolívar.
Moral y luces son los polos de una República; moral y luces son nuestras primeras necesidades». Simón Bolívar.
Cuando los que mandan pierden la moral los que obedecen pierden el respeto. Georg Christoph Lichtenberg. (1742–1799).
Henry Roberts: Presidente de la Organización Defensora de Derechos Humanos. ONG Conciencia y Dignidad. Asesor de asuntos penitenciarios.
concienciaydignidad@gmail.com
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