La historiografía venezolana ha padecido, durante generaciones, una inercia conceptual que simplifica tres siglos de densa y compleja evolución institucional bajo el epíteto uniforme de «La Colonia».
Esta etiqueta decimonónica, más política que jurídica, ha oscurecido la comprensión de nuestros procesos fundacionales. Al examinar con rigor el expediente de erección de la Parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo en 1777, emerge un dato insoslayable para el análisis científico de la historia: la ausencia absoluta del término «colonia». Esta omisión no responde a un mero capricho semántico de los escribanos de la época, sino a una realidad estrictamente jurídica e institucional: en el derecho público del siglo XVIII, estos valles no constituían una posesión extranjera, sino una constelación de Provincias de Ultramar integradas plenamente a la Corona de Castilla.
Para desarticular el anacronismo de la «fundación colonial», es imperativo adentrarse en el Derecho Indiano. Bajo la Recopilación de 1680, los territorios americanos poseían la condición jurídica de «Reinos» accesorios. Por ende, El Consejo, asentado en los Valles de Aragua, no nació como una factoría comercial periférica, sino bajo las mismas lógicas municipales y de orden público que regían para cualquier villa de la península ibérica.
El estatus de sus habitantes así lo ratifica. Los manuscritos de 1777 apelan con insistencia al concepto de «Vecinos». Lejos de ser la definición de un súbdito despojado de derechos locales —propio de los sistemas coloniales anglosajones o franceses de la época—, el vecino indiano era un sujeto de derecho con domicilio fijado, corresponsable de las cargas públicas y dotado de legítima representación. Los pobladores de El Consejo operaban, por lo tanto, como integrantes activos del cuerpo político de la Monarquía.
Un pilar fundamental que desmonta la tesis colonial es la naturaleza misma del acto de 1777. La mal llamada «fundación» no fue un decreto impositivo de la metrópoli para establecer un enclave mercantil. Fue, en su esencia, un proceso de Erección de Parroquia impulsado desde abajo: una solicitud legítima de los hacendados y pobladores del valle para subsanar los inconvenientes espirituales y civiles que acarreaba la distancia respecto a la Parroquia de La Victoria. El trámite no se resolvió mediante un bando militar, sino a través de un riguroso juicio administrativo en el que el Gobernador y Capitán General —actuando como Vicepatrono Regio— y el Obispo de Caracas evaluaron la viabilidad económica y demográfica de la comunidad, otorgándole formalmente su Autonomía Parroquial. Con ello, el lugar adquirió una jurisdicción propia y una estructura de gobierno civil y eclesiástico orientada a la protección de los derechos de sus moradores.
Desde una perspectiva del derecho procesal, existen evidencias irrebatibles que invalidan el sesgo colonial. En primer lugar, El Consejo se configuró como un Centro de Población regido por las Leyes de Población, exigiendo magistraturas locales como Jueces de Paz y Tenientes de Justicia, instituciones inherentes a la organización de un Estado y no de una agencia de explotación. En segundo lugar, los vecinos gozaban de pleno Derecho de Petición y Amparo, acudiendo a la Real Audiencia de Caracas para litigar, incluso, contra los excesos de las autoridades si estas excedían su poder.
Si la naturaleza del vínculo hubiese sido colonial, el trato habría sido estrictamente militar o mercantil; al tratarse de una provincia, imperaba el derecho procesal castellano.
Finalmente, no se puede obviar la coincidencia cronológica entre la erección de la parroquia y la unificación administrativa de la Capitanía General de Venezuela en 1777. Este hito no representó un endurecimiento coercitivo sobre una colonia, sino un acto de modernización y centralización del Estado borbónico para dotar de estructura y defensa a sus provincias.
En conclusión, insistir en la categoría de «fundación colonial» para El Consejo significa ignorar la riqueza y la profundidad del Derecho Municipal y Parroquial que estructuró nuestro pasado. En 1777, El Consejo no fue objeto de una colonización, sino de una densa institucionalización. Su nacimiento encarna la victoria de una comunidad que supo exigir y consolidar su propia identidad jurídica, civil y espiritual dentro de un ordenamiento que consideraba a estos valles suelo propio y a sus hombres vasallos de pleno derecho. La documentación de la época guarda un elocuente silencio sobre la palabra «colonia» porque la realidad que registraba era la de una sociedad estamental en vías de consolidación civil. Es tarea de la crónica y la historiografía científica rescatar estos matices, haciendo justicia tardía a la memoria y al legado de sus fundadores.
