El chavismo ha descubierto recientemente una palabra que durante años trató con sospecha ideológica: inversión. Delcy Rodríguez la pronuncia con frecuencia casi litúrgica. Ministros, voceros y empresarios cercanos al poder la repiten como si bastara nombrarla para que aparezcan capitales, taladros, fábricas y empleos. Sin embargo, la economía suele ser menos impresionable que la propaganda.
Las recientes declaraciones de importantes actores del sector petrolero internacional constituyen un recordatorio incómodo para el relato oficial. Más allá de algunos avances regulatorios y de las reformas parciales promovidas por el gobierno, los inversionistas siguen observando a Venezuela con la cautela de quien entra en una casa donde las puertas parecen abiertas, pero las cerraduras siguen perteneciendo a otro.
La cuestión no es únicamente fiscal, aunque los impuestos, regalías y condiciones económicas resulten relevantes para cualquier empresa. El problema de fondo es más profundo. Lo que sigue faltando es algo mucho más difícil de construir que una reforma tributaria: confianza.
Los países no atraen inversiones porque anuncien aperturas. Las atraen porque ofrecen estabilidad institucional. Porque las reglas del juego sobreviven a los gobiernos. Porque los contratos se respetan. Porque los tribunales funcionan. Porque la propiedad privada no depende del humor político de turno.
Venezuela carga todavía con una memoria corporativa devastadora. Expropiaciones, nacionalizaciones, arbitrajes internacionales, incumplimientos contractuales y décadas de inseguridad jurídica forman parte del expediente que cualquier inversionista revisa antes de comprometer miles de millones de dólares. La historia económica también tiene memoria, aunque el poder pretenda borrarla mediante discursos.
No deja de resultar irónico que el mismo modelo que durante años demonizó al capital privado ahora necesite desesperadamente su presencia para sobrevivir. El chavismo destruyó buena parte de la capacidad productiva nacional bajo la promesa de construir una economía soberana. Dos décadas después, la recuperación depende precisamente de los actores económicos que alguna vez fueron presentados como enemigos de la revolución.
Pero incluso si el gobierno estuviese dispuesto a flexibilizar aún más las condiciones fiscales, la pregunta esencial permanece intacta: ¿está dispuesto a ceder control político?
Porque allí aparece el verdadero límite de la apertura chavista.
Toda inversión significativa exige instituciones autónomas, mecanismos independientes de resolución de conflictos y garantías jurídicas verificables. Diversos actores internacionales han señalado precisamente la necesidad de mayores avances en materia legal, contractual y de protección de inversiones antes de comprometer capital fresco en el país.
Y eso supone algo que el poder observa con inquietud: la creación de espacios de autonomía fuera de su control directo.
La experiencia internacional es bastante clara. Ninguna economía logra una recuperación sostenida únicamente mediante decretos o acuerdos puntuales. China abrió mercados porque abrió espacios. Vietnam reformó instituciones. Europa del Este transformó sistemas políticos completos. Incluso las monarquías petroleras del Golfo han entendido que el capital exige previsibilidad.
Venezuela pretende alcanzar resultados semejantes sin modificar los fundamentos políticos que provocaron el colapso.
Es una apuesta arriesgada.
La contradicción resulta evidente. Mientras el discurso oficial habla de atraer inversionistas globales, el sistema político sigue operando bajo parámetros donde la discrecionalidad estatal conserva un peso determinante. Mientras se anuncian nuevas oportunidades económicas, persisten dudas sobre la independencia institucional, la protección efectiva de los derechos económicos y la estabilidad de las reglas a largo plazo.
Los inversionistas no buscan solamente rentabilidad. Buscan certidumbre. Y la certidumbre es, precisamente, uno de los bienes más escasos en la Venezuela contemporánea.
Por eso la reactivación económica que anuncia el gobierno parece avanzar más lentamente de lo esperado. No porque falten recursos naturales. No porque falten oportunidades de negocio. No porque falte interés internacional.
Lo que falta es algo más elemental: La convicción de que el país ha cambiado realmente.
Quizás allí radique el dilema central del chavismo actual. Para atraer las inversiones que necesita tendría que profundizar una apertura política e institucional que podría terminar debilitando los mecanismos de control que han garantizado su permanencia en el poder.
Y tal vez esa sea la frontera que no está dispuesto a cruzar.
Porque abrir la economía puede ser una decisión administrativa. Abrir el sistema es otra historia.
@humbertotweets – Maestría en Negociación y Conflicto California State University – +1 (407) 221-4603
