Desde hace años, paseo habitualmente por el centro de la ciudad en la que resido y vengo comprobando cómo ha cambiado el perfil de las mujeres que viven en situación de prostitución. Es un hecho social, consustancial a la sociedad en dónde se inscribe. Sus formas de manifestarse y quiénes la desempeñan varían en función del momento histórico en el que centremos la atención.
En Europa existen cuatro enfoques legales para regular o prohibir la prostitución, en función de si se penaliza al cliente, a la persona que la ejerce o a terceras personas. El primero es el modelo abolicionista, propio de los países nórdicos (Suecia, Noruega, Islandia, además de Francia e Irlanda). Busca erradicar la prostitución por considerarla una forma de violencia y explotación. Despenaliza a la persona que la practica y castiga al proxenetismo y a los clientes. El segundo es el regulacionista o de legalización (Alemania, Países Bajos, Austria, Suiza y Grecia) que la plantea como una actividad económica formal sujeta a impuestos y controles de orden sanitario. Autoriza desempeñarla individualmente o en prostíbulos y la prohíbe sin licencia en zonas indebidas y/o sin controles sanitarios. El tercer modelo es el despenalizador (Nueva Zelanda y Bélgica), que aprueba el trabajo sexual consentido entre personas adultas y no el forzado, la explotación de menores y el proxenetismo. Por último, el modelo abolicionista (España e Italia) que reconoce el intercambio de sexo por una transacción económica y no suscribe el obtener beneficio crematístico con la prostitución ajena y el lucro en locales con este fin.
En España, desde inicios de los años ochenta del siglo XX hasta mediados de los noventa, buena parte de las mujeres prostitutas eran jóvenes consumidoras de sustancias psicoactivas, que recurrían a esta “ocupación” como medio para financiar su adicción. También había mujeres que respondían a una caracterología más tradicional, algunas de ellas de edad avanzada (actualmente se siguen viendo en zonas tradicionales de prostitución callejera). Junto a las anteriores, meretrices ocasionales, amas de casa, que la ejercían esporádicamente (sin el conocimiento explícito de sus familias y sus esposos) contribuyendo económicamente al bienestar familiar. A finales de los años noventa y primeros años del siglo XXI los perfiles cambiaron debido al surgimiento de mafias internacionales dedicadas a la explotación sexual, que captaban a mujeres y jóvenes, incluso a menores en sus países de origen, enviándolas bajo engaños al mundo desarrollado, con deudas de viaje tan elevadas que se convertían/convierten en esclavas sexuales.
El estudio más amplio realizado en nuestro país sobre tan compleja realidad fue presentado en septiembre de 2024 por la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Metodológicamente se fundamenta en la información obtenida de 654.000 anuncios en webs y otros soportes digitales. Empleó además de la IA los Big Data. Se identificó a 114.576 mujeres que se anunciaban en estas plataformas, detectándose que 92.496 eran susceptibles de estar en riesgo de trata, y 9.000 en riesgo muy elevado.
Por edades, el 28% de las mujeres en situación de prostitución tenían entre 18 y 24 años; el 32% entre los 25 y 36 años; el 7% entre los 37 y 45 años y el 1,6% de 45 en adelante. Si bien el 31% de los anuncios no referenciaban este dato. En su mayor parte eran latinas (51%), seguidas de las europeas (16%), no disponiéndose de informaciones en cuanto al 29% restante. Respecto a las nacionalidades, el primer puesto lo ocupaban las colombianas (28%) a distancia de las españolas (13%), las brasileñas y venezolanas (con un 5% en ambos casos). Baleares era la comunidad con la mayor tasa de mujeres en situación de prostitución (121 mujeres por cada 10.000 mujeres mayores de edad), a continuación, Cataluña (103), Valencia (73) y Cantabria (73) (la media nacional ascendía a 56). Concretamente, se consignaron en Cataluña 34.759, en Madrid 20.549, en Valencia 16.314 y en Andalucía 9.026. Fuera de esta prospección quedaron las que no hacen uso de webs para publicitarse.
Como vemos no es tarea sencilla cuantificar en España a las mujeres que desempeñan esta “actividad” a consecuencia de su invisibilización legal. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística (INE) no dispone de un censo oficial, estimándose desde esta entidad que aportan una cifra en torno a los 4.100 millones de euros anuales (0,35 % del PIB nacional).
En su mayoría son mujeres de las que se benefician grupos criminales que vulneran los derechos humanos, obligándolas a prostituirse bajo condiciones indignas y sometidas a los deseos de clientes sin escrúpulos, que llegan al punto de maltratarlas e incluso arrebatarles la vida (Mabel Lozano, ganadora de un Goya, ha grabado varios cortometrajes que muestran semejantes ignominias). En otros casos, alejadas de vínculos con las mafias, se inician empujadas por necesidades económicas o por estar inmersas en procesos de exclusión social de extrema intensidad.
Con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños (23 de septiembre) el Gobierno de España aprobó una declaración institucional (2023), en donde se reafirma sobre la igualdad plena entre mujeres y hombres y la eliminación de cualquier forma de violencia contra las mujeres, niñas y niños, particularmente contra la explotación sexual y la trata de seres humanos. Califica la trata como “la esclavitud moderna” al utilizar a las personas y los grupos con mayores vulnerabilidades como mercancías (de hecho, el 97,6% de las víctimas son mujeres y niñas).
Relevante al respecto será la tramitación parlamentaria del Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la explotación de seres humanos, que además de cuestiones relativas a la prevención y la sensibilización pública sobre una problemática de tal envergadura, centra su atención en establecer procedimientos eficientes que permitan identificar a las víctimas y ofrecerles la asistencia profesional necesaria para salir del círculo vicioso en el que se encuentran.
La exposición de motivos deja claro que se trata de un asunto que exige una ley efectiva y ágil:
“La trata de seres humanos es un delito muy grave con fuertes vinculaciones con el crimen organizado y que presenta una dimensión global. Pero la trata es un fenómeno que trasciende a todo ello. En primer lugar, se vincula a gravísimas vulneraciones de derechos humanos: las víctimas de trata son instrumentalizadas, privadas de su dignidad, y convertidas en meros engranajes del sistema productivo con el solo propósito de obtener beneficios económicos y que afectan de manera muy particular a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. En segundo lugar, y en íntima conexión con lo anterior, la trata y la explotación de seres humanos a ella vinculada constituyen un gigantesco negocio a nivel global. Esta dimensión económica – frecuentemente ignorada- resulta esencial para abordar su regulación”.
Esperemos acabar con una lacra de tan hondo alcance, que ocasiona tanto y tanto sufrimiento entre las mujeres, jóvenes y niñas más desfavorecidas y empobrecidas que se ven envueltas en procesos denigrantes que las reducen a meros “objetos” de compra y venta.
¹ Véase, Anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos
