El abogado penalista zuliano, Juan Pablo Montiel Almeda, denunció públicamente presuntas irregularidades estructurales dentro del sistema de justicia en el estado Zulia. Aseguró haber documentado durante más de un año actuaciones vinculadas a retardo procesal, distribución irregular de causas, violaciones al debido proceso y presuntas desviaciones institucionales.
El abogado penalista Juan Pablo Montiel Almeida ofreció este viernes 22 de mayo una extensa rueda de prensa en la ciudad de Maracaibo, donde denunció públicamente presuntas irregularidades estructurales dentro del sistema de justicia en el estado Zulia y anunció que este lunes consignará formalmente ante la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional una serie de pruebas y documentos que, según afirmó, fueron recopilados durante más de un año de investigación y verificación jurídica.
La actividad se realizó en la sede de Law Consulting de Venezuela y contó con la presencia de periodistas, corresponsales judiciales, abogados, familiares de privados de libertad y ciudadanos interesados en la situación actual del sistema judicial venezolano.
Durante su intervención, Montiel sostuvo que Venezuela atraviesa un momento de profundo debate nacional sobre el sistema de justicia, haciendo referencia a recientes declaraciones públicas de altas autoridades del Estado venezolano sobre corrupción judicial, retardo procesal y la necesidad de una transformación profunda del Poder Judicial.
El país escucha diariamente hablar sobre corrupción judicial, mafias dentro del sistema y la necesidad de depuración institucional. Precisamente por eso hoy decidimos hablar, porque creemos que lo que ocurre en el estado Zulia refleja una realidad que debe ser revisada profundamente, expresó.
No vengo a especular, vengo con pruebas
El abogado afirmó que durante más de un año se dedicó a recopilar documentación, cronologías, actuaciones procesales, decisiones judiciales, registros de distribución, actas, sellos, horarios y expedientes que, a su juicio, evidencian patrones repetidos de funcionamiento irregular dentro del circuito judicial penal zuliano.
Durante la rueda de prensa fueron exhibidas varias cajas con documentación que, según indicó, contienen los soportes probatorios que serán entregados formalmente este lunes ante la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional para solicitar investigaciones institucionales.
No vengo aquí a especular. Como abogado tengo la obligación de hablar con pruebas, con actuaciones verificadas y con documentos oficiales. Todo lo que estamos denunciando está sustentado en actas, sellos, cronologías, registros y actuaciones procesales, afirmó.
Montiel aseguró que deliberadamente decidió no revelar números de expedientes ni exponer públicamente documentos reservados, argumentando que existen investigaciones en curso y que su intención es promover una investigación seria, profunda y responsable.
Circuito Judicial del estado Zulia.
Denuncias sobre funcionamiento del sistema judicial
Entre las situaciones denunciadas públicamente, el abogado mencionó presunto retardo procesal selectivo, distribución irregular de causas, centralización excesiva en decisiones judiciales, formalismos extremos para admitir recursos, barreras económicas para acceder a la justicia, diferimientos reiterados de audiencias, uso de mecanismos no previstos expresamente en la ley, presuntas violaciones al debido proceso y actuaciones procesales contradictorias.
Según explicó, existen casos documentados donde escritos judiciales habrían sido recibidos directamente por tribunales específicos sin pasar por los mecanismos ordinarios de distribución aleatoria.
También denunció que presuntamente se han utilizado supuestas fallas eléctricas o problemas del sistema para justificar asignaciones directas de expedientes.
El sistema de distribución debería ser aleatorio a través del sistema Iris, pero tenemos documentadas situaciones donde se levantan actas de distribución directa alegando fallas eléctricas, mientras simultáneamente las planillas aparecen impresas, con horarios y actuaciones procesadas en computadora, señaló.
Asimismo, aseguró haber documentado casos donde actas de juramentación de abogados defensores habrían sido emitidas antes de que existiera formalmente el escrito de nombramiento correspondiente.
Críticas a la centralización judicial
Uno de los puntos centrales de la exposición estuvo relacionado con la presunta centralización excesiva dentro del sistema judicial penal zuliano.
Montiel afirmó que actualmente numerosos trámites judiciales dependen de autorizaciones superiores, incluso para actuaciones ordinarias como recepción de escritos o emisión de copias simples.
Hoy prácticamente todo debe consultarse con presidencia. Usted presenta un escrito y le dicen: ‘hay que consultar’. Solicita copias y responden: ‘presidencia no ha autorizado’. Incluso audiencias son suspendidas porque supuestamente Caracas no ha respondido, denunció.
Según indicó, esta situación estaría generando retrasos permanentes, incertidumbre procesal y obstáculos para abogados y ciudadanos.
La pobreza no puede ser la antesala de la prisión
El abogado insistió en que las principales víctimas del deterioro institucional son los ciudadanos de menos recursos económicos.
La persona con dinero todavía puede viajar a Caracas, contratar especialistas, acudir al Tribunal Supremo de Justicia y ejercer recursos extraordinarios. El ciudadano humilde queda atrapado dentro del sistema, expresó.
Montiel cuestionó además el costo económico de las copias certificadas exigidas en numerosos procedimientos judiciales, asegurando que existen expedientes de miles de folios cuyo acceso resulta prácticamente imposible para familias humildes.
La pobreza no puede seguir siendo la antesala de la prisión, manifestó durante la rueda de prensa.
Casos humanos y retardo procesal
Durante el encuentro también fueron expuestos casos relacionados con retardo procesal y afectaciones humanas derivadas de procesos penales prolongados.
Montiel mencionó el caso de un ciudadano que, según afirmó, lleva siete años privados de libertad y actualmente enfrenta su séptimo juicio tras múltiples reinicios, suspensiones e interrupciones procesales.
Eso deja de ser simplemente un problema jurídico y se convierte en destrucción humana. Hay familias destruidas, hijos creciendo sin sus padres y personas perdiendo años enteros de su vida, afirmó.
También estuvo presente la ciudadana Marlene De Los Angeles Ovea Vilchez, esposa de Alexander Valencia, quien relató la situación de salud y espera judicial que atraviesa su familia debido a la demora en respuestas institucionales.
Señalamientos sobre intereses económicos
Otro de los aspectos abordados por el abogado fue la presunta diferencia de tratamiento entre procesos relacionados con ciudadanos humildes y causas vinculadas a importantes intereses económicos y empresariales.
Según sostuvo, existen procesos donde las audiencias y decisiones avanzan con rapidez, mientras otros expedientes son suspendidos o paralizados reiteradamente.
No puede existir una justicia rápida para condenar al pobre y una justicia lenta para proteger intereses poderosos, expresó.
También cuestionó la forma en que, presuntamente, se manejan las estadísticas judiciales y la ejecución del denominado Plan Antidiferimiento.
Solicitud de investigaciones institucionales
Montiel anunció que solicitará formalmente ante la Asamblea Nacional que sean escuchados abogados, ciudadanos, funcionarios y operadores judiciales, así como la apertura de investigaciones institucionales sobre las situaciones denunciadas.
Aclaró igualmente que sus declaraciones no constituyen un ataque generalizado contra todos los jueces y funcionarios judiciales, señalando que muchos operadores de justicia también serían víctimas de presiones y limitaciones internas.
Muchos tienen miedo
Durante la parte final de su intervención, el abogado afirmó que numerosos abogados y usuarios del sistema conocen estas situaciones, pero no denuncian públicamente por temor a represalias.
Muchos no hablan por miedo a que les paralicen expedientes, les retrasen causas o les cierren aún más las puertas del sistema judicial. Ese miedo existe y todo el estado Zulia sabe que existe, aseguró. Montiel afirmó que decidió asumir públicamente esta denuncia con fe en Dios y en que la verdadera justicia debe prevalecer por encima de cualquier interés económico o presión.
Finalmente, anunció que ofrecerá apoyo jurídico gratuito a ciudadanos humildes que consideren vulnerados sus derechos dentro del sistema judicial y aseguró que llevará estas denuncias hasta las últimas consecuencias institucionales.
Osman José Rojas – Versión Final
