Cuando los miembros de una comunidad política comienzan a experimentar una erosión silenciosa y gradual de su voluntad nos encontramos frente a un peligro latente de la humanidad que se sintetiza en la incapacidad para dar respuestas colectivas ante los urgentes problemas. Es una actitud de pasividad y miedo que terminan de hipotecar el futuro de una nación.
Este proceso no surge como una ruptura violenta, sino paulatinamente, producto del miedo que se induce desde los propios dispositivos institucionales (escuela, gobierno, medios de comunicación, espacio laboral, partidos políticos, ente otros) para moldear y dictar la conducta colectiva.
Evidentemente, esa pusilanimidad presenta diversas señales críticas, tales como el triunfo de la autocensura: los individuos dejan de decir lo que piensan, no por respeto, sino por temor a las consecuencias sociales, legales o laborales. Otro indicador es la prioridad de la “paz” sobre la justicia: se opta por ignorar un atropello con tal de llevar “la fiesta en paz” y no meterse en problemas.
También ese fenómeno conlleva a que los ciudadanos se refugien en el anonimato, renunciando a su responsabilidad individual y autonomía. Paralelamente, se produce una normalización de la anomalía que resulta grave porque las conductas éticamente inaceptables y abusos de poder dejan de causar indignación en la gente. De manera que la sociedad se vuelve apática y se acostumbra a vivir en la degradación moral.
Pero el problema va más allá. El grupo social, en lugar de apoyar a quien cuestiona lo injusto, se vuelve inquisidor, lo acusa, se burla de él y lo aísla para no verse “salpicado” por su “irreverencia”. Es un entorno que castiga la disidencia y premia la quietud, el silencio y hasta la mediocridad institucionalizada. De esta manera la sociedad se paraliza, pierde competitividad y rehuye a los desafíos de la vida diaria.
En términos generales, la sociedad pusilánime corre el riesgo de convertirse en una masa dócil, manipulable e incapaz de defender sus propios valores. Tal situación va a permitir el desapego a los valores democráticos y, en consecuencia, el avance del autoritarismo como forma de hegemonía y liquidación de las libertades públicas. Una ciudadanía que no se atreve a disentir e interpelar la realidad termina cediendo sus derechos fundamentales a cambio de una “paz ficticia” que corroe todo el tejido social y la dignidad humana.
