Próximos a la audiencia oral ante la Corte Internacional de Justicia el 4 de mayo, la reclamación por el Esequibo toca la fibra más sensible de la política exterior venezolana contemporánea.
La transición desde una posición de no reconocimiento, no comparecencia (o comparecencia bajo protesta) sostenida por la anterior administración de Nicolás Maduro, manifiesta públicamente por sus ministros de Relaciones Exteriores y por las comisiones asesores en defensa del Esequibo; un cambio de estrategia y una defensa técnica y jurídica (eficaz y eficiente) ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), representaría, en efecto, un giro de 180 grados del cuestionamiento politico contra las instancias multilaterales, como ha sido la política oficial durante los últimos años, visto en las denuncia a la CIDH, CIADI, CAN y del tratado de Roma aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre pasado.
Los elementos claves de este debate jurídico y estratégico parten del dilema de la jurisdicción vs el fondo del asunto, los cuales ya han sido planteados en anteriores artículos, en este mismo medio y en otros foros académicos.
Históricamente, la estrategia de rechazar la jurisdicción de la Corte se ha basado en la premisa de que Venezuela solo reconoce el Acuerdo de Ginebra de 1966, como la única vía para una solución amistosa con Guyana. Sin embargo, una vez que la CIJ se declaró competente en 2020, necesariamente la Casa Amarilla ha tenido y debido revisar el desconocimiento del máximo tribunal internacional a riesgo de caer en contumacia. Mantenerse al margen no detiene el proceso, la Corte puede dictar sentencia basada en los argumentos de una sola parte, en este caso Guyana. La no participación o no presencia colocaría a Venezuela en una situación de vulnerabilidad procesal. Los negadores de la competencia de la CIJ juegan políticamente y ponen en riesgo nuestra soberanía en el Esequibo.
En cambio, reconocer la realidad procesal permitiría presentar los títulos históricos (el Uti Possidetis Iuris), los catorce tratados internacionales que demuestran los derechos sobre el Esequibo y las pruebas de la nulidad del Laudo Arbitral de París de 1899, que es el núcleo del litigio.
El Esequibo no son solo los 159.000 km2, sino una cuestión de soberanía, seguridad nacional y de integridad territorial, por lo que debe defenderse con base en el DIP y no con slogans populistas como “El sol de Venezuela nace por el Esequibo” o medidas populistas como lo fue el referéndum para la creación del estado Guayana Esequiba, los cuales ciertamente han tenido su efecto político interno. Sin embargo, en el ámbito del Derecho Internacional Público, su eficacia es nula de nulidad.
La CIJ y la comunidad internacional se rigen por: tratados vigentes, evidencias cartográfica, pruebas y documentos históricos y por el ejercicio efectivo de la jurisdicción previo a la disputa. Los errores y las equivocaciones en materia territorial marcan históricamente el legado de los gobernantes.
A nuestro modo de ver, continuar con la tesis del no reconocimiento de la CIJ sería un salto al vacío jurídicamente e irreparable, como el que se cometió con el tratado Borges-Lopez Mesa del año 1939, cuando diferencias políticas y rencillas personales con el presidente López Contreras condujeron a su cuestionamiento y a la negociación y firma del tratado de 1941, que le dio acceso a Colombia, a las aguas de Venezuela en el Golfo de Venezuela.
La mención anterior al Tratado de 1939, bajo el gobierno de López Contreras, es una invitación a la señora Delcy Rodríguez para que desista de las estrategias fallidas y, en cambio, articule una defensa jurídica sólida que detenga las pretensiones de Guyana sobre el Esequibo y, por ende, de la delimitación marítima (clave en este momento por los recursos petroleros).
En este último caso, el rédito político sería incuestionable para el gobierno interino. La Sra. Rodríguez podría pasar a la historia, si logra en poco tiempo lo que no logró la comisión mixta durante cuatro años de negociación, ni lo alcanzaron 30 cancilleres y 9 presidentes en 60 años.
Por el contrario, un fallo adverso por falta de voluntad política, complacencia con otras dictaduras caribeñas y una defensa técnica y jurídica inadecuada convertirían a Sra. Rodríguez, como encargada de la Presidencia y responsable de la conducción de la política exterior, en la responsable histórica por la pérdida definitiva de nuestro Esequibo.
Pasar de la retórica política populista a la defensa jurídica requiere un equipo de expertos internacionalistas y abogados de primer nivel que puedan rebatir los argumentos de Guyana sobre la validez del Laudo de 1899. La “defensa con base a derecho” no implica renunciar al Acuerdo de Ginebra, sino utilizar las herramientas del tribunal para demostrar que dicho Acuerdo sigue siendo la única vía efectiva, en estos momentos, para poner fin al litigio.
En razón de los argumentos antes expuestos, recomiendo a la Sra. Delcy Rodríguez como encargada de la Presidencia, en aras de contribuir a la solución de este problema centenario, rectifique las posiciones anteriores y considere un cambio de visión ante el problema y de estrategia ante la Corte, y así se puedan superar los escollos, erradas medidas y políticas que nos han colocado en una posición de desventaja frente a una Guyana empoderada jurídica y políticamente por el apoyo de las transnacionales del petróleo.
