Recordó que cualquier actuación institucional debe desarrollarse con apego a los derechos humanos y a los principios de imparcialidad.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón manifestó este viernes preocupación por denuncias recibidas en las últimas horas sobre una presunta situación en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en el estado Miranda, donde hay detenidas por razones políticas.
Resulta sumamente alarmante la información que en las últimas horas ha surgido desde el INOF. Nos han informado que personas que se presentaron como funcionarios vinculados a la Asamblea Nacional habrían realizado una visita al centro penitenciario en gestiones de verificación de la aplicación de la ley de amnistía. Lo que debía ser un procedimiento institucional orientado a revisar situaciones jurídicas y garantizar derechos habría derivado, según estos reportes, en un episodio profundamente perturbador para las mujeres privadas de libertad por razones políticas, señaló la organización a través de un comunicado en su red social X.
Durante estos encuentros -según la oenegé- algunas apresadas habrían sido confrontadas como si fuesen culpables de delitos y presionadas para admitir responsabilidades o señalar a terceros como supuestos responsables a cambio de una eventual liberación o, en su defecto, resignarse a cumplir las penas que les fueron impuestas
La oenegé advirtió que de confirmarse esas denuncias, se trataría de una situación grave que afecta a personas en condición de vulnerabilidad, además de contradecir el espíritu de cualquier proceso de amnistía o revisión judicial, generando angustia, miedo y un daño emocional.
Recordó que cualquier actuación institucional debe desarrollarse con apego a los derechos humanos y a los principios de imparcialidad.
Recordamos que toda actuación institucional debe regirse por principios estrictos de respeto, imparcialidad y respeto a los derechos humanos. Los procesos vinculados a la amnistía deberían contribuir a aliviar tensiones, reconocer violaciones y abrir caminos hacia la reconciliación nacional. Cualquier práctica que implique intimidación, criminalización o chantaje moral no solo vulnera derechos fundamentales, sino que además socava la confianza necesaria para avanzar hacia una verdadera superación del conflicto, expresó.
El Nacional
