Normas capitalistas hechas por socialistas.
Reforma de la ley
Con fecha 29 de enero de 2026, la Asamblea Nacional, sancionó la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, mediante la cual, según Brewer, “definitivamente, se puso fin, a la política de estatización de dicha industria y comercio de los hidrocarburos, decretada a partir de 2006, y que caracterizó la política de participación exclusiva del Estado en la industria desarrollada durante los últimos veinte años”, con lo cual el régimen demostró que sus condenas a la política petrolera anterior a Chávez y Maduro, era sencillamente para destruir una obra jurídica y técnica de la Democracia, lo que por supuesto les duró hasta el presente año.
Sofisma argumental
En el año 2004, el presidente + de aquel entonces, anunció con aires de intelectual o experto petrolero que, Venezuela _“asumiría la plena soberanía petrolera”_, con lo que intentó minimizar la nacionalización de la industria petrolera realizada el 1° de enero de 1976, por el Presidente Carlos Andrés Pérez, lo que puede catalogarse también, como otra agresión contra una política institucional, que respetó los intereses económicos de las empresas petroleras estadounidenses, que de manera justa y oportuna fueron indemnizadas, sin que el país confrontara demandas mil millonarias, como sí, ocurrió con este régimen.
Verdadera intención
Por supuesto que, el ejercicio de esa fulana soberanía petrolera, no fue más, que un cliché para estatizar férreamente la industria, y poder de esta manera tomar plenamente un control partidista sobre la misma, expulsar a meritorios profesionales, que habían colocado a la empresa entre las más eficientes del mundo y, de esta manera poder financiar los programas clientelares denominados misiones, con lo que –pdvsa- se convirtió en el brazo económico de la revolución, su caja chica, y negar además la posibilidad del ejercicio de la libertad económica a empresarios, dedicados a esta actividad tal como lo establecía la Ley de Nacionalización.
El harakiri
PDVSA se convirtió igualmente en un arma estratégica para expandir la revolución, se regalaba, donaba o se bajaban los precios del barril de petróleo, para conquistar este delirante objetivo político, a la par se sucedieron _“arbitrarias expropiaciones”_ contra Conoco Phillips, Exxon y Repsol entre otras transnacionales. Hoy en día, producto de aquellos actos arbitrarios, se tiene conocimiento de deudas mil millonarias con esas y otras empresas, que reclamaron judicialmente en suelo estadounidense las respectivas indemnizaciones, que en el caso de la empresa “Conoco” llega a *34. 113 millones de dólares*, siendo el primer acreedor del país.
Llegaron a lo mismo
Por aquellos tiempos se consideraba que, la nacionalización había entregado el petróleo a empresas estadounidenses, bajo condiciones desfavorables, concretamente se cuestionaba el Artículo 5° de la _“Ley Orgánica que Reservaba al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos”, (1975)_ que permitía al Ejecutivo Nacional celebrar *convenios de asociación*, con entes privados para la exploración, explotación y refinación, garantizando siempre el control estatal, una duración determinada y la previa autorización del Congreso, lo que ahora con la reforma a la ley de 2006, retorna cual _boomerang,_ pero sin autorización legislativa.
Privatización
Con la nueva Ley de Hidrocarburos, se ha introducido en el negocio petrolero, una palabra que era _“despreciada”_ por los voceros del sistema político imperante, y esa era la de _“privatización”_ tal como se había ideado en el año de 1976, para permitir la realización de Convenios Operativos, con empresas estadounidenses o de otros países en la _“búsqueda, extracción, manejo inicial y transporte de hidrocarburos”_, con la exigencia sí, de que sus domicilios sean Venezuela, tal vez, para efectos tributarios y tecnológicos, porque de manera excepcional la ley estableció que la resolución de conflictos entre las partes, se hará ante la jurisdicción de EEUU.
Estas actividades presentes nuevamente en el negocio petrolero, son un indicador fehaciente, de la deficiente labor que, venía cumpliendo la empresa petrolera estatal, y que ahora pasará a ser reforzada con nuevas inversiones que vendrán a fortalecer el músculo financiero de la economía del país, e igualmente la transparencia, honestidad y eficiencia, lo que ha llevado al Secretario de Energía de los Estados Unidos a declarar que, con el aumento de la producción petrolera y los mayores ingresos a recibir por el país, se podrán aumentar los sueldos de nuestros trabajadores, lo que, por muchos años, no ha hecho el régimen imperante.
Si o si
De otra parte, quienes tanto han hablado de _“soberanía”_, ven ahora como les tocó aprobar una ley que, incluye dentro de su conglomerado normativo, la figura del _“arbitraje_”, para generar confianza y atraer inversión, cuando antes se rechazaba vehementemente que, un tribunal extranjero decidiera por razones ideológicas y no de conveniencia nacional, sobre las diferencias con las empresas petroleras extranjeras. Paradójico también resulta que, hayan retirado al país del _“Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones”_, mediante arbitraje, para tener que aceptar el de los tribunales del imperio.
Necesaria transparencia
Otro hecho clave, con la sanción y publicación de la Ley de Hidrocarburos de 2026, es que se sustituye el manejo oscuro de los contratos petroleros, pues los inversionistas privados así lo exigen, sobre todo para que, las responsabilidades y beneficios de sus representadas queden claramente establecidas y registrados los títulos habilitantes para desempeñar las actividades primarias del negocio y evitar así, _“la excesiva discrecionalidad”_ de los jerarcas del poder, que asignaban campos petroleros a su real saber, entender o intereses; destacándose igualmente que, los ingresos generados para Venezuela por el negocio, serán resguardados en EEUU.
Entonces, la necesidad de transparencia es vital para que, el negocio avance y permita al país superar los múltiples problemas que confrontamos. Se necesitan atraer miles de millones en capitales, sean dólares, euros o monedas con valor en el mercado financiero, en los próximos años, las grandes empresas petroleras transnacionales han dejado claro que, que no invertirán en marcos legales que no sean auditables, o que dependan de decisiones arbitrarias de quienes por años las han practicado, y a tal fin, también se prevé la creación de una plataforma digital, para que los ciudadanos estemos enterados de las rendiciones de cuentas.
Regresión tributaria
Llama la atención, en la Ley de Hidrocarburos de 2026, que la misma contiene mecanismos, para _reducir el pago de regalías_ de las empresas transnacionales, con lo cual políticamente se configura otra rendición de los jerarcas del régimen dominante, a fin de permitir, que vengan la mayor cantidad de inversoras capitalistas a apuntalar el negocio petrolero que ellos arruinaron, o sea que, también les ofrecen incentivos, en donde solo podrán recibir, hasta el 30% de pagos por regalías, lo que por supuesto está muy por debajo del famoso fifty-fifty, que tasaba en cincuenta por ciento (50%) la ganancia del Estado venezolano en regalías. 1948.
Desestatizar
En definitiva, recalca el profesor Brewer Carías, la ley busca propiciar _“fórmulas asociativas que potencien la capacidad técnica y financiera, necesarias para el aprovechamiento de los recursos_,” _ampliando el “mecanismo de gestión de las empresas mixtas y la creación de nuevas modalidades de participación privada_,” con lo cual se pasa de una gestión, reservada al Estado, a una gestión, en la cual la empresa privada va a tener un papel preponderante e influyente, dado que, *“el capital privado*, _jugará un papel decisivo, bajo la supervisión del Estado,” pero el control de la gestión petrolera, estará en manos de empresas privadas o mixtas.
