En Venezuela hay delitos que se investigan con el Código Penal y otros que se “resuelven” con una bolsa plástica, una cena y un juez a la medida. El caso de los hermanos Guevara pertenece a esa segunda categoría: la justicia como escenografía y el castigo como mensaje.
Juan Bautista Guevara Rodríguez, Rolando Jesús Guevara Pérez y Otoniel José Guevara Pérez llevan más de dos décadas encarcelados por el asesinato del fiscal Danilo Anderson (18 de noviembre de 2004), convertidos en piezas de museo de un sistema que confunde condena con trofeo. Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó el 19 de enero de 2026 no fue una opinión: fue una sentencia que ordena su liberación inmediata y reconoce lo que el Estado intentó sepultar con sellos y expedientes: desapariciones forzadas en noviembre de 2004, torturas físicas y psicológicas, y un proceso penal viciado hasta el extremo de configurar “cosa juzgada fraudulenta”, lo que implica la nulidad de sus efectos.
La secuencia, por desgracia, es familiar. Primero la desaparición breve —pero decisiva—, el silencio oficial, la negación del paradero. Luego la “legalización” tardía y el relato obligatorio: confesiones arrancadas donde la verdad se mide por la resistencia del cuerpo. Y después, la rutina del archivo: el Estado incumple el deber de investigar la tortura y el sistema judicial aprende a no ver. Todo muy pedagógico: no se trata solo de castigar a tres hombres, sino de advertir a los demás.
En agosto de 2025, cuando ya eran de los presos más antiguos y simbólicos, varias ONG denunciaron su traslado arbitrario desde El Helicoide sin notificación a familiares ni defensa, con información opaca sobre su ubicación: ese maltrato institucional que en Venezuela se disfraza de “procedimiento”.
Ahora bien: el contexto ha cambiado, al menos en la propaganda. Desde el 8 de enero de 2026 el chavismo reactivó excarcelaciones que se presentan como gesto político, con cifras que varían según quién las cuente y con un rasgo constante: la falta de transparencia y las restricciones que convierten la libertad en libertad condicional de facto. En esa puesta en escena —liberar para “bajar la tensión”, liberar para “abrir un clima”, liberar para sugerir un eventual encuentro entre sectores políticos— la liberación de los hermanos Guevara no debería ser una promesa ni un rumor: debería ser una realidad inmediata. No porque convenga al guion del diálogo, sino porque lo exige una sentencia internacional y porque lo impone el mínimo sentido de decencia jurídica.
La pregunta, entonces, no es si el Estado “quiere” liberar. La pregunta es si seguirá usando la libertad como moneda de negociación interna, como gesto unilateral que se aplaude un día y se revoca al siguiente. Porque en Venezuela la excarcelación suele venir con bozal: prohibiciones de declarar, de movilizarse, de salir del país; un permiso de respirar con el sello del poder.
Excarcelen a los hermanos Guevara. Sin regateos, sin cautelas teatrales, sin convertirlos en ficha de mesa. Y que su salida no sea otro capítulo del cinismo nacional, sino la constatación de una verdad incómoda: cuando un Estado tortura para condenar, el preso no es culpable; es prueba viviente del crimen.
@humbertotweets
