Uno de los episodios más tristes y lamentables de nuestra historia reciente es la guerra decretada contra todo tipo de organización ciudadana. Instituciones creadas por la gente con fines legales, económicos, educativos, culturales, sanitarios, artísticos y todo aquello que la creatividad humana pueda aportar, crear, para favorecer a la gente en su diario vivir, para organizar, enriquecer las ciudades, aportar conocimientos y productos para mejorar la vida de las comunidades.
Las reuniones sociales, en cualquier casa, en cualquier encuentro familiar, se convierten en un sitio de anécdotas de los pesares y las vicisitudes que tuvo que atravesar un jefe de familia cualquiera para lograr comprar o vender un nuevo domicilio. Para lograr ese objetivo las personas tienen que someterse a la dictadura de los Registros Públicos, instituciones que tienen el poder discrecional de imponer costos inauditos al aspirante a negociar su vivienda o alguna otra propiedad. Son ampliamente conocidas las peores oficinas de Registro, una señalada entre la ciudadanía como la peor de todas es la que dirigía una familiar de la primera dama de la República en El Cafetal en Caracas. Los ciudadanos acudían a esta oficina sabiendo que serían sometidos a todo tipo de vejaciones, multas descomunales, trato vejatorio y todo tipo de calamidades para poder legalizar su existencia por parte de la institución teóricamente oferente de servicios al ciudadano. Los registradores, profundamente ideologizados, parecían poseer un poder sin límites, sin frenos ante los ciudadanos que solicitaban sus servicios.
Las instituciones creadas por el Estado para organizar, apoyar la formación de pequeñas empresas, centros de capacitación, suministro de servicios al ciudadano, un zapatero, un herrero, un vendedor de algún tipo de comestible, una librería, eran las autoras de las tropelías cometidas por los funcionarios miembros de instituciones creadas por el Estado con el fin aparente de apoyar su crecimiento. En la práctica las instituciones públicas sectoriales, nacionales, estadales, municipales se convirtieron en ejércitos depredadores cuyo fin era saquear las instituciones creadas por los ciudadanos en ejercicio de su libertad como ciudadanos.
Con estos propósitos se impone la Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, una propuesta de regular de manera uniforme las organizaciones pymes y otras en un total de diecisiete artículos que se centran en regular en función de la finalidad que persiguen estas instituciones, aclarando las potestades del Estado venezolano con relación a ellas y estableciendo un sistema de control que promueve la transparencia en su constitución, así como en el origen y destino de los recursos de las mismas.
Esta historia tendrá que escribirse, documentarse y enjuiciar como una de las peores iniciativas ejercidas desde el Estado por sus dirigentes y funcionarios. No nos asombremos cuando entremos algún centro comercial de la ciudad y veamos pisos completos de pequeños negocios clausurados, cerrados, sin posibilidad de prestar servicios al ciudadano como era su propósito original. Exprimir, saquear, robar a las organizaciones mediana y pequeñas, las cuales eran tratadas como si fueran grandes empresas, sin contemplaciones, ni valoración de su esfuerzo, tal como lo estipuló ese nefasto organismo llamado Saren, cuando eliminó la opción de registrar nuevas empresas bajo la figura de PYME en su sistema en línea, obligando a que todas se constituyan como compañías anónimas ordinarias, aunque las que ya estaban en trámite pueden continuar, implicando que ya no existen los beneficios fiscales y arancelarios especiales de las pymes, con implicaciones significativas para emprendedores y formalización empresarial . Este movimiento de Saren tiene profundas implicaciones en la economía ciudadana, entre otras
“El Saren (Servicio Autónomo de Registros y Notarías) es una institución fundamental del Estado venezolano, adscrita a la Vicepresidencia Ejecutiva, encargada de la seguridad jurídica mediante el registro y notarización de documentos públicos, mercantiles, de propiedad, legalización de títulos y trámites como creación de empresas y bienes inmuebles, garantizando la fe pública y modernizando sus servicios con plataformas en línea para trámites digitales” Contenido del decreto impuesto por Saren:
“Imposibilidad de registro bajo esa figura: Ya no es posible constituir una empresa seleccionando la modalidad de PYME en el portal web del Saren.
Registro como compañía anónima estándar: Todas las nuevas empresas deben registrarse como sociedades mercantiles comunes, usualmente bajo la figura de Compañía Anónima (C.A.), sin distinción por tamaño.
Fin de las exoneraciones: La principal consecuencia es que los trámites que antes estaban exonerados para las PYME (como la reserva de nombre, el registro de la empresa y el sellado de libros) ahora deben ser pagados, al igual que cualquier otra compañía anónima. Anteriormente, la constitución de PYME con un capital menor a 400 petros estaba exenta de pago de aranceles según un plan especial de 2020”.
Cuando se intenta hacer una lista de las instituciones del Estado socialista que aplican medidas coercitivas contras las iniciativas empresariales de los ciudadanos se cae en una lista interminable, los Registros Públicos, Seniat, las alcaldías, institutos sectoriales (a los cuales corresponda la pequeña empresa) Aviación, Acuática, agroalimentaria, educativa, sanitaria, etc.
Cuando se intenta explicar estas actuaciones de los organismos del Estado contra las organizaciones civiles de los ciudadanos se pueden vislumbrar algunas hipótesis, a cuál peor desde el punto de vista sociológico:
1. El giro represivo de las instituciones del Estado obedece al afán de concentración total. Esto supone que solo pueden existir las instituciones capaces de intervenir en la vida ciudadana creadas por el Estado con el fin de dar soporte a su sostenimiento y afianzar el poder total del Estado sobre la ciudadanía. Solo pueden sobrevivir las iniciativas que garantizan el poder del Estado sobre los ciudadanos. En otras palabras, se trata de la constitución de un Estado totalitario.
2. La cacería y explotación de las pymes y cualquier otro tipo de emprendimiento obedece a la quiebra económica del gobierno socialista incapaz de resolver las aspiraciones económicas de su inmenso funcionariado, generando como alternativa un pasaporte libre para exprimir a las organizaciones ciudadanas.
Abundan los comentarios de las multas de 10.000 y 20.000 dólares aplicadas a organizaciones, un panadero, taller mecánico, un centro de capacitación ciudadana, emprendimientos incapaces de responder a este brutal requerimiento. El castigo por el incumplimiento es el cierre de la empresa, sin atenuantes. Es recurrente el cuento de una pequeña empresa agrícola que pretendía instalar una bomba de agua para regar la superficie de siembra, a dicha organización el estado le aplicó una multa de 10.000 dólares bajo pena de paralización si había incumplimiento.
Las respuestas a esta tragedia que ha vivido la ciudadanía venezolana tendrán que ser buscadas, investigadas, valoradas, saber si es una condición para asentar el socialismo del siglo XXI, destruir todo tipo de iniciativa que no pueda estar vinculado a la imposición de una maquinaria estatal con poder concentrado total o si es una expresión más del fracaso total económico del intento de establecer una economía estatizada.
En realidad, la conclusión pueden ser una mezcla de ambas, el fracaso económico de la economía socialista y la pobreza generada por el intento de destrucción de la iniciativa ciudadana.
Nos queda hacia adelante, en el camino de libertad que ya comienza a vislumbrarse, plantear cuál será nuestra actitud frente a la valoración de los actos destructivos cometidos por las instituciones públicas y su funcionariado contra las organizaciones ciudadanas. Preguntarnos ¿por qué la extrema obediencia del funcionariado público, incapaz de negarse al cumplimiento de tareas destructivas ejercidas contra la libertad ciudadana?
¿Será necesario, imprescindible, emprender un proceso de reeducación civil de los millones de funcionarios implicados en esa vil tarea de destrucción del emprendimiento ciudadano?
Urgente realizar la revisión de la base jurídica creada para anular las pymes y otras pequeñas y mediana organizaciones civiles promulgadas para asegurar el sometimiento a los designios de un poder central totalitario.
Hoy podemos iniciar el camino de reconstituir una sociedad civil con libertad, Estado de derecho y bienestar.
