El presidente Donald Trump, al informar sobre la operación ejecutada por fuerzas de Estados Unidos el sábado 3 de enero para capturar a Nicolas Maduro, en Caracas, dijo textualmente: “Vamos a estar a cargo del país hasta que haya una transición importante, hasta que esté a salvo y seguro”. Reveló así una intención que excede en mucho los motivos alegados inicialmente para trasladar a territorio norteamericano a un genocida, usurpador del poder en Venezuela: presentarlo ante un tribunal para ser juzgado como un jefe del narcotráfico. Conviene analizar serenamente – en el contexto de la crisis venezolana – aquellas palabras del mandatario.
Nicolás Maduro fue, desde enero de 2013, un usurpador del poder cuyo titular tocaba designar al pueblo venezolano. Entonces asumió irregularmente la sucesión de Hugo Chávez. Después nunca ganó una elección. Los organismos competentes no admitieron los recursos contra su proclamación en abril de 2013. En 2018 la Asamblea Nacional (como parte de la comunidad internacional) denunció su “elección” y desconoció sus ejecutorias. En 2024, derrotado ampliamente por el independiente Edmundo González (67,1% a 30,7% según las actas oficiales), hizo anunciar otro resultado. Ante el rechazo al “fraude”, el dictador ordenó la represión: 23 personas fueron asesinadas y 1.263 (incluidos adolescentes) encarceladas. Miles debieron huir al exterior. Así, Maduro concluyó la destrucción de la democracia en Venezuela, iniciada por Chávez con su reelección indefinida, la ampliación de sus competencias, la militarización y la limitación de los derechos políticos. Le sucede Delcy Rodríguez, sin legitimidad (designada por quien no la tenía).
Nicolás Maduro, quien ya ha comparecido ante un juez norteamericano, está acusado de varios crímenes ante el Tribunal Penal Internacional. Fue un “tirano” (en definición griega) cruel, brutal. Durante su tiempo de mando los derechos y libertades de los ciudadanos fueron desconocidos. Casi 300 murieron en protestas; y 21 mientras se encontraban detenidos. Hasta un año atrás, 35.619 fueron asesinados por funcionarios armados (en “enfrentamientos con autoridades”). Por motivos políticos, cerca de 20 mil ciudadanos fueron encarcelados (muchos torturados) y alrededor de 9 mil están bajo medidas de control judicial. Se abolió la libertad de expresión. De más de cien diarios que eran, sólo circulan 3 y 233 emisoras fueron silenciadas. Los partidos de oposición fueron intervenidos y sus dirigentes perseguidos. Se exige “lealtad” a todos los funcionarios (incluidos los jueces y los oficiales militares y policiales). Se vigila permanentemente a todos los ciudadanos. Y hasta se revisa sus teléfonos portátiles.
Al contrario de lo que muchos piensan, el derecho internacional (y, específicamente, la Carta de las Naciones Unidas, la Carta Democrática de las Américas y textos similares) prevé la intervención de la Comunidad Internacional o los estados particulares en otro estado o entidad política, cuando es indispensable para lograr sus fines esenciales. La doctrina como la jurisprudencia e, incluso, tratados vigentes, la contemplan; y las nuevas tendencias jurídicas son favorables: de allí los conceptos del “deber de protección” o de la “jurisdicción internacional”. Deriva de la esencia del derecho, que implica la “coerción” (o empleo legítimo de la fuerza, que es propio de la norma jurídica para hacer exigible sus obligaciones y posibles sus preceptos). En verdad, el derecho internacional no existió mientras esa posibilidad no se reconoció. No es un conjunto de normas morales o sociales, sino jurídicas que se imponen por sobre la voluntad de personas y entidades.
Ahora bien, la intervención está expresamente regulada por normas internacionales. No se ejecuta en forma discrecional, sino conforme a un procedimiento previamente establecido y dentro de los límites que se fijan. Esto, con frecuencia y dada la composición de las organizaciones internacionales, entraba o impide la toma de decisiones, lo que provoca acciones unilaterales (especialmente por parte de las grandes potencias). Para justificarlas, durante la guerra fría, Estados Unidos y la Unión Soviética formularon “doctrinas” (discutidas siempre por otros actores). Pareció, después de los Acuerdos de Helsinki (y sus reformas), la caída del muro de Berlín y el Estatuto de Roma que el derecho internacional podía fortalecerse; pero al poco tiempo (guerra de los Balcanes, primavera árabe, anexión de Crimea) esa ilusión se disipó. Ante la inoperancia de la comunidad internacional, los más fuertes imponen su voluntad. Pero, eso mismo hace más evidente la necesidad de la regulación jurídica.
Si la intervención de alguna potencia en otros países es aceptada en ciertos casos, no ocurre lo mismo con la pretensión de “dirigir” o “manejar” el país objeto de ocupación. Es contraria al derecho de los pueblos a la autodeterminación. No está prevista en ninguna carta o tratado (salvo como resultado necesario y temporal de un mandato de intervención). Sin embargo, fue anunciado por D. Trump, sin precisar la forma de ejecución: ¿mediante un alto funcionario designado especialmente? En Japón correspondió, a través de la administración local, al gral. D. MacArthur (1945-1948). O ¿mediante el aparato administrativo existente, bajo tutela? Se ensayó en Alemania (1946-1949). La situación de Venezuela es inédita: hasta escribir estas líneas se mantiene la estructura gubernamental, cuya cabeza visible ha ofrecido “cooperar” (obedecer?) con Estados Unidos. El gobernante norteamericano ha encomendado los asuntos del caso a los secretarios de Estado y de Defensa ¿Podrá funcionar ese modelo?
A 196 años de la restauración republicana (1830) el estado ha perdido su autonomía de acción. Así culmina la “revolución bolivariana”. Días oscuros son estos últimos de la dictadura. Fuerzas extrañas ocupan el país: de Cuba, Colombia, Irán, Hezbolá; y ahora lo amenaza la potencia que fue su aliada y socio comercial principal. Todos los poderes públicos carecen de legitimidad: derivan de un fraude. Casi 90% de la población vive en pobreza y la cuarta parte (7,9 millones) emigró. Los servicios de salud y educación apenas funcionan (con graves limitaciones). Casi cuatro millones de niños están excluidos del sistema educativo. La infraestructura básica ha sido destruida. El pib cayó 86% desde 2013; y la producción petrolera no llega a 1 millón de b/d. El salario mínimo mensual es inferior a $1. La corrupción desvió en provecho de líderes del “proceso” millardos de dólares. Todos los indicadores revelan el huracán destructor.
Venezuela no es una “terra nullius”, tierra de nadie, inhabitada o abandonada (“derelictae”) por sus propietarios (como piensan algunos al mando en Caracas y en Washington). Por eso, creen que se puede “entrar a saco”. Es, más bien, para utilizar disposiciones del derecho romano “res publica”, es decir, en términos modernos, un estado. Por ser “communis”, no tiene ni puede tener dueño (o ser apropiada por alguien); y sus riquezas sólo pueden ser explotadas (con la participación de inversionistas extranjeros) en la forma que indiquen sus leyes. Se equivocó D. Trump al decir que ahora USA iba a recuperar el petróleo que “le habían robado” (en referencia a las expropiaciones de bienes de empresas norteamericanas en actividades de extracción). Ignora que, desde siempre, el petróleo es del estado; y que por tanto aquellas empresas sólo podrán exigir reparaciones por los daños que se les haya causado en sus operaciones.
Venezuela no es un estado “fallido”, como en mala hora lo definió Donald Trump. Lo demostraron los ciudadanos, cuando el 28 de julio de 2024 manifestaron pacíficamente, en forma masiva (al menos 12,5 millones), su voluntad de recuperar la soberanía popular. Se les ha impedido por la fuerza hacer realidad esa aspiración. No corresponde a otro estado o a la comunidad internacional negarla; más bien colaborar para que pueda cumplirse. Así, incluso, está establecido en normas vigentes (como la Carta Democrática de las Américas). Por eso, es inaceptable la pretensión de D. Trump de “hacerse cargo” (?) del país durante el período de transición. ¿Acaso para crear una nueva “democracia”? Puede si – con las “cartas” que tiene en mano – exigir medidas para mejorar la suerte de los venezolanos, como debe reconocerse ha hecho en relación con los presos políticos (liberados en parte el 8 de enero).
Pareciera que algunos en el gobierno de los Estados Unidos no reconocen la vigencia del derecho internacional. En todo caso, funcionarios muy influyentes, han tenido expresiones en ese sentido. Sería un rompimiento con el pensamiento que inspiró a los “Padres fundadores” hace ya 250 años. Entonces, como ahora, se reconoce la importancia del interés nacional como guía de la política exterior. Pero, su búsqueda o defensa debe hacerse siempre con sujeción a la ley. Lo contrario conduce a la anarquía, que causa grave daño no sólo a la comunidad internacional sino a aquellos mismos que la promueven.
Profesor Titular de la Universidad de los Andes (Venezuela) – X: @JesusRondonN
