Durante la primera mitad del siglo XX, salvo en el periodo de la República, en el que se acometieron medidas de alcance social con actuaciones igualitarias entre hombres y mujeres, las familias vivían bajo condiciones de gran dureza, en un contexto en donde la transmisión intergeneracional de pobreza era lo habitual. La guerra civil y la posguerra trajeron dolor, miseria, hambre… subsistiendo los más pequeños gracias a las cartillas de racionamiento y a los esfuerzos de sus progenitores por conseguir alimentos haciendo malabares con sus escasos recursos económicos. Los viejos del lugar de una ciudad como Madrid recuerdan el estraperlo que se hacía en la plaza de Atocha o en la zona de Legazpi y los intercambios de alimentos que se hacían en la plaza Mayor de tan insigne villa.
La severidad que vivieron aquellas generaciones fue cruenta, como fue el caso, y sirva como reconocimiento, de un mujer llamada Felisa que he conocido por el relato de su nieto Javier, quién representa a otras tantas miles, quien disponía de un pequeño terreno en el que cultivaba hortalizas en la villa de Móstoles (a más de veinte kilómetros de la capital) y que todas las semanas con su burrito emprendía un largo viaje desde las tres de la mañana hacia Madrid, dirección la plaza Mayor, en donde intercambiaba sus productos y regresaba a su casa al anochecer tras haber culminado su objetivo y recorrer, de nuevo a pie con su fiel amigo, tan larga distancia.
En los años sesenta y setenta del siglo XX la inmigración española hacia los países europeos, la llegada de las divisas de nuestros emigrantes, la entrada de turistas y las inversiones internacionales fueron motores que impulsaron nuestra economía y el cambio social. Se propició una transformación sin precedentes de nuestra sociedad situándonos, hoy en día, en el puesto 28 a nivel mundial respecto al índice de desarrollo humano (0,918). Fue en 1975, cuando falleció el general Franco, tras cuarenta años en el poder, dando paso a la transición política, que nos llevó a ser modelo y ejemplo de convivencia.
La democracia trajo consigo la libertad y el escrutinio internacional de un país que miraba al futuro con inmensa ilusión. Se impulsaron las inversiones y se produjo su desarrollo industrial, alcanzando la población un bienestar nunca conocido. Con el triunfo del gobierno socialista en el año 1982 se pusieron en marcha medidas sociales de profundidad y España en las décadas posteriores siguió avanzando hasta posicionarnos entre los más desarrollados del mundo.
Cuarenta años después, a pesar de los extraordinarios avances y logros que hemos coronado, la tasa de pobreza infantil (29,2%) es la más elevada entre los países de la Unión Europea (19,3% de media), le siguen Bulgaria (28,2%) y Rumanía (26,2%). En el otro extremo se encuentran Dinamarca (10,1%), Eslovenia (10,7%) y Finlandia (11,6%).
Según un informe de FUNCAS, hecho público hace un mes y titulado La pobreza infantil en España: evolución reciente y políticas detalla que el sistema impositivo y las transferencias reducen la pobreza infantil entre 1 a 2 puntos, a diferencia de otros países europeos (entre 4 a 8 puntos). Destaca que la diferencia de la tasa de pobreza en la UE-27 bajó en 2024 respecto a 2023 en 3,5 puntos (19,7% en España y 16,2% de media en la UE), además de que el riesgo de pobreza o de exclusión social entre los menores de 18 años alcanzó al 34,6% (24,2% en Europa). Observándose una brecha generacional al respecto, a consecuencia de que la diferencia entre los menores supera en 10 puntos a la de los adultos.
Entre las razones que se aluden para explicar esta coyuntura: los recursos insuficientes destinados a este sector social, particularmente entre los que viven en hogares por debajo del umbral de la pobreza; la problemática de la vivienda (déficit de viviendas sociales y de alquileres asequibles). No en vano si comparamos nuestros datos con los de otros países europeos, el promedio de vivienda protegida se sitúa en el 7% del total del parque de vivienda (en España el 2%), despuntando los países nórdicos y centroeuropeos (con porcentajes entre un 15% y 25%). Otra variable significativa se concreta en el nivel educativo de los padres, si bien un mayor nivel no es garante de una protección eficiente a diferencia de lo que acontece en otros países de nuestro entorno (la tasa de pobreza infantil con progenitores con educación básica alcanza el 18,9%, el 11% en la UE).
Por otro lado, la configuración del mercado laboral es per se un factor exclusógeno, debido a que en los hogares donde ningún adulto está empleado experimentan un incremento de 34 puntos respecto a la tasa de pobreza infantil, a lo que añadir la alta incidencia de contratos temporales, de salarios bajos… que coadyuvan en el incremento de condiciones de necesidad entre los más pequeños.
¿Qué hacer ante esta situación? El 6 de diciembre de 1990 España ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de Naciones Unidas, convirtiéndola en una norma en nuestro sistema jurídico y se comprometió a “asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar”. Es, por tanto, una prerrogativa legal, pero también un asunto de ética social.
Independientemente de los logros alcanzados en los últimos años, resulta imprescindible seguir invirtiendo, desde una visión holística, potenciando el sistema educativo, así como un mercado de trabajo que ofrezca a la ciudadanía trayectorias laborales garantistas, a la par que se amplíen y fortalezcan las políticas de vivienda [1].
No es una cuestión, consecuentemente, que afecte únicamente al Gobierno Central, también las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos deben dotar del máximo bienestar a los niños/as que viven en nuestro país. Involucrando, asimismo, al poder judicial, al ejecutivo, a la ciudadanía y a los medios de comunicación que, desde la máxima profesionalidad, deben informar sobre todas las cuestiones conectadas con las condiciones vitales de nuestros infantes.
En palabras de Ernesto Gasco, Alto comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil:
Solo alcanzaremos la igualdad plena como sociedad si podemos asegurar que la infancia crezca sana, segura, feliz y capaz de desarrollar sus talentos y capacidades sin barreras que se lo impidan.
Notas:
[1] A este respecto, revelar que las políticas de vivienda en España incluyen la nueva Ley de Vivienda con límites de subida del alquiler, el Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030), así como medidas de apoyo a los inquilinos más vulnerables.
