Los movimientos no violentos que buscan un giro democrático en sus sociedades deben prepararse para dos luchas: la lucha contra la represión y los mecanismos autoritarios que intentan sofocar el cambio; y la menos visible, pero igual de decisiva, lucha por la dirección de la transición: un proceso generalmente complejo y lleno de tensiones.
En Venezuela, asumiendo que el cambio está próximo (ya no es cuestión de si se va a dar, sino de cuándo y cómo se va a dar), el debate se enfoca cada vez más en la segunda. Aunque difícil, la transición se presenta con bases más sólidas que en otras experiencias históricas, como las de la Primavera Árabe —Egipto (2011–2013), Libia (2011–2014), Yemen (2011–2014) y Túnez (2011–2021)—, y la más reciente de Sudán (2019–2025).
Sin decirlo explícitamente, Benigno Alarcón señala diferencias cruciales en un artículo reciente: aquí, el deseo de cambio no es retórico. Entre 70 y 80% del país quiere una transición democrática y entiende que no puede haber soluciones mágicas. No existe un peligro real de guerra civil, porque el país no está dividido en dos ejércitos ni en dos proyectos armados. Tampoco está condenado al caos territorial: la presencia estatal puede recomponerse con reformas y cooperación internacional. Por eso, en su opinión, lo verdaderamente peligroso no es la transición, sino que las cosas permanezcan igual.
Pero hay otros dos elementos que Alarcón no menciona y que son esenciales para entender el momento venezolano:
1. El país ya resolvió, en la práctica, uno de los dilemas más difíciles de cualquier transición: quién conduce el cambio. La legitimidad que hoy representan Edmundo González Urrutia y María Corina Machado no depende de una formalidad burocrática ni de un aval impuesto desde arriba, sino de la soberanía popular expresada el 28J. Solo falta su reconocimiento diplomático pleno y operativo.
2. Existe un plan. Y no cualquier plan, sino una arquitectura detallada de reconstrucción nacional: Venezuela Tierra de Gracia. No es un compendio de promesas ni un catálogo de deseos, sino un mapa de acción para el día uno y para los años siguientes, elaborado con rigor técnico y visión política, que aborda desde la reinstitucionalización del Estado hasta la recuperación económica, la seguridad ciudadana, la lucha anticorrupción, la reconstrucción de los servicios y el apoyo social de emergencia.
Nada de esto elimina los riesgos. Habrá tensiones, resistencias y costos sociales. Habrá actores empeñados en sabotear la transición y en preservar privilegios. Habrá momentos inciertos y decisiones difíciles. Pero lo que está planteado no es un salto al vacío, sino un salto hacia lo posible.
La tarea ahora es sostener esa convicción, evitar el desgaste que producen la espera y la incertidumbre, y mantener viva la conciencia de que el país ya tomó una decisión.
Más difícil resulta el tema de la justicia transicional, una arista delicadísima que debe ser asumida con mucha responsabilidad. Parte de la sociedad exige justicia y rendición de cuentas inmediata. Otras fuerzas —especialmente dentro del aparato estatal o militar— podrían oponerse, temiendo persecución. Sin acuerdos sobre amnistías, comisiones de verdad, reparaciones y garantías de no repetición, la transición podría entrar en crisis. Un proceso excesivamente punitivo puede provocar resistencia de actores con poder; uno demasiado indulgente puede producir frustración social. La tarea es brindar reconocimiento y reparación a las víctimas con la inteligencia política necesaria para garantizar estabilidad.
La cultura institucional y el manejo de la crisis económica constituyen otro reto mayor. Algunos analistas hablan del peligro de una “normalización del chavismo” si no se logra desarticularlo completamente, así como de la dependencia externa para la reconstrucción económica. La cooptación institucional puede entorpecer, retrasar o incluso acabar con el proceso de cambio, como ocurrió en Guatemala (1990–presente) y Rusia (1991–2000), y las negociaciones internacionales pueden condicionarlo hasta tergiversarlo.
Venezuela tiene hoy la oportunidad histórica de desmontar el autoritarismo sin reproducir sus lógicas y de abrir, con responsabilidad y firmeza, un ciclo democrático duradero. La posición que asuma la institución militar será decisiva para garantizar una transición ordenada, pero la verdadera clave para el éxito está en una participación ciudadana sostenida. La vigilancia popular es el mejor antídoto frente a actores que podrían intentar capturar la transición o reorientarla hacia sus propios intereses.
@mariagabPa2024
