El Artículo 303 de la Constitución venezolana establece que el Estado debe conservar la totalidad de las acciones de PDVSA, por razones de soberanía económica, política y estratégica. Este principio garantiza que el petróleo y sus derivados sean patrimonio del pueblo y no instrumento de intereses extranjeros ni políticos.
Sin embargo, tanto el régimen de Nicolás Maduro como los grupos políticos que controlan PDVSA Ad Hoc y el CAPA han violado de manera flagrante este mandato constitucional.
El primero lo hizo entregando la industria petrolera a consorcios chinos, rusos, iraníes y cubanos, hipotecando la soberanía energética de la Nación y destruyendo la estructura productiva de PDVSA mediante acuerdos secretos, corrupción y represión laboral.
El segundo, desde el exterior, ha promovido la fragmentación y venta de activos como CITGO, usurpando funciones del Estado venezolano y actuando bajo intereses privados ajenos al país. Parece que como no pueden vender las acciones de PDVSA sin reformar la constitución, ahora plantean eliminarla diciendo que es una empresa quebrada, pura chatarra.
Olvidan los privatizadores, que PDVSA vale por sus reservas de crudo y gas, ese es el verdadero botín que pertenece al pueblo venezolano, no a grupos que viven fuera del país, no precisamente en calidad de refugiados o asilados, y que ahora es que vienen a dar consejos de expertos. Muy expertos fueron cuando callaron frente a un gobierno copeyano, de cuyo presidente no quiero acordarme, que arrebató la autonomía financiera a PDVSA.
En 1983, comenzó la destrucción de PDVSA, una tarea que completó exitosamente el galáctico y su heredero. Políticos zamarros, bagazo de los partidos políticos desintegrados, pretenden vender las reservas petroleras como chatarra, una acción canalla y desacertada que tiene más opositores que defensores.
El argumento, sin diagnóstico serio previo, es que solo con la venta de PDVSA un nuevo gobierno tendría dinero para funcionar. Falso. Recomendamos a esos políticos, cuya ansiedad por obtener una cuota de poder no pueden disimular, ir de cacería mundial detrás de todo el dinero robado: 1,7 trillones de dólares según algunos cálculos, un monto significativamente mayor que el fondo petrolero noruego que tanto les gusta poner como ejemplo. O pueden sentarse a negociar con los acreedores para que no confisquen los cargamentos de petróleo, o pueden tomar el control de las minas de oro, coltan, tierras raras y diamantes donde Nicolas es el rey. O pueden pedir préstamos en los organismos multilaterales: CAF, BID, FMI. Ideas hay para reconstruir sin rematar lo que queda.
Ambos extremos —Maduro y PDVSA Ad Hoc— son responsables del desmantelamiento de la empresa más importante de Venezuela, del saqueo de sus activos y de la pérdida del sustento de miles de familias petroleras.
Defender el Artículo 303 es defender la soberanía nacional, el trabajo digno y la independencia económica de la República.
Secretario General del SUTPGEF – Secretario de Profesionales y Técnicos de la FUTPV.
