Actitudes no institucionales
Si hay actitudes que deben cambiar, son las manifestadas por las Instituciones oficiales, dedicadas a la defensa y protección del sistema político socialista imperante, de espaldas al ciudadano, que solo han servido para afianzar posturas autoritarias. Así, por ejemplo, hemos visto como las carreras administrativa y judicial respectivamente, en todos estos años, se fueron al traste, al no realizarse por la institucionalidad, de manera objetiva e imparcial, los concursos, para incorporar al servicio activo, _“los mejores profesionales posibles”_, interesados en ambas funciones públicas.
Consecuencias
Las graves omisiones en tal sentido, han traído como resultado fatal, una deficiente prestación de los servicios públicos prestados por la Administración Pública y la Justicia, cuyas actuaciones son consideradas por los ciudadanos como tendenciosas, alejadas de normas vigentes que señalan formas de actuar en un caso y en el otro, distantes de comportamientos decorosos, que han servido para crear escepticismo y negación a su verdadero peso social, _que han hecho que en las relaciones de poder entre ciudadanos y gobernantes, exista en la actualidad un profundo abismo de rechazo_.
Institucionalización política
Institucionalizar la política, significa realizar actuaciones transparentes, que lleven al ciudadano confianza y credibilidad en sus dirigentes en distintas áreas de la actividad pública; crear y respetar reglas estables dentro del juego constitucional y democrático, que sean aceptadas por la mayoría de los actores políticos y sociales del país, lo que seguramente ocurriría, _si se sustrajere de manera especial el Poder Electoral venezolano de la fosa partidista en la que se encuentra_, mediante normas que aseguren su dirección y gestión de modo confiable e imparcial, para evitar así, graves problemas de legitimidad.
La institucionalización de las políticas de Estado, pasará por la participación y supervisión ciudadana organizada de los distintos procedimientos que se emplean para elegir los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, pues los antecedentes existentes son bastante repudiables, en tal sentido, basta recordar como la Asamblea Nacional oficialista del período (2010-2015) procedió mediante un “madrugonazo” a designar a los magistrados para el período (2015-2020) cuando esa atribución correspondía a los diputados electos en diciembre de 2015.
Institucionalizar las políticas de Estado, significa entender y aplicar la vieja norma constitucional, de que *“los funcionarios públicos están al servicio de los ciudadanos y no de parcialidad política alguna”*, para evitar que estos, no queden en total indefensión frente a las actuaciones excesivas en las que puedan incurrir las instituciones que lo conforman, y así, los infractores de esta norma, puedan ser sancionados, pues a la sociedad siempre le interesará un Poder Público que actué conforme a la ley y al derecho.
Contravía institucional
Lo opuesto a la institucionalización de las políticas de Estado, es la actual personalización del poder, ergo, en el Gobierno por venir, se deberá desterrar ese *“autocratismo”*, que por lo demás, ha desembocado en autoritarismos y corrupción, defectos antidemocráticos que no nos debemos volver a permitir al salir de este decadente socialismo del siglo XXI, a tal fin, _una solución podría ser la de dictar una legislación que prohíba la concentración del poder en aquella o en un partido o alianza de partidos_.
Contrario a este propósito de institucionalización, sería mantener en el actual desorden a los partidos políticos, a los cuales se les deben devolver legislativamente los derechos a ser organizaciones indivisibles, democráticas y apegadas al Estado de Derecho, cuyo funcionamiento sea supervisado por el confiable e imparcial Poder Electoral, dada la actual tendencia o cultura política a dividirlos cuando ciertas propuestas no prosperan, _a perpetuarse en el poder_ o pretender sustraerse de las normas o estatutos que los rigen, como si se tratasen de islas alejadas del bloque de legalidad.
Pendientes
En este pasaje del presente escrito, conviene recordar al profesor *Juan Linz*, quien, al referirse a la institucionalización de la Democracia, recalcó que ella pasa por evidenciar la _“lealtad de los actores políticos”_ hacia los principios electorales de este sistema político, lo que se traduciría también en que los perdedores de una contienda comicial, acepten los resultados en su contra, porque confían en sus instituciones. En el caso venezolano, resulta oportuno decir en este sentido que, esa lealtad hay que retomarla a fin de devolverle a los procesos electorales la anhelada institucionalidad.
En la democracia a restaurar, se deben erradicar, órganos de consulta o participación económica controlados desde el Gobierno. Una verdadera institucionalización del Estado, _deberá reflejar relaciones de entendimiento entre los sectores públicos y privado_ al que se le deberá respaldar para que puedan producir bienes y servicios y con ello, obtener divisas de manera autónoma, para que no queden limitados, como en la actualidad, al reparto gubernativo de moneda, en donde existe una supuesta libre convertibilidad, insuficiente y especulativa por lo demás, para satisfacer sus demandas en moneda extranjera.
Trascendencia de la institucionalidad
El estadounidense Douglas North, premio nobel de economía en 1993, opinaba sobre esta materia que, son las “instituciones las que establecen las reglas del juego en una sociedad”, bajo sus enunciados se rigen las relaciones entre gobernantes y gobernados y entre las personas. Estas reglas se iban a caracterizar por ser _“limitaciones de esas interacciones”_, cuya utilidad consistía en evitar la frecuente discrecionalidad del gobernante y con ello el abuso, aún el de las personas, lo que permitirá al ciudadano común, prever el comportamiento de los demás y por ende gozar de verdadera seguridad.
Asociaciones institucionalizadas
La población organizada en asociaciones, de la misma manera podrá institucionalizar su participación, con iniciativas para gestionar asuntos públicos, a través de ese derecho, desde donde podrán mostrar sus capacidades, dirigidas al desarrollo de una vida productiva, con tareas o atribuciones claramente diferenciadas _respecto del Poder Público, el cual en esa nueva institucionalización, deberá tener un rol menos injerencista_, más dedicado a la promoción sustentable y sostenible de la economía nacional, necesitada de acciones gubernativas que atraigan inversiones.
Permanente institucionalización
Una institucionalidad estable y verdaderamente al servicio de los ciudadanos, proporcionará un marco constitucional y democrático seguro y predecible para gobernar, con seriedad, ética y honestidad, en donde la *“rendición de cuentas”* sea una verdadera columna de legitimidad, sincera y verificable, deslastrada de corrupción, tan extendida en este modelo socialista extremo; esa rendición, contribuiría a otorgar confianza y apoyo de la ciudadanía a sus nuevos gobernantes y a la Democracia, sobre todo en relación al gasto público, que en los últimos 26 años ha sido manejado como caja chica de bodega y con poco respeto por la moral administrativa.
