Recientes datos del Observatorio Venezolano de Finanzas (OFV) revelan que el 86% de la población se encuentra en el umbral de la pobreza. Según el estudio, en diciembre, la canasta alimentaria familiar tenía un costo de 391 dólares, mientras que el ingreso promedio del venezolano era de 231,94 dólares, lo que genera una diferencia de 162 dólares para igualar el ingreso con el costo de la canasta alimentaria.
Si a esta alarmante situación se le añade una tasa de 15% de desempleo abierto, estamos ante una realidad que nos golpea a todos. Somos millones de ciudadanos, un 86% de la población, que vive en condiciones de pobreza. Esto evidencia una emergencia humanitaria compleja, contraria a los preceptos constitucionales que garantizan el derecho a una vida digna, tal como se establece en el artículo 25 de la CRBV.
Art. 25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
La Constitución Nacional, en su articulado sobre los derechos sociales, económicos, políticos y humanos, asume una visión garantista, protegiendo y garantizando los derechos del ciudadano frente al poder del Estado.
Una de las causas de esta situación de pobreza es la eliminación del salario. El artículo 91 de la CRBV establece que: toda persona tiene derecho a un salario justo y equitativo que le permita vivir con dignidad.
La realidad es que el salario en Venezuela ha permanecido sin ajustes durante tres años y hoy representa menos de dos dólares mensuales (2 USD). En la práctica, se puede afirmar que los trabajadores venezolanos carecen de salario, convirtiendo a muchos en esclavos económicos.
Esta situación es el resultado de una política corrupta que no cumple con la Constitución, destruyendo la economía y empobreciendo a la población mediante mecanismos de control social.
Esta política antinacional ha generado severas distorsiones en la economía, incluyendo un endeudamiento desproporcionado, disminución de las reservas internacionales, alta inflación, desempleo, devaluación de la moneda, y la paralización y destrucción del sector productivo, entre otros males.
Al comparar los índices de inflación de Venezuela con países como Brasil, Panamá y Colombia, se evidencia la escasa capacidad adquisitiva del venezolano en relación con los habitantes de esos países, considerando también los ingresos mínimos de sus trabajadores.
Es urgente organizar la resistencia democrática en defensa de la norma constitucional que establece el derecho a un salario justo que permita una vida digna. Enfrentar el modelo esclavista del siglo XXI que se aplica en Venezuela es una obligación ciudadana. Debemos unir esfuerzos para presionar y avanzar hacia mecanismos de lucha que permitan revertir esta situación que empobrece cada día a los venezolanos.
Acciones de resistencia y presión, como marchas, paros escalonados y huelgas, son necesarias para derrotar este modelo económico que ha eliminado el salario y suprime la libertad del país. Los ciudadanos libertarios tenemos tareas de lucha. ¡Levantemos la voz y exijamos salarios dignos y libertad para Venezuela!
Derrotemos la pobreza, conquistemos la libertad!
Ciudadano Libertario
