Surge en la comunidad internacional democrática, en cualesquiera de sus expresiones, el tema del origen de la financiación de los partidos políticos. En concreto si el Estado debe financiar su funcionamiento cotidiano, las campañas electorales o asumir un sistema mixto; donde el particular sea como individuo o como empresa, haga donaciones periódicas o excepcionales conjuntamente con el Estado.
Ambas posturas tienen detractores y conciliadores, otros asumen una posición mixta, siempre con el objetivo de contrarrestar el poder en la inclinación del electorado, que pudiere distorsionar los objetivos finales del proceso mismo o impedir el acceso al poder público por encontrarse en situación de debilidad.
Si el Estado asume el financiamiento puede proteger la equidad de condiciones, asumen. Los nuevos partidos o los más pequeños se equipararían proporcionalmente a los más numerosos, y el estado pudiere retener una mayor capacidad de control y vigilancia del buen uso del dinero asignado, a cada uno de ellos.
En realidad, los dos argumentos son válidos, con sus pro y en contra, si asumimos que los partidos políticos son consubstanciales con el sistema democrático.
En contra, podríamos esgrimir que es muy fuerte la tentación para que el gobierno de turno no intentare influir en el voto del electorado al ser selectivo en el apoyo financiero a determinado partido o candidato presidencial o legislativo, a pesar de los controles burocráticos que pudieren intervenir.
Aparte de ello, entraña una mayor burocracia gubernamental, una carga presupuestaria y la siempre presencia amenazadora del Estado con sus sutiles o no, maneras de obtener su objetivo.
Además, ese dinero sale del contribuyente, quien al final es obligado a asumir un impuesto más, de los muchos que ya tiene. Es cierto que en nuestro continente hispanoamericano, la cultura política de la ciudadanía va a la par de la educativa formal, que deja mucho de desear, donde aun existen zonas enteras urbanas y rurales de cuasi analfabetismo, lo que dificulta el conocimiento de la verdadera intención del elector.
A las consideraciones anteriores debemos agregar el rol de los partidos políticos en la sociedad actual. Esas organizaciones rígidas, formales, dogmáticas, con sus tribunales disciplinarios, van quedando en el pasado de una manera inesperada y acelerada. Social demócratas, social cristianos, comunistas, conservadores y liberales se han venido diluyendo en nuestra civilización occidental actual, porque no llenan las necesidades y expectativas contemporáneas, signadas por nuevos retos, mayores libertades personales, conciencia del yo sin desconocer el nosotros, los adelantos científicos, tecnológicos y comunicacionales que le han otorgado al individuo mayor libertad y autonomía.
Son corrientes del pensamiento, sentimientos, interiorizados e influenciados por la comunicación instantánea, los adelantos tecnológicos, los conocimientos científicos, la diminución o substitución del patriarcado por una igualdad efectiva ante la ley, la moral y el hecho societario. Podríamos entonces hablar de sociedades liberales o conservadoras, con sus matices y encuentros positivos y negativos, según la percepción individual y la realidad.
Me inclino en deslastrar esa carga burocrática, impositiva, manipulable y paternalista al contribuyente, ya exhausto con los múltiples impuestos que le agobian, a lo que hay que agregar el incomprensible e inaceptable Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA).
Además, y es quizá lo más importante, se presta a una mayor inclinación a la corrupción moral y material; aparte de una nueva intervención y control del gobierno en la vida diaria del ciudadano, deslegitimizando así el verdadero fin de la convivencia humana, que es la libertad; la cual sacrifica en su esencia por un bien mayor, que el bien común, y los beneficios que representa para su seguridad que, en solitario, no podría alcanzar.
Si tomamos en cuenta estos apurados pero meditados razonamientos, estimo que los partidos políticos deben financiarse exclusivamente con el aporte de sus militantes o simpatizantes, sea a nivel individual o empresarial. Siempre con una clara y demostrable cuantificación de lo donado y la del donante. No debería el Estado, en una democracia moderna, subvencionar las actividades políticas electorales de los ciudadanos o de los partidos políticos, porque es también, una forma perversa de ejercer control y dominio.
En la actual Venezuela, por ejemplo, el gobierno (que en este caso es el mismo estado) financia abiertamente a una multiplicidad de partidos políticos, que solo son útiles para fortalecer su poder omnímodo, debilitar, confundir y dividir al electorado en general; desnaturalizando abiertamente, la verdadera voluntad del elector, en quién reposa la esencia y razón de ser de la soberanía.
Se trata de enaltecer y empoderar al individuo, al ciudadano, no al Estado, y menos aún al gobierno que administra ese Estado.
