El régimen criminal de Nicolás Maduro sepultó el Seguro Social Obligatorio y, en la misma tumba metió el sistema de pensiones, que bajo el “socialismo” se fue debilitando hasta morir. El derecho constitucional de acceso a la salud fue eliminado, dando paso a una atroz privatización del sistema de seguridad social, al cual sólo pueden acceder los poderosos y los ricos.
El pueblo se quedó con las manos vacías y enfermas. Que los candidatos presidenciales promuevan la privatización de los servicios de salud no es nada nuevo, ya Nicolás Maduro lo hizo y de una forma muy eficiente. Pero, ni Maduro ni los candidatos opositores están en sintonía con el pueblo trabajador, que exige del Estado una base mínima de seguridad social, obligatoria para los sectores público y privado y que sea accesible a los sectores menos favorecidos de la sociedad.
En este gobierno de Maduro, que ya tiene 12 largos años, la discriminación social ha llegado a extremos nunca vistos en nuestra historia republicana. Miles de trabajadores venezolanos en la miseria, sometidos al hambre, a vivir sin casas, sin salud, sin educación, sin servicios públicos eficientes, hoy son estratificados socialmente por el “presidente obrero”. Un trabajador público activo gana $103 mensuales. Nos alegramos porque aunque insuficiente es el reconocimiento de que los sueldos son miserables. Para dar ese pírrico aumento a los empleados públicos Maduro y su corte de zamuros se inventó una vaina que no aparece en ningún lado: El “salario indexado” que lo conforman el “bono de guerra” y el cesta ticket, más el salario mínimo, el cual por cierto es de unos cuantos centavos de dólar. El trasfondo no es debatir si es poco o mucho, sino que es una acción inhumana, desgarradora y criminal, especialmente para los pensionados del Seguro Social Obligatorio, cuyo ingreso ahora es de $28 dólares mensuales, es decir, $25 del bono de guerra y $3 de la pensión por la cual cotizaron durante su vida laboral. Menos de un dólar diario, sometido a devaluación e inflación constantes.
Compañeros: esta política anti salarial aniquila al seguro social obligatorio, y quiebra la institución encargada de darle atención médica inmediata al trabajador y sus familias, la cual inició funciones en octubre de 1944. Borra del mapa las pensiones para los trabajadores quienes luego de años de jornadas diarias aspiran a jubilarse.
Es un crimen nunca visto, es una traición y un despojo al pueblo trabajador. Es el robo más grande de la historia. Nos han robado nuestras cotizaciones, nuestros aportes obligatorios, nuestra jubilación.
No voy a exigir salarios y pensiones dignas a los criminales que saquean a Venezuela porque no es una exigencia posible, el régimen se burla de tales peticiones. Exijo el retorno de la democracia y del Estado de Derecho como única vía de recuperar los beneficios sociales garantizados en la Constitución Nacional. La dirigencia sindical y política debemos enfocarnos en ese objetivo. Interpretar las necesidades del pueblo es nuestra obligación. Ánimo y fuerza compañeros.
