El presidente chileno, Gabriel Boric, en un evento en Santiago de chile.
Cada ministerio tiene una secretaría regional ministerial, Seremi, en cada una de las 16 regiones en que está dividido el territorio chileno. La Seremi de Vivienda de la región de Antofagasta, en el norte del país, estaba liderada por Carlos Contreras, militante de RD, que fue un asesor cercano de la diputada Pérez. En el ejercicio de su cargo asignó directamente 426 millones de pesos chilenos (unos 530.000 dólares) a la Fundación Democracia Viva, encabezada por Daniel Andrade, pareja de la legisladora. Estaban destinados, supuestamente, a colaborar en la ayuda de asentamientos precarios de la región.
El caso provocó la salida del Contreras, que suscribió el polémico convenio que representaba en torno a un 6% del presupuesto total asignado a esta Seremi. La parlamentaria, que representa justamente a un distrito de Antofagasta, se ha defendido y tomado distancia tanto de Contreras como de Andrade: “Aquí hubo un error de juicio político grave, un error de criterio político grave, y los responsables políticos, que son los firmantes del convenio, don Carlos Contreras, don Daniel Andrade, tendrán que responder políticamente como corresponde”, aseguró la diputada, uno de los principales rostros de Revolución Democrática, un partido al que pertenece Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social del gobierno y “compañero de ruta” del presidente.
Este caso representa una grave herida a una nueva generación política de izquierda que llegó al poder en marzo de 2022 con una fuerte promesa no solo de renovación de rostros, sino, sobre todo, de prácticas.
Boric refirió este jueves al asunto. “Tenemos que ser muy claros y firmes si en el pasado desde nuestro sector político fuimos muy duros en condenar todo tipo de actos reñidos con la fe pública”, aseguró el presidente. “En donde hubiesen delitos o presunciones de delito, eso le corresponderá decirlo a la Justicia. Hoy día, cuando quienes están involucrados son personas cercanas al gobierno, tenemos que tener el mismo estándar e incluso ser más firmes. Acá no puede caber ningún tipo de complacencias, ningún tipo de protección, sino que tenemos que ser muy claros en que este tipo de situaciones no las vamos a permitir”, recalcó el mandatario chileno en una actividad pública.
Pedido de informes
La Contraloría entró en escena este jueves y pidió al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, encabezado por el socialista Carlos Montes, a detallar en cinco días todos los recursos traspasados desde esta cartera a otras fundaciones en el marco del Programa de Asentamientos Precarios. La petición se focaliza en la Seremi de Vivienda de Antofagasta, donde explotó este caso y se investigan otros traspasos directos.
El partido de Boric, Convergencia Social, que conforma el Frente Amplio como RD, aseguró que esta trama “constituye un grave error político que daña el compromiso ético” del Frente Amplio. Tras un consejo político nacional, el mismo partido RD solicitó la expulsión de Andrade y Contreras “por infringir la normativa interna”.
El ministro de Vivienda, el socialista Carlos Montes, de la izquierda moderada, exigió a la Fundación Democracia Viva que entiendan por finalizados los convenios suscritos y que, además, en la misma línea que planteó Boric, que se restituya el dinero que no fue utilizado.
Pero la polémica creció con el correr de las horas. El diario El Mercurio informó que Tatiana Rojas, la subsecretaria de Vivienda –la segunda a bordo de la cartera– recibió en mayo un correo donde se le alertaba por los polémicos convenios. Rojas, como el resto, es militante de RD.
La Nación de Argentina
