Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. (Artículo 333. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).
Las preguntas para el análisis del poder son: ¿Quién lo ejerce? ¿Cuáles son las fuerzas que tiene para ejercerlo? ¿Cuáles son sus estructuras políticas e institucionales que lo sostienen? ¿Cuáles son sus intereses para mantener o acrecentar su poder? y ¿Cuáles son las prácticas que realiza? El objetivo del presente artículo es responder, grosso modo, a las preguntas realizadas.
En Venezuela existe una alianza militar, policial y cívica, representada por un partido único el PSUV. Desde el 28 de julio de 2024 el PSUV, formalmente, está subordinado a las decisiones militares y no a la inversa. Porque quien preside el gobierno de Venezuela, al ser un civil, no tendrá la autoridad para ejercer el poder, es decir, no tiene posibilidad de darle órdenes, al Ministro de la Defensa. Porque es él quien constitucionalmente, puede desplazarlo del cargo, al tener las fuerzas de las armas y el control, por ahora, de la institución castrense, porque Nicolás Maduro fue proclamado, inconstitucionalmente por el CNE, como presidente electo.
La inconstitucionalidad del CNE reside en dar un resultado electoral sin soporte de las Actas Escrutinios, sin los testigos electorales de los partidos y sin la verificación ciudadana, tal como lo establece la Constitución, la Ley Orgánica de Procesos Electorales de 2009 y el Reglamento General Electoral de 2013. Es decir, la estabilidad política del ejecutivo, depende, única y exclusivamente, de la Fuerzas Armadas quienes tienen el poder del ejercicio de la violencia contra toda la ciudadanía; pero, además, actualmente, son un consorcio económico.
En el presente artículo daré dos ejemplos formales, de cómo la institución militar se transformó en una institución empresarial del estado. El primero con relación a la producción, comercialización, compra y distribución de alimentos, fármacos y productos de higiene personal; el segundo con relación a la minería. Es decir, los militares, actualmente en Venezuela, tienen el poder de las armas, tienen poder político (dirigen algunas gobernaciones, algunas alcaldías y algunos son diputados) y tienen poder económico. Por lo tanto, son quienes tienen el control formal y real del estado. Será la tesis que demostraremos.
1. El PSUV: Partido único de gobierno.
El presidente del PSUV es Nicolás Maduro y el Vicepresidente es el militar, Diosdado Cabello. ¿Cuál es la fuerza política del PSUV? Todos los poderes públicos, Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía General de la República, Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo, el Presidente de la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo, son militantes del PSUV. Todos los nombramientos de quienes presiden los poderes públicos, a excepción del ejecutivo y el legislativo, han sido inconstitucionales, porque la Asamblea Nacional quien los nombró, desconoció los perfiles para los cargos establecidos en la Constitución Nacional.
Tienen 21 gobernaciones son militantes del PSUV. La del estado Miranda, cuyo gobernador es Héctor Rodríguez, quien es de la dirección nacional del PSUV, creó un partido de maletín llamado Futuro en el año 2024. Estrategia electoral realizada por el madurismo para las elecciones de 2024, al igual que el Partido “Somos Venezuela” que fue impulsado por su secretaria general, por Delcy Rodríguez, quien es dirigente del PSUV, pero creó ese partido para dar la impresión de amplitud.
Con respecto al antiguo Polo Patriótico (unión de los diversos partidos tradicionales de la izquierda) que eran aliados al PSUV, en el 2024, ninguno lo respalda. Sin embargo, para simular la existencia del Polo Patriótico la estrategia que realizó el madurismo fue la intervención de todos los partidos aliados, a través del TSJ, en su Sala Electoral, colocando una dirección ad hoc, quitándoles sus símbolos y la posibilidad de postular candidatos. Es decir, son tarjetas electorales que postularon a Maduro, pero sin estructura real ni militancia, colocamos nombre de la organización, fecha de la intervención y número de sentencia:
Partido Comunista de Venezuela el 11 de agosto de 2023, N° 1160. Patria Para Todos, 21 de agosto de 2020, N° 0122. Partido Tendencias Unificadas Para Alcanzar Movimientos de Acción Revolucionaria Organizada TUPAMARO, 18 de agosto de 2020, N°0119. Movimiento Electoral del Pueblo MEP, 16 de julio de 2015, N° 0155. El partido Movimiento por la Democracia Social (PODEMOS), 7 de junio de 2012, N° 0793. Un partido tradicional de la centro-izquierda venezolana como lo fue el Movimiento al Socialismo, quien llegó a tener la mayor estructura y militancia de la izquierda en Venezuela hasta 1998, fue disuelto de facto, no lo intervinieron judicialmente, pero no fue reconocido por el CNE. Aunque en la realidad existe, pero formalmente no.
Dirigentes que formaron parte de los gobiernos de Chávez, desde el 2014, también se separaron. Por ejemplo, Juan Barreto forma el movimiento REDES; Nicmer Evans, el Movimiento Democracia e Inclusión; desde ministros hasta quienes ocuparon cargos en los poderes públicos, se fueron organizando en lo que llamaron el Bloque histórico. De hecho, el 28 de agosto de 2024, se publicó un comunicado de más de 250 dirigentes del ámbito político, académico, sindical, obrero y campesino que estuvieron con Chávez, realizando un llamado a un Frente Amplio contra la dictadura de Maduro, por el respeto a la Constitución y a la voluntad popular, a su soberanía, consagrada en el artículo 5 de la Constitución.
Incluso desde este análisis estrictamente de forma, es posible inferir, el desplazamiento electoral masivo, sucedido el 28 de julio. Quedando el PSUV con un mínimo porcentaje de militantes dentro de la población venezolana, si se considera los 8 millones de migrantes, sumados a quienes votaron por la opción de Edmundo González Urrutia y por Enrique Márquez quien agrupó, formalmente al PCV, REDES y al Boque Histórico. Por lo tanto, el PSUV, es un partido que tiene una mínima representación civil dentro de la sociedad venezolana. Es decir, perdió la fuerza electoral; pero también, tendríamos que afirmarlo con contundencia, perdió todo piso ideológico.
2. La Década del Horror (2014-2024): Las violaciones de los Derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad y los intereses económicos
La década del horror se inicia el 2014 con el nombramiento como Ministro de la Defensa del General en Jefe Vladimir Padrino López (2014-2024) y a la Almiranta en Jefe Carmen Meléndez Rivas como ministra de relaciones interiores del país; en este lapso fue diputada, gobernadora de Lara y actualmente, es la alcaldesa de Caracas.
I) Según el informe presentado por la Alta Comisionada ante los Derechos Humanos ante la ONU, Michelle Bachelett, presentado el 4 de julio de 2019:
“41. Según la ONG Foro Penal Venezolano, por lo menos 15.045 personas fueron detenidas por motivos políticos entre enero de 2014 y mayo de 2019. De ellas, 527 fueron detenidas en 2018 y 2.091 entre enero y mayo de 2019. La mayoría de ellas fueron detenidas en el contexto de las manifestaciones. Al 31 de mayo de 2019, 793 personas seguían privadas arbitrariamente de libertad, 1,437 personas habían sido liberadas incondicionalmente, y 8,598 personas habían sido liberadas condicionalmente y afrontaban aún prolongadas actuaciones penales. El resto fueron liberadas sin haber sido llevadas ante un/a juez/a. El temor a volver a ser detenidas ha llevado a varias de ellas a dejar el país. El ACNUDH considera que el Gobierno ha utilizado las detenciones arbitrarias como uno de los principales instrumentos para intimidar y reprimir a la oposición política y cualquier expresión de disensión, real o presunta, al menos desde 2014.” (A/HRC/41/18/SP)
“43. En la mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas. Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, especialmente el SEBIN y la DGCIM, recurrieron de manera habitual a esas medidas para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas. Las autoridades no han investigado con prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia las denuncias creíbles de torturas y malos tratos, incluyendo casos de violencia sexual y de género, no han puesto a los presuntos responsables a disposición de la justicia, ni han proporcionado reparaciones a las víctimas. En particular, a menudo las autoridades judiciales han invertido la carga de la prueba al rechazar abrir investigaciones a menos que las víctimas identificaran a los responsables. Según el Ministerio Público, se han registrado 72 denuncias por supuesta tortura y otros malos tratos respecto de 174 personas detenidas en el contexto de protestas entre 2017 y 2019. No se proporcionó información respecto del estado de las investigaciones.” (A/HRC/41/18/SP)
“43. El ACNUDH documentó casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas durante su detención, en particular por efectivos del SEBIN y de la DGCIM así como por oficiales de la GNB. Las mujeres entrevistadas dieron cuenta de agresiones físicas tales como arrastrarlas por el pelo y tocamientos inapropiados, amenazas de violación, desnudez forzada e insultos sexistas y de género, con la finalidad de humillarlas y castigarlas, así como para extraerles confesiones.” (A/HRC/41/18/SP)
“48. El ACNUDH entrevistó a los familiares de 20 hombres jóvenes muertos por las FAES de junio de 2018 a abril de 2019. Todos/as describieron un modus operandi similar. Las FAES llegarían en camionetas negras sin placas de matrícula y bloquearían los puntos de acceso en la zona. Vestían de negro, sin ninguna identificación personal, con pasamontañas cubriendo sus rostros. También llevarían armas largas. Las familias de las víctimas describieron cómo las FAES irrumpieron en sus hogares, se apoderaron de sus pertenencias y ejercieron violencia de género contra las mujeres y las niñas, incluyendo la desnudez forzada. Las FAES separarían a los hombres jóvenes de otros miembros de la familia antes de dispararles. Según sus familiares, casi todas las víctimas habían recibido uno o más disparos en el tórax.” (A/HRC/41/18/SP)
“50. Las autoridades clasifican las muertes violentas resultantes de las operaciones de seguridad como “resistencia a la autoridad”. El número de estas muertes es inusualmente alto. En 2018, el Gobierno registró 5.287 muertes violentas en esa categoría, en tanto que la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) notificó por lo menos 7.523 muertes violentas de esa categoría. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019, el Gobierno notificó 1.569 muertes violentas por “resistencia a la autoridad”. El OVV informó de al menos 2.124 de esas muertes entre enero y mayo de 2019. La información analizada por el ACNUDH indica que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales.” (A/HRC/41/18/SP)
“31. El 13 de mayo de 2016, el Presidente de la República declaró el “estado de excepción”, que desde entonces ha sido renovado cada 60 días. El decreto otorga amplias facultades, vagas y discrecionales, al poder Ejecutivo con el propósito declarado de, entre otras cosas, preservar el orden interno. En 2017, el Presidente activó el Plan Zamora, un plan de seguridad estratégico cívico-militar para la operación conjunta de las fuerzas armadas, milicias y civiles. Estas políticas implican un aumento de la militarización de las instituciones del Estado. Asimismo, extienden la utilización de la población en tareas de inteligencia y defensa, por medio de estructuras locales tales como los Consejos Comunales, las Unidades de Batalla Bolívar y Chávez (UBChs), los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y las Redes de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS).” (A/HRC/41/18/SP)
II) La impunidad, el terrorismo de estado, por parte de los aparatos represivos del estado, ha sido proporcional al enriquecimiento y a la transformación de la institución militar en una organización empresarial del estado. Dos ejemplos formales. El primero es con relación a la producción, comercialización, compra y distribución de los alimentos en Venezuela. El 11 de julio de 2016 con el Decreto Presidencial N° 2367, se crea la Gran Misión Abastecimiento Soberano. De forma explícita se establece la finalidad y función de la Fuerzas Armadas dentro de la Misión:
“Artículo 1°. Se crea la Gran Misión Abastecimiento Soberano, para el impulso, desde las bases del Poder Popular y la unión cívico militar, de los motores Agroalimentario, de Producción y Distribución de Fármacos y de la Industria de productos para la Higiene Personal y Aseo del Hogar, correspondientes a la Agenda Económica Bolivariana, a objeto de potenciar el sistema productivo nacional y la disponibilidad de los rubros asociados a dichos motores de manera oportuna y segura para toda la población.
La unión cívico militar implica el aprovechamiento de la capacidad operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio del país, su organización y disciplina, en actividades y tareas de apoyo al abastecimiento nacional de productos estratégicos para la garantía de los derechos a la alimentación y la salud de los venezolanos y las venezolanas, así como la protección y resguardo de los bienes y servicios afectos a dichas actividades, en aplicación del principio de corresponsabilidad en la defensa de la seguridad de la nación fundamentada en el desarrollo nacional integral, en el cual la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe participar activamente.”(Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 11 de julio de 2016).
En su artículo 5, utiliza un lenguaje militar para este ámbito del comercio, “El Comando para el Abastecimiento Soberano estará conformado por…” y en el numeral 2, se establece que el Ministro de la Defensa, en este caso, el General en Jefe, Valdimir Padrino López será el jefe de la Misión, por encima de todos los ministerios que, formalmente, le competen esas labores. Reza de la siguiente forma: “El Ministro del Poder Popular para la Defensa, y Comandante Estratégico Operacional (CEO), quien asumirá la Jefatura del Órgano Superior de dicho Comando, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento que lo organice.” (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 11 de julio de 2016).
Con este Decreto se militariza la actividad comercial en Venezuela y transforma a la institución armada en la gran empresaria del estado.
III) Con relación a la minería, nos limitamos a transcribir fragmentos del informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ante la ONU, que fue presentado el 12 de septiembre de 2022, por Volker Türk. Dicho informe fue realizado por la Misión formada por expertos miembros de la Misión: Marta Valiñas, de Portugal (presidenta), Francisco Cox, de Chile y Patricia Tappatá, de Argentina; cuando la Alta Comisionada era Michelle Bachelett.
La expresión neoliberalismo salvaje es un vocablo sutil, frente al horror, por el ansia del dinero, que se hizo en la Amazonía venezolana.
“43. El Arco Minero del Orinoco es una zona económica especial (“zona de desarrollo estratégico nacional”) que comprende un área de 111.843 km cuadrados al sur del río Orinoco. La región del Arco Minero se extiende por el norte del estado Bolívar, con pequeños enclaves en los estados vecinos de Amazonas y Delta Amacuro. Los tres estados conforman la región venezolana de Guayana, que se considera parte integrante del biotopo amazónico.” (A/HRC/51/CRP.2) Valga acotar que esa extensión es más grande que Panamá, Costa Rica, Cuba, Austria, Portugal y más de cien países en el mundo.
“115. Ya en 2016, las inversiones de propiedad militar incluían 17 empresas y compañías mixtas. La CAMIMPEG fue creada el 10 de febrero de 2016 apenas dos semanas antes de la creación del Arco Minero. CAMIMPEG es propiedad en su totalidad del Ministerio del Poder Popular para la Defensa (Ministerio de la Defensa), y es la principal empresa de propiedad militar en la industria minera.
116. CAMIMPEG ha ampliado su huella en el sector minero desde 2016. En 2017 y 2018, la empresa firmó varios acuerdos con empresas privadas e inversionistas para operar en el sector minero, principalmente en el municipio Sifontes del estado de Bolívar. CAMIMPEG también ha firmado alianzas estratégicas con al menos otras seis empresas entre septiembre de 2017 y enero de 2020 vinculadas a operaciones de minería del oro en la región.
117. A finales de 2020, CAMIMPEG registró una ganancia neta de 175.979.443,69 bolívares venezolanos (aproximadamente 30,9 millones de dólares estadunidenses al cambio actual). Sin embargo, no está claro, en base de la información disponible públicamente, cuáles han sido las operaciones de CAMIMPEG desde 2021.
118. Otras empresas de propiedad militar implicadas en la industria del oro son la Empresa Militar de Transporte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (EMILTRA), que presta servicios de transporte y custodia de oro , y la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM), fabricante de armas de fuego y explosivos para la FANB que ha suministrado explosivos a pequeños mineros .
119. Siguiendo el modelo del Arco Minero, los intereses económicos de la FANB se han expandido a otros sectores económicos en el estado de Bolívar y en otras partes del país, señalando la creciente militarización de las estructuras económicas venezolanas. La Ley Constitucional de la FAN de 2020, prevé el establecimiento de “Zonas Económicas Militares Especiales” en las que la FANB puede realizar actividades económicas bajo una “unión cívico-militar”. Bajo este régimen, el Gobierno creó ese mismo año la Zona Económica Militar Especial de Desarrollo Forestal (ZEEMEF), que abarca un área entre el norte del estado de Bolívar y el estado de Delta Amacuro. La Empresa Militar para el Aprovechamiento Sustentable de Productos Forestales y Recursos Naturales S.A. (EMASPROFORN) se constituyó como el principal actor corporativo dentro de esta zona económica.
120. Militares retirados y activos también han seguido dominando las posiciones de poder dentro de las instituciones y empresas públicas en el sector minero del estado de Bolívar, como se señala más adelante. Además, no es raro ni ilegal en la República Bolivariana de Venezuela que los oficiales militares activos o retirados tengan afiliaciones corporativas y participen activamente en empresas. Por ejemplo, la CVM habría otorgado concesiones mineras en El Callao a entidades controladas o de propiedad efectiva de oficiales de la FANB y miembros de las fuerzas del orden, aunque los representantes nombrados de los titulares de las concesiones suelen ser testaferros.
b) Presuntas fuentes ilícitas de ingresos militares en el Arco Minero
121. Aparte de la participación formal de los militares en la industria minera, la Misión también ha recibido información creíble de que miembros de las fuerzas de seguridad están en connivencia con “sindicatos” y otros elementos criminales involucrados en el sector minero. Como se expone con más detalle en el capítulo III, dicha colaboración ha ido desde la aceptación tácita de la presencia de grupos armados, la colusión activa entre actores estatales y no estatales de bajo rango, hasta supuestas alianzas estratégicas de alto nivel para “limpiar” las minas de ciertos “sindicatos”. Los funcionarios de bajo rango de la FANB también han usado la extorsión y a otras formas de abuso de poder para obtener beneficios económicos. Sin embargo, las fuentes de ingresos extraoficiales son difíciles de rastrear, y no está claro hasta qué punto estas actividades son llevadas a cabo por individuos deshonestos, o si son respaldadas, toleradas o controladas a través de las estructuras y las líneas de mando de la FANB.
122. Entre las actividades ilícitas en las que, según se informa, están implicados funcionarios de la FANB se encuentran: la prestación de servicios de seguridad a las minas ilegales; el control de la distribución de combustible y del transporte aéreo en las zonas mineras; el contrabando transfronterizo de mercurio; y el cobro de sobornos (“vacunas”) o impuestos extorsivos procedentes de la explotación de las minas ilegales o para acceder a infraestructura, a menudo ejercidos en los puestos de control militares (“alcabalas”) .
123. Otra de las principales fuentes de ingresos militares extrapresupuestarios es el presunto contrabando de oro a los países vecinos, especialmente Brasil y Colombia…” (A/HRC/51/CRP.2)
IV) Sobre las violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad realizado a las comunidades aborígenes quienes habitaban en la zona llamada Arco Minero, continúo citando el informe:
“164. La expansión de la minería en los territorios de los pueblos indígenas ha provocado cambios en sus economías tradicionales y en otros ingresos alternativos de los que dependían para su subsistencia, como el turismo. Como resultado, muchos miembros de comunidades indígenas han emprendido voluntariamente, o se han visto obligados a emprender, la minería como fuente de ingresos. Algunas personas indígenas se dedican ellas mismas a la pequeña minería o cobran impuestos a terceros por el uso de sus tierras.
165. El establecimiento del Arco Minero también resultó en una militarización de la región que ha amenazado las vidas de personas indígenas. La violencia estatal contra las comunidades indígenas ha dado lugar a varias masacres, particularmente en el municipio de Gran Sabana, incluyendo casos que han sido documentados por la Misión que se detallan en los capítulos III y IV de este informe.
166. Además, los pueblos indígenas han denunciado en los últimos años ataques contra comunidades indígenas por parte de grupos armados criminales en el contexto de la minería. Varios pueblos indígenas, como los yekwana, los sanöma y los pemones, han llamado la atención de la opinión pública sobre la situación en sus territorios y han exigido la salida de los grupos ilegales de estos territorios, buscando la protección del Estado.
167. La violencia generalizada ha llevado a muchas personas indígenas, incluso a comunidades indígenas enteras, a huir del país. Se ha estimado que sólo entre marzo y mayo de 2019, más de 900 miembros del pueblo pemón huyeron a Brasil tras los ataques en Kumarakapay y Santa Elena de Uairén.” (A/HRC/51/CRP.2)
V) A partir de las elecciones del 28 de julio el régimen militar incrementó la violencia que han descrito los informes internacionales. La violencia institucional tiene sentido para los militares para mantener su poder económico, su control político sobre el PSUV y sus militantes, en primer lugar y, en segundo lugar, sobre la población en general. Además, porque están conscientes que han cometido crímenes de lesa humanidad. Es por ello que, fuera de todo orden constitucional, continúan los arrestos masivos, los arrestos a la dirigencia opositora, la intimidación y la creación de leyes para aterrorizar. Actualmente no se puede saber cuántos asesinatos han realizados ni cuántos han desaparecidos. El régimen, por voz de Nicolás Maduro, ha dicho que tienen más de dos mil arrestos, que crearán más cárceles e impondrá el trabajo forzado.
3. Sobre lo complejo de comunicar las prácticas despóticas del régimen
En las dictaduras del cono sur durante el siglo XX, se conocieron de sus horrores y de su magnitud, posterior a la caída de los regímenes, aunque se informaban en su momento. El académico argentino Hugo Callelo, ha sido uno de los intelectuales que desde principios de los ochenta conceptualizó y fundamentó tales prácticas como terrorismo de estado; diferenciándolas de las prácticas represivas, condenables, por supuesto, que suceden en los regímenes democráticos.
Lo que ha sucedido en Venezuela, se conocerá en toda su magnitud cuando caiga la dictadura; pero hay documentación, muy bien soportada, en la actualidad, para afirmar que cuantitiva como cualitativamente, Venezuela sufre un terrorismo de estado similar o mayor que las dictaduras de antaño. La afirmación no supone, en ningún caso, minimizar los horrores sucedidos en el cono sur. Por el contrario, nuestra intención es mostrar la magnitud del horror, con los datos publicados por organismos internacionales, sobre lo que está sucediendo en Venezuela.
Ciertamente, el mayor problema que hemos tenidos los venezolanos para explicar y encontrar la solidaridad con lo que nos acontece, en el cono sur, ha sido la fidelidad de políticos, intelectuales y militantes de las izquierdas, a su ideología, que les funciona como un muro cerebral que les imposibilita analizar las prácticas del poder en otro país, simple y llanamente porque sus dirigentes tienen una discursividad contra el imperialismo norteamericano, asumiéndose dentro de una tradición de izquierda (actualmente, se tendría que preguntar: ¿a cuál tradición pertenece el madurísmo?) contra el neoliberalismo salvaje de la derecha. La oftalmoplejia intelectual y el pensar binario (izquierda-derecha), ha sido uno de los grandes problemas para comunicar nuestra catástrofe como sociedad.
Conclusión
A partir del 28 de julio de 2024, la dictadura militar, es pública y notoria. La subordinación de los civiles es una inferencia elemental, sin embargo, la hemos fundamentado.
Sin embargo, el pueblo de Venezuela seguirá resistiéndose, organizándose, estableciendo acuerdos cada vez más amplios, hasta lograr la libertad. Pero sin lugar a dudas, en esta nueva fase, el juego político tradicional, perdió todo sentido. Ojalá que este artículo pueda servir, sobre todo, para quienes siguen teniendo duda de lo que acontece en Venezuela.
