La extorsión es el negocio más lucrativo en la frontera Colombo-Venezolana de Apure

Las rentas millonarias por extorsión en la frontera de El Amparo-Arauca

La extorsión de las guerrillas colombianas Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se ha convertido en el negocio más lucrativo y naturalizado en la frontera colombo-venezolana de El Amparo-Arauca. Al menos 51 millones de dólares pueden obtener anualmente estos grupos irregulares ejecutando el delito en cuatro sectores: a los ganaderos, a los productores de arroz, a las empresas contratistas del Estado y a los comerciantes, en ambos lados del río que marca el límite binacional.

Hablar del tema produce miedo y desconfianza. No es fácil. Antes de comenzar la conversación con un grupo de reporteros, el entrevistado escanea el restaurante donde decidió encontrarse con ellos. Están en Arauca, capital del departamento homónimo colombiano, fronterizo con el estado venezolano de Apure. Él, ganadero del sector, es uno de los objetivos del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) para cobrar el llamado impuesto de guerra, un eufemismo para no usar la palabra extorsión, el delito que cometen.

La extorsión es el negocio más fácil y lucrativo de la frontera colombo-venezolana

Cada año este ganadero, uno de los 2.500 que tiene Arauca, debe entregar al ELN 12 vacas. Le cuesta contar el episodio que todavía recuerda, pero lo dice con voz baja y casi entre los dientes. Las vacas no las debe montar en un camión y enviarlas hasta un lugar en particular. Me las llevo, pero en el bolsillo, le dijo el representante del ELN con el que debió transar la extorsión.

En Arauca, ciudad y departamento colombiano que limita con el municipio José Antonio Páez del estado Apure, Venezuela, cuya localidad fronteriza inmediata es El Amparo, tres de cada ocho productores ganaderos -agremiados- son extorsionados por los grupos armados irregulares de la zona: el ELN y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La misma situación se registra en los pueblos venezolanos El Amparo y Guasdualito, donde ambos grupos irregulares colombianos operan sin restricciones. Incluso, del lado venezolano, las prácticas extorsivas también son aplicadas por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Policía Bolivariana de Apure (PBA), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

No es un hecho aislado que ocurre sólo con los productores ganaderos a ambos lados del río Arauca, que atraviesa esta frontera colombo-venezolana. Entre enero y julio de 2023, un equipo de reporteros investigó el delito de la extorsión en la frontera binacional de El Amparo y Arauca, y logró cuantificar los ingresos estimados que obtienen el ELN y las disidencias de las FARC a través de este delito. La renta se traduce en, al menos, 51 millones de dólares al año solamente en cuatro sectores productivos: ganadería, producción agrícola de arroz, empresas contratistas del Estado y sector comercio. En estas áreas se tuvo acceso a datos oficiales, extraoficiales y testimonios que permitieron hacer los cálculos estimados. En todos los casos fue posible obtener detalles de cómo se ejecuta este delito.

Los hallazgos son parte del proyecto transfronterizo Apure-Arauca, Sociedad Anónima, investigación periodística auspiciada por el Consorcio para Apoyar al Periodismo Independiente en la Región Latinoamericana (CAPIR). Para este trabajo se hicieron 60 entrevistas (25 en Arauca y 35 entre Guasdualito y El Amparo), entre víctimas, testigos y especialistas, quienes por razones de seguridad exigieron no revelar sus identidades.

Como resultado, no solo se pudo establecer un estimado de cuánto ingreso obtienen los grupos irregulares con esta práctica criminal, sino que se pudo confirmar que la extorsión es el delito más lucrativo en la zona por su frecuencia y facilidad -a diferencia del secuestro, por ejemplo-, lo que a su vez ha incidido en la naturalización de su ejecución en estas ciudades fronterizas. También, muestra la dimensión e impacto de la economía ilícita extorsiva en una frontera poco investigada como la de Apure-Arauca, quiénes son sus actores y cuáles son los métodos que aplican.

La recolección de información para esta investigación incluyó, además, la revisión de documentos en línea, el monitoreo a los pasos de transporte fluvial de personas y mercancía que conectan a Venezuela con Colombia, identificados como Don Elías, Los Indios y Costa del Caño, ubicados en el margen venezolano del río Arauca (población de El Amparo), así como de las alcabalas venezolanas denominadas Y de Dayco, Totumito, Y de La Victoria y Puente de Lata, ubicadas en un tramo de 100 kilómetros conocidos como la ruta extorsiva de Apure, que corresponden a la carretera Troncal 19 -de más de 400 kilómetros de extensión-, cuyos hallazgos serán presentados en la segunda entrega de este proyecto transfronterizo.

Un conflicto de por medio

En esta zona fronteriza de Apure y Arauca, específicamente entre las poblaciones de El Amparo y Arauca, la extorsión tiene varios sobrenombres. En el lado colombiano es conocida como impuesto de guerra, y se asocia con el dinero que deben recabar los grupos irregulares (ELN y disidencias de las FARC) para mantener la lucha contra el Estado opresor. En territorio venezolano, en cambio, se le dice vacuna, como si se tratara de una inmunización que evitará ser víctima de la delincuencia común. La realidad en ambos países es que la extorsión es la entrega fija de dinero, calculado con base en la producción mensual, semestral o anual de cada área productiva según los parámetros que fija cada grupo irregular colombiano. La coacción siempre está presente.

En ocasiones, las extorsiones también son llamadas colaboraciones, cuando se trata de pagos eventuales en dinero, especie (productos o mercancía) o apoyos logísticos, que no tienen vinculación alguna con la producción de cada sector. Las aplican estos mismos grupos tanto en El Amparo como en Arauca.

Cuando la extorsión ocurre del lado venezolano, y es protagonizada por militares o funcionarios de los organismos del Estado, la bautizan como matraca, pero es igualmente una extorsión, pues se pide dinero o productos a cambio de permitir el libre tránsito, el desarrollo de alguna actividad productiva o incluso para obviar algún procedimiento legal que corresponda ante una irregularidad.

Con estos tres conceptos diferentes deben lidiar los ganaderos en esta frontera binacional. Del lado venezolano, la extorsión a los ganaderos es mayor. Aquí nos extorsionan todos: la guerrilla, la PNB, el Sebin, los guardias nacionales, relata un hacendado de Guasdualito, capital del municipio José Antonio Páez, ubicada a 25 kilómetros de El Amparo.

Productividad se ve amenazada en el eje Apure-Arauca a causa de las extorsiones.

Gremios ganaderos de Apure sostienen que al menos 75% de los 8.600 agremiados en ese municipio apureño (cifra del año 2011, última disponible), son extorsionados actualmente por el ELN, grupo que ejerce el control territorial y gobernanza criminal en la zona desde hace más de 40 años.

El escenario era peor en 2022. Al menos hasta mayo de ese año, además del ELN eran intimidados por las disidencias de las FARC y un grupo irregular venezolano conocido como Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) o Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN), a cuyos miembros llaman boliches.

Ambos grupos fueron desplazados de la zona después de que se produjera la guerra de guerrillas, un enfrentamiento a sangre y fuego que comenzó el 31 de diciembre de 2021 entre el frente Domingo Laín del ELN y los frentes 10 y 28 de las disidencias de las FARC-EP (Ejército del Pueblo), en la población de El Nula, localidad apureña ubicada al oeste del municipio José Antonio Páez, en Venezuela. Este enfrentamiento se mantiene activo, y hasta junio de 2023, llevaba más de 200 asesinatos sólo del lado colombiano, según el Observatorio de Derechos Humanos de la Comisión de la Verdad de Colombia.

Antes de la guerra de guerrillas ambos grupos colombianos mantenían una convivencia mínima y se repartían las zonas y rentas criminales provenientes del tráfico de personas y mercancía del río Arauca, así como de las extorsiones a sectores productivos de ambos lados de la frontera. Ambos, unidos, desplazaron en 2021 a la banda criminal venezolana Tren de Aragua, cuando intentó controlar el río Arauca para sumarlo a sus prácticas delictivas.

Las FBL, grupo irregular apureño, operaba en el municipio José Antonio Páez en complicidad con las disidencias de la FARC-EP antes de que se produjera esta guerra, por ello, también terminaron siendo apartados de esta zona fronteriza, sobre todo de Guasdualito. Sin embargo, de acuerdo con varias fuentes consultadas para esta investigación, las FBL y las disidencias de las FARC-EP aún operan mínimamente en Guasdualito y otras comunidades rurales vecinas.

Todo este contexto explica por qué, actualmente, los ganaderos venezolanos de este municipio apureño aclaran que tienen cerca de 18 meses sin ser extorsionados por los llamados boliches y las disidencias de las FARC-EP. Sus rentas se las está llevando el ELN.

A partir de la reportería realizada entre El Amparo y Guasdualito, se pudo determinar que, al menos, 37 millones de dólares al año es la cantidad que recoge el ELN por las extorsiones a ganaderos que tienen sus fincas en el municipio José Antonio Páez de Apure.

La estimación fue calculada con base en la cantidad de productores ganaderos que hay en el municipio (no menos de 10.000 productores) y la estimación de que al menos 75% de ellos son víctimas de extorsión. El pago que les exige el ELN oscila entre 200 y 400 dólares mensuales, a partir de un acuerdo previo entre ambas partes.

Ganaderos deben abandonar sus fincas cuando la guerrilla las requiere para sus reuniones

En Guasdualito, localidad venezolana donde están presentes los dos grupos colombianos, varias fuentes advirtieron que allí el ELN cobra menos que las disidencias de las FARC-EP, cerca de 2.000 dólares anuales. Allí la extorsión se aplica con la visita de un guerrillero vestido de civil, que las víctimas llaman lavado porque no porta uniforme.

Antes de ser disminuidas y desplazadas, las FBL extorsionaban con fuerza. A los productores que poseían más de 500 reses les aplicaban una cuota fija de una res cada seis meses. También les cobraban, entre 2021 y 2022, 5.000 pesos colombianos (1 dólar) por cada res movilizada de sus fincas. Si el productor trasladaba 50 toros pagaba 250.000 pesos colombianos (50 dólares). Adicionalmente, en ese mismo período las FBL y las disidencias de las FARC-EP robaban un estimado de 500 reses en el municipio José Antonio Páez, de acuerdo con el gremio ganadero.

En 2022, la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), denunció que el sector pierde unas 700.000 reses anuales por abigeato y contrabando de la guerrilla colombiana. De esa cantidad, indican, 30% sale hacia Colombia a través de la frontera de Apure, donde el ganado se comercializa al doble del precio que tiene en Venezuela.

Otra dinámica en Arauca

El enfrentamiento armado entre el ELN y las disidencias de las FARC-EP, aún activo, cambió la dinámica extorsiva con los ganaderos de Arauca, en el departamento homónimo colombiano, fronterizo con El Amparo de Apure. La dispersión y movilidad de los grupos armados para huir de la justicia y de la zona de fuego, así como el trato directo entre el productor y el grupo irregular para acordar el monto y tipo de pago (dejaron de tener una tasa fija de impuesto de guerra), hacen incuantificables las extorsiones a ganaderos en esta localidad.

Actualmente, explicaron los entrevistados, los cobros son constantes y aplican sobre la movilización de animales, uso de maquinarias, insumos o cualquier cosa que desee el grupo irregular, solicitados en moneda colombiana, reses u otras opciones. Los guerrilleros se presentan en las fincas o interceptan a los ganaderos en las carreteras de Arauca, armados. Incluso, la delincuencia común también aprovecha el clima de hostilidad actual, hacen llamadas extorsivas en las que amenazan con hacerle daño a un familiar si se niegan a entregar lo que piden.

Como la extorsión es más anárquica y desorganizada en la actualidad, el asedio de los grupos irregulares colombianos es mayor. Antes de la pandemia de la covid-19, imperaban los cobros fijos del impuesto de guerra y la dinámica era distinta: los guerrilleros mandaban a buscar al productor, lo llamaban o le enviaban una notificación en papel a sus oficinas o fincas donde detallaban el día y la hora de la cita con el financiero o administrador de la guerrilla para que hicieran el pago. Indicaban hasta los documentos que debían llevar para, previa comprobación, pechar la producción con el equivalente a 5% a 10% de los ingresos, dependiendo del sector productivo y la situación de cada víctima, explicaron los entrevistados. Así, pagaban una sola vez y a un solo grupo irregular, pues existía una especie de cláusula de respeto: si alguien le pagaba al ELN, no le pagaba a las FARC-EP.

Los ganaderos entrevistados en Arauca afirmaron que, aunque la extorsión actual pueda ser negociada de acuerdo a la disponibilidad de la víctima, igual representa una pérdida importante porque la aplican para todo, incluso cuando el productor vende una res sabe que deberá entregar un porcentaje de la transacción a los irregulares y si la delincuencia común se entera, también a ellos.

La denominada “ruta negra” del contrabando de ganado y narcotráfico es controlada por las disidencias de las FARC

En esta zona las fincas están clasificadas, al menos eso aseguran los productores, pues sostienen que los grupos irregulares visitan a los productores que tienen cierto perfil. Por ejemplo, en el municipio araucano Cravo Norte, llegan a las fincas que tienen más de 100 cabezas de ganado y si el ganadero se niega a pagar la vacuna es secuestrado por grupos de todo tipo, reveló una hacendada colombiana.

Empresas contratistas: otro botín

Las empresas contratistas que prestan sus servicios a la estatal colombiana Ecopetrol, dedicada a la explotación petrolera, son otro blanco del denominado impuesto de guerra en Arauca. El ELN es el grupo que, tradicionalmente, ha dominado este delito en este sector.

La extorsión a estas empresas contratistas se realiza de acuerdo al método de rendición de cuentas al financiero del ELN. El incumplimiento del aporte acarrea sanciones que van desde retenciones, restricción de la movilidad de transporte de trabajadores e insumos para la producción, hasta consecuencias más extremas como la explosión del oleoducto Caño Limón Coveñas, que transporta el crudo araucano hasta la refinería de Puerto Coveñas, en la costa del caribe colombiano. De acuerdo con la organización Crudo Transparente, el ELN es responsable de más de 1.500 atentados a esta instalación petrolera y del derrame de más de 3,5 millones de barriles de petróleo, el atentado más reciente se registró en marzo de 2023.

La extorsión a estas empresas es reconocida por las autoridades policiales y militares colombianas. En abril de 2023, el coronel y director de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), de la policía de Arauca, informó la detención de alias Bigote, responsable de las extorsiones del ELN en esta región llanera colombiana. Esta persona cobraba anualmente entre 5% y 10% de sus ingresos a las empresas contratistas del Estado. Los comerciantes y transportistas debían pagarle entre 500.000 pesos (122 dólares) y 3.000.000 de pesos (732 dólares), mientras que los integrantes del gremio de productores de arroz debían desembolsar un promedio de 2.500.000 pesos (610 dólares) por hectárea cultivada.

El impuesto de guerra continúa vigente en este sector, a pesar de las negociaciones que el gobierno de Gustavo Petro mantiene con la guerrilla del ELN. En el encuentro de La Habana, Cuba, de junio de 2023, Pablo Beltrán, jefe negociador del grupo irregular, expresó que mantendrán las extorsiones y los secuestros, prácticas que sustentan al ELN.

Contratistas también son víctimas de las extorsiones de acuerdo al monto del contrato

Para conocer un estimado del ingreso por extorsión que recauda el ELN en el campo de las empresas contratistas, el equipo de reporteros revisó el Portal Anticorrupción de Colombia, donde se encuentra la información oficial de las empresas contratistas, montos asignados por los contratos y las obras o servicios que deben ejecutar.

Esta información de acceso público permitió identificar que en 2022 los fondos invertidos por el Estado colombiano en las empresas contratistas de Arauca ascendieron a 63.715.814 dólares. Si se tiene en cuenta que el ELN cobraba entre 5% a 10% de los montos de los contratos, quiere decir que este grupo irregular recaudaba por estas extorsiones entre 3 millones y 6 millones de dólares al año.

El dinero que llueve como arroz

Cuando los medios araucanos publicaron la detención de alias Bigote, el 18 de abril de 2023, detallaron que guardaba relación con una denuncia de extorsión de 200 millones de pesos colombianos (48.780,48 dólares) a un productor de arroz araucano, correspondientes a la siembra de 800 hectáreas. Esto dejó en evidencia cuán afectado está el sector agrícola en el departamento de Arauca.

Según la prensa local, el guerrillero citó al productor de arroz en el sector Guafita de la parroquia El Amparo, estado venezolano de Apure. Vía WhatsApp, el delincuente contactó al productor y le exigió entregar la cuota inicial de 2.500.000 pesos colombianos (609,75 dólares), que en adelante debía pagar, por cada hectárea.

Según el censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) de Colombia, en el año 2022 se sembraron en el municipio Arauca 9.231 hectáreas de arroz. Tomando en consideración el tabulador del ELN para este sector, se estima que la renta de la extorsión obtenida por el grupo guerrillero, en ese año, pudo acercarse a los 5.628.658 dólares.

La extorsión a la producción arrocera de Arauca es casi tan productiva para los irregulares como la de la industria petrolera. Los productores del sector, entrevistados para esta investigación, expresaron que estos cobros llegan a ser impagables y dificultan la posibilidad de dedicarse a la producción de arroz. El productor al que Bigote intentó extorsionar estaba comenzando en este negocio, por eso, no contaba con capital para pagar los más de 48.000 dólares que le exigió.

Control a toda la oferta comercial

El comercio es otro de los sectores productivos que están dentro de los objetivos de extorsión en esta frontera binacional, aunque de formas diferenciadas en un lado y otro, de acuerdo con la información aportada por comerciantes formales e informales, algunos activos y otros retirados de la actividad, entrevistados para esta investigación.

En Arauca, los montos extorsivos aplicados por la guerrilla varían según la capacidad financiera del comercio. Las fuentes consultadas refirieron la existencia de un tabulador promedio mensual de entre 250 dólares y 500 dólares. Según datos publicados por la Cámara de Comercio de Arauca, la capital del departamento colombiano tiene más 7.000 empresarios afiliados; esto pudiera generar entre 1.750.000 dólares y 3.500.000 dólares mensuales. Al año, pudieran superar los 20 millones de dólares si llegasen a extorsionar al 100% de los comerciantes araucanos.

En este sector productivo también tiene el control total el ELN. Este grupo autoriza desde la creación de un establecimiento, el monto a cobrar cada mes y hasta el monto de los intereses que solicitan por los préstamos que dan a algunos dueños de negocios, informaron los entrevistados. El ELN incluso se atribuye funciones de prestamista, ofreciendo capital para comenzar con un comercio o emprendimiento, o para mantenerlo a flote. Son préstamos al margen de cualquier dinámica bancaria, pero con los mismos principios.

Cuando otorgan este tipo de créditos irregulares cobran una tasa de interés de 10%. El beneficiario debe entregar cuentas a la organización, en este caso al ELN, sobre el dinero recibido, de lo contrario, el deudor es asesinado en distintas zonas de frontera, especialmente escogen lugares del centro de la ciudad colombiana de Arauca, en el río que lleva el mismo nombre y que limita con Apure, o en zonas rurales de la frontera. Por lo general, los ejecutores del crimen se desplazan en motocicletas. Este es el riesgo de aceptar un préstamo y después no poder saldar esa deuda.

Al igual que el resto de los sectores productivos, el impuesto de guerra al comercio se paga mensual o anualmente, dependiendo de los acuerdos entre las partes, pero en el actual contexto de enfrentamiento tanto el monto como la regularidad de los pagos se establece conforme a la urgencia de la guerrilla. Nos llaman para cobrar la cuota del año siguiente, necesitan dinero para financiar la guerra y los comerciantes pagamos las consecuencias a nivel económico, confesó un comerciante que ha vivido esta nueva dinámica.

Los grupos manejan la extorsión con talonarios.

Abrir un establecimiento comercial en cualquier país requeriría de un capital, cumplir con requisitos legales y el pago de impuestos. En Arauca, más allá de esos trámites rutinarios, hay otro proceso para poder iniciar operaciones con tranquilidad y tiene que ver con recibir la autorización de los grupos irregulares, concesión que se da previo pago de una extorsión, de acuerdo con los testimonios de empresarios de ese lado de la frontera.

Para presionar a los comerciantes que no están aprobados por ellos, el ELN les retiene los camiones en la vía, destruyen la mercancía o los inmovilizan, como ocurrió con la maquinaria agrícola de uno de los entrevistados que fue obligado a negociar para poder llevarla hasta su finca.

La competencia comercial también entra en el juego extorsivo. Los grandes comerciantes araucanos que pagan regularmente cuantiosas sumas de dinero en impuesto de guerra exigen a los irregulares restringir la instalación de nuevos negocios.

La vida cotidiana de en el tramo binacional está sometida al control social de la guerrilla

Además, la delincuencia común también entra en el negocio de la extorsión. Con algunos datos que estudian por redes sociales conocen el modo de vida de sus víctimas y a través de llamadas extorsivas exigen pagos, haciéndose pasar por la guerrilla.

Identificar estos actores es complejo porque en Colombia adquirir una tarjeta sim (línea de teléfono celular) cuesta menos de dos dólares y los venden en cualquier establecimiento, sin necesidad de hacer un registro a nombre del usuario.

Estas líneas son de uso corriente en El Amparo, del lado venezolano, y es por eso que los irregulares tienen acceso a grupos de WhatsApp y otras redes sociales. Desde allí obtienen información de sus potenciales víctimas.

En 2022, ante el elevado número de extorsiones, los empresarios colombianos solicitaron la exclusión de sus datos personales e información de contacto de las bases de datos de los sistemas públicos, lo cual tiene una repercusión en la reducción de llamadas extorsivas, indicaron fuentes del gremio.

La reapertura de la frontera, en enero de 2023, vista como una oportunidad para la integración binacional de los comerciantes a través del puente internacional José Antonio Páez, que une a las poblaciones de El Amparo (Venezuela) con Arauca (Colombia), no se ha concretado en su totalidad no solo por aspectos legales sino por miedo. A los comerciantes araucanos les aterra cruzar hacia El Amparo porque este pueblo es usado por el ELN para citar a las víctimas. En El Amparo o en Guasdualito te llamaban por teléfono o alguien se acercaba al negocio y te ponían una cita, confesó una comerciante que fue víctima de un secuestro.

En 2022, dos jóvenes venezolanos de las disidencias FARC resultaron asesinados en la guerra de guerrillas. Cadáveres sin identificación son enterrados con la sigla NC que significa nacionalidad venezolana

Extorsión mixta en el lado venezolano

En el municipio José Antonio Páez de Apure, aseveraron los consultados, la extorsión a los comerciantes la ejecutan los grupos armados irregulares colombianos y funcionarios del Estado venezolano, tanto civiles como militares, quienes además de imponer tasas fijas a la producción o ingresos por mes, exigen colaboraciones frecuentes.

De acuerdo con los agremiados del sector, hay 2.000 comercios formales en este municipio. Cada uno debe pagar a la guerrilla entre 5% y 10% de la producción neta mensual del local. Sin embargo, no es posible calcular a cuánto asciende la extorsión en este sector, del lado venezolano, por falta de datos sobre la producción mensual de los negocios y la variedad. En su lugar se describe la dinámica con base en la información aportada por los consultados.

Todo lo que genere dinero lo controlan, manifestó un habitante de El Amparo. En los establecimientos, los militares extorsionan con la ayuda de un civil, generalmente una mujer, para no dejar evidencia y evitar ser identificados y fotografiados. Los guerrilleros, en cambio, extorsionan de forma directa, van personalmente al comercio, pero sin uniforme, para disimular.

Hasta 2021, el ELN compartía el cobro de los negocios de la zona con las disidencias de las FARC-EP. Esto cambió con la confrontación armada que sostuvo este grupo con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la población de La Victoria, ubicada a poco más de 90 kilómetros de El Amparo, en 2021 y donde murieron 17 militares. También afectó la guerra de guerrillas iniciada a finales de ese mismo año.

De acuerdo con los lugareños, en este último conflicto el ELN y las FANB redujeron a las disidencias de las FARC-EP. De allí el control actual del ELN en esta frontera y su connivencia, en el lado venezolano, con funcionarios civiles y militares de Venezuela. Para los ampareños hay grandes diferencias entre el control social y económico de las disidencias de las FARC-EP y del ELN.

Las FARC-EP prostituían a las niñas y jóvenes, ellas tenían que pagarles para que las dejaran trabajar. También las usaban como informantes, dijo un trabajador social local. El ELN, en cambio, actúa bajo perfil, castiga a la delincuencia común con trabajo comunitario, pero no perdona una traición, matan a quienes entreguen información de la organización al gobierno colombiano, añadió.

Pago de extorsiones en Venezuela no se traduce en progreso para la población

En El Amparo es imposible iniciar un negocio sin la autorización del ELN o mantenerlo sin los aportes a este grupo guerrillero. Si el comerciante no cumple recibe la visita de los milicianos del ELN o una llamada telefónica para establecer acuerdos sobre el pago de la extorsión.

Desde la reapertura fronteriza, en enero de 2023, han surgido construcciones de galpones a la orilla del río Arauca, donde almacenan mercancía seca provenientes de Arauca, vía fluvial. Es, sobre todo, chucherías, víveres, artículos de limpieza del hogar y de higiene personal. De allí esa mercancía es cargada luego en grandes camiones que se estacionan en la población de El Amparo, y de ahí parten hacia diferentes estados de Venezuela.

Habitantes de la localidad aseguran que más de 50 camiones llegan al poblado semanalmente para cargar la mercancía. Esto ha introducido una nueva dinámica de cobros ilegales.

Uno de los canoeros que transporta esta mercancía contó al equipo de reporteros que su tarifa por descargar una canoa grande es de 200.000 pesos colombianos (49 dólares), el costo por una canoa pequeña varía entre 12 y 20 dólares, y en el caso de una motocicleta llega a cobrar entre cinco y siete dólares. De todos estos ingresos que percibe, debe pagar 50% en extorsión al ELN, a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Marina venezolana.

La práctica extorsiva es tan rutinaria que ha llevado a la quiebra a comerciantes de El Amparo. En las mañanas, cuando entraba al pueblo con el camión, la acechaban como nueve efectivos de seguridad y los guerrilleros, y tenía que darles a todos. Así la quebraron, narró uno de los ampareños refiriéndose a una comerciante local.

Un delito enquistado y poco denunciado

En Guasdualito, a 25 kilómetros de distancia de la rivera araucana, Apure adentro, las FBL (conocidos como boliches) lavaban el dinero de las extorsiones incorporándolo a la dinámica comercial de la zona: entregaban parte de los ingresos a personas de confianza que, a su vez, otorgaban ayudas sociales a personas necesitadas y préstamos a plazo, con altos intereses de retorno pagaderos en pesos colombianos o en dólares. Aquí hay varios muy conocidos que dan ayudas a la gente del pueblo que necesita, comentó una de las guasdualiteñas consultadas.

La imposición de normas por parte de los grupos irregulares signa la vida de todos los pobladores.

De acuerdo con testigos entrevistados, estas personas se mantienen bajo perfil en Guasdualito con este tipo de negocios. Aunque se trataba de una dinámica profusa, ha disminuido desde hace año y medio, desde que las FBL fueron desplazadas de la zona.

En mayo de 2022, las autoridades venezolanas junto con el ELN lograron expulsar de este municipio a los boliches y disidencias de las FARC-EP, tras el rescate de una mujer secuestrada en Barinas, estado llanero venezolano, a quien mantuvieron en cautiverio en Apure durante cuatro meses. Una fuente de la ONG Insight Crime, citada en el informe Las FBL, auge y caída de una guerrilla híbrida, publicado en julio de 2023, aseveró que la familia de la secuestrada tenía nexos con el alto gobierno venezolano y por esa razón no se permitió la continuidad de ambos grupos.

Mientras continúan los enfrentamientos y disputas entre todos los grupos irregulares que hacían y hacen vida en esta frontera binacional, hay un hecho cierto: la extorsión en la frontera El Amparo-Arauca floreció como el negocio más lucrativo de los grupos armados irregulares colombianos (ELN y las disidencias de las FARC-EP como se ha relatado) así como de funcionarios militares y civiles del Estado venezolano, destacados en las poblaciones de Guasdualito y El Amparo, del estado Apure. Es el delito más naturalizado y con mayor impunidad en ambos lados de esta frontera, así como también es el menos denunciado.

Entre enero y mayo de 2023, la Policía de Arauca, Colombia, reportó en su sitio web la ocurrencia de 19 extorsiones en Arauca. Durante todo el año 2022 registraron 35 denuncias y en 2021 un poco más, 54, de acuerdo con los datos reportados por el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia. Cuando la gente decida denunciar se va acabar la extorsión, aseguró una fuente policial de Arauca al equipo de reporteros.

Fiscal de Arauca, Harles Max Cortés

El Fiscal de Arauca, Harles Max Cortés, entrevistado para esta investigación, confirmó que la extorsión sigue siendo una realidad que no se puede ocultar en la región llanera. Sus principales víctimas son ganaderos, comerciantes y todas las personas que tengan capacidad económica, mientras que los ejecutores de los cobros extorsivos son el ELN y las FARC-EP, quienes continúan solicitando dinero a la población a cambio de no afectar sus bienes. Indicó que los montos de extorsión son indeterminados, no hay una tarifa fija porque todo depende de la capacidad económica de la persona. Es un monto que maneja el infractor con su víctima, aseguró.

A pesar del descenso de las denuncias de extorsión en este departamento colombiano, Cortés defiende que en los últimos años se ha fortalecido la cultura de la denuncia contra la extorsión porque hay más confianza en las instituciones de Colombia.

En el caso venezolano ocurre lo contrario. El equipo de reporteros no tuvo acceso a las fuentes oficiales ni a datos públicos sobre este delito. No obstante, no hay dudas de su ocurrencia en el municipio José Antonio Páez, fronterizo con el departamento de Arauca. Hasta mayo de 2022, momento en que las disidencias de las FARC-EP compartía con el ELN y las FBL venezolanas el control territorial del municipio, la vacuna promedio mensual en algunos sectores no bajaba de 500 dólares y, en otras zonas, alcanzaba hasta los 3.000 dólares mensuales. Aunque la dinámica haya cambiado, la extorsión sigue siendo un delito que marca la vida de los habitantes de ambas localidades.

Hace cuatro años viví una extorsión, me citaron en la plaza Bolívar de El Amparo, luego me llevaron a una cantina de licores y allí pagué 250 dólares por mi pequeño negocio, expresó un comerciante. La apertura de la frontera fue vista como una oportunidad para la integración binacional en el sector comercial, pero del lado colombiano todavía permanece el miedo de pasar a Venezuela, ese temor viene dado porque en territorio apureño se acordaban las citas para los pagos de extorsión hechos por la guerrilla.

Testimonios

Los autores de este reportaje han decidido mantener sus nombres en reserva por razones de seguridad.

Esta investigación periodística fue auspiciada por el Consorcio para Apoyar al Periodismo Independiente en la Región Latinoamericana (CAPIR), liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).