La justicia Argentina fundamentó la fastuosa defraudación al erario público cometida por Cristina Fernández

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El Poder Judicial argentino concluye que los delitos cometidos por la vicepresidenta, Cristina Fernández, y ex mandataria (2007-2015) tienen las dimensiones de una fastuosa defraudación al Estado.

El Tribunal Oral Federal 2 de Argentina dijo este jueves que el pasado 6 de diciembre condenó a Cristina Fernández a 6 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por defraudación en la obra pública, porque consideró que es una de las autoras del delito investigado.

En un texto de 1.616 hojas, especificó que la vicepresidenta tuvo una intervención fundamental en las irregularidades de la concesión de 51 obras públicas en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo, a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y de ella misma.

La resolución hace referencia al tenor de sus aportes a la fastuosa defraudación emprendida, al ámbito preponderante que ocupaba para la toma de las decisiones imprescindibles para su ejecución y al poder inaudito del que gozaba para influir en cada rincón estatal que interfiriera en el plan.

También al interés personal que sustentaba toda la maquinaria montada para el desvío de fondos públicos. Todo eso constituye la estructura que permite concluir que su conducta fue la que representó el mayor nivel de disvalor del hecho, explicó.

Perjuicio al erario público en un monto estrafalario y sin precedentes

El tribunal detalló la colosal extensión del daño causado, ya que perjudicó al erario público en un monto estrafalario de 84.835,2 millones de pesos al 6 de diciembre de 2022 (424 millones de dólares al tipo de cambio oficial actual). Estamos hablando de una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia de nuestro país, agregó el tribunal, para luego indicar que se trató de un grave hecho de corrupción sin precedentes.

Resaltó, además, la inusitada prolongación en el tiempo, desde la creación de la empresa Austral Construcciones, el 8 de mayo de 2003, hasta la decisión de despedir al personal contratado y abandonar las obras viales en curso, el 30 de noviembre de 2015. Y dijo que esas fechas estuvieron directamente determinadas por los resultados antagónicos de dos procesos electorales, cuando Néstor Kirchner inició su presidencia y Cristina Fernández terminó su segundo mandato.

El tribunal también fundamentó las condenas a los otros ocho exfuncionarios enjuiciados en la misma causa.

La defensa de Kirchner habla de guerra judicial, el Poder Judicial habla de coartada para eludir cuentas

La defensa de la expresidenta (2007-2015), que calificó el proceso como una expresión concreta de ‘lawfare’ (o guerra judicial) llevada adelante supuestamente por sus opositores políticos, el Poder Judicial y algunos medios de comunicación, fue calificado por el tribunal como una coartada para eludir la rendición de cuentas.

Resaltó que no entiende de qué modo la hipótesis conspirativa podría impactar en el análisis de los jueces, en tanto no niega ni explica los hechos que fueron comprobados ni la prueba que los acredita. E indicó que resulta un cliché vincular el devenir del proceso con la coyuntura política o el calendario electoral, aunque ahora parece más sofisticado hablar de ‘lawfare’.

Se abre la etapa de apelaciones

Tras la publicación de los fundamentos, se abre la etapa de apelaciones. Y se espera que la defensa de la vicepresidenta presente el correspondiente recurso.

Fernández podría beneficiarse, por haber cumplido ya 70 años, del arresto domiciliario si la condena quedara firme. Se prevé la reacción de la propia Cristina Fernández este viernes en una aparición en la Universidad Nacional de Río Negro, donde brindará la conferencia ¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria.

En la primera aparición de Cristina Fernández tras conocer la sentencia por corrupción, en diciembre pasado, se definió como blanco de una maniobra para proscribirla políticamente y anunció que no se presentará a los comicios generales de 2023.

Ya el ministro del Interior, Wado de Pedro, aseguró a los medios este jueves que el código penal reemplazó al código electoral en Argentina, afirmó que el país otra vez entra en una etapa de proscripción, en referencia a lo sufrido por Juan Perón en 1956, y agregó que este es otro día de persecución, donde sectores del poder judicial están cumpliendo un rol disciplinador.

Pero dirigentes del kirchnerismo preparan para el próximo sábado un acto en la localidad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, para reclamarle que sea candidata a presidenta en las elecciones de este año.

DW

 

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