Apretando la mordaza, con la Ley Contra el Odio, por Javier Ignacio Mayorca

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A pesar de la aparente distensión, en la Venezuela de 2022 se aplica la Ley contra el Odio más que en ningún otro momento.

El 13 de noviembre, la policía judicial informó sobre la detención de dos hombres, señalados de divulgar en sus redes sociales «comentarios que van en desprestigio del presidente actual del Instituto Nacional de Hipismo de Venezuela».

La presunta víctima de los «comentarios» de Denys Jesús Custodio y Robert José Yánez era, nada más y nada menos, que Eduardo Álvarez, conocido como el Potro desde sus tiempos de beisbolista.

Según la información publicada por El Nacional, estas detenciones estarían ligadas a la difusión por Twitter de los abucheos de los que fue objeto el presidente del INH durante un concierto celebrado en el Poliedro, el 3 de septiembre.

La nota policial indica que las detenciones fueron llevadas a cabo por agentes de la División contra Delitos Informáticos, como parte de las acciones para proteger a los «sectores más vulnerables».

Álvarez, sin embargo, está lejos de formar parte de los grupos carentes de protección. Por el contrario, lo ampara una norma que, justo en noviembre, llega a su quinto año de vigencia en el país. La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada por la extinta Asamblea Nacional Constituyente.

El propósito de la ley, según lo indicado en su primer artículo, es «promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia, a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos, favorecer el desarrollo individual y colectivo de la persona, preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger a la Nación».

Pero el director de la organización Espacio Público, Carlos Correa, tiene otra perspectiva sobre el propósito de esta norma.

La Ley contra el Odio, indicó, forma parte de una «política de censura, para que la gente tenga miedo y se inhiba de decir cosas».

El texto legal, entonces, tendría el objetivo fundamental de evitar el desprestigio de los máximos representantes de los poderes públicos, a través de la autocensura.

Algunos funcionarios se molestan, e intentan acallar las críticas con esta ley, afirmó.

La OTIC vigila

Desde noviembre de 2017, cuando entró en vigencia el texto legal, hasta mayo de 2021, Espacio Público recopiló cuarenta y cinco casos de personas investigadas o detenidas por el presunto delito de «incitación al odio».

Según Correa, la gran mayoría de las sesenta víctimas documentadas en esos expedientes eran funcionarios públicos.

Esta organización basó su trabajo en casos conocidos públicamente. Por lo que la cifra real de expedientes penales con seguridad fue mayor. Sin embargo, de acuerdo con informaciones conocidas extraoficialmente, durante los primeros diez meses de este año han sido iniciados 54 expedientes como consecuencia de mensajes considerados como incitación al odio. Este número rebasaría el total correspondiente a los cuatro años anteriores.

En algunos casos, los emisores de estos mensajes están plenamente identificados. En agosto, por ejemplo, se abrió una averiguación por declaraciones del presidente de El Nacional, Miguel Henrique Otero, dadas a través del canal NTN 24 de Colombia, y reiteradas a través de su cuenta Twitter. La minuta indica en términos escuetos que los señalamientos en ese medio «promueven el odio hacia las autoridades del Estado venezolano». Lo mismo se afirmó en julio para iniciar un caso contra Tamara Sujú, la directora del Instituto Casla, que con frecuencia publica informaciones sobre presuntas violaciones a derechos humanos, y del medio castrense venezolano.

Pero no todos los investigados divulgan críticas o denuncias. En julio, por ejemplo, la fiscalía 94 nacional abrió un expediente contra el humorista Wilmer Ramírez, por considerar que utiliza sus cuentas Twitter e Instagram para generar animadversión contra miembros del régimen, a través de sus chistes.

Para detectar los mensajes incómodos, el ministerio de Relaciones Interiores montó una estructura de vigilancia. Se llama Oficina de Tecnología de Información y la Comunicación (Otic). Figura como órgano actuante en dieciséis casos conocidos entre enero y octubre. La revisión periódica a las redes sociales y páginas web la denominan «patrullaje cibernético». Una expresión que también fue asumida por despachos de la policía judicial.

Twitter, la red social recientemente adquirida por el empresario Elon Musk, pareciera ser la plataforma más monitoreada. De allí surgió el 60% de los casos por incitación al odio de este año. Le sigue Instagram (9%) y TikTok (5%). También hubo casos de uso de varias redes (14%), así como denuncias sobre presuntas campañas a través de correos electrónicos, Kwan y WhatsApp, lo que implica un alcance inusitado, que llega hasta las comunicaciones interpersonales.

La utilización de la Ley Constitucional contra el Odio ha sido denunciada en foros internacionales de distinta índole. En febrero de 2021, un panel de la Organización de Naciones Unidas advirtió que esta norma forma parte de «un patrón de criminalización creciente en contra de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela».

Según el director de Espacio Público, en regímenes autoritarios como los de Cuba y Nicaragua aplican normas penales para reprimir a los sectores que critican a estos gobiernos. Esto también sucede en Bolivia. Pero ninguno de estos países tiene una ley como la implantada en Venezuela a partir de 2017.

Breves

-El ELN pareciera avanzar hacia un proceso de atomización similar al que en su momento padecieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). A la luz de esta teoría se podría explicar lo ocurrido en la finca Los Zamorucos, ubicada en Elorza (Apure). Su propietario Santos Torrealba denunció que una cuadrilla de elenos invadió este predio por varios días, para posteriormente exigirle el pago de un millón de dólares. La denuncia pública sobre esta extorsión ocasionó tanto revuelo que la Fuerza Armada no tuvo más alternativa que hacer acto de presencia. Anteriormente se había informado sobre otras acciones de revuelo emprendidas por esta guerrilla. En enero, por ejemplo, un frente tomó el poblado apureño de La Gabarra. Pero la extorsión contra el propietario de Los Zamorucos pone al grupo en un plano menos político y más delictivo, similar al que tuvo hasta los primeros años de gobierno de Hugo Chávez. El ELN perpetró varios secuestros de relevancia en el país a partir de 1999. La primera víctima fue Mely Carrero. Debido a ese caso, Chávez designó al capitán de navío retirado Ramón Rodríguez Chacín como un enlace con los guerrilleros. En la Fuerza Armada vieron esta movida como una concesión más a los irregulares que habían ejecutado la mayor masacre contra militares venezolanos, en el puesto de Cararabo (1995). Los seguidores del cura Manuel Pérez asumieron paulatinamente una actitud más silenciosa, que hacía presumir cierta afinidad con el gobierno chavista. Esta proximidad se mantuvo hasta la llegada de Maduro, al punto que desde Miraflores se ofrecieron para servir de garantes en la renovación de las conversaciones de paz con el gobierno colombiano. Por eso llama tanto la atención lo ocurrido en Elorza. Tal parece que algunos elenos encuentran más atractiva la vida en un plan de banda criminal, enriqueciéndose mientras los representantes del Comando Central (Coce) intentan acercarse a la «paz total» de Petro.

-La defensa de Alex Saab se desmorona. El empresario colombiano, enjuiciado en la corte del Distrito Sur de Florida por lavado de dinero procedente de los sobreprecios en la importación de alimentos y en la construcción de viviendas para el gobierno de Maduro, intenta convencer al juez Robert Scola de que los cargos en su contra deben ser levantados debido a un supuesto carácter diplomático, que le confirió el propio gobernante venezolano. Desde este espacio se ha observado que esta posición ha mutado a lo largo de todo el proceso, iniciado tras la detención del colombiano en junio de 2020. En principio, los abogados de Saab y el propio gobierno de Maduro dijeron que él era un «representante», luego aseguraron que era un «enviado especial», y después lo han llamado incluso embajador. La parte acusadora ha tomado nota de estas inconsistencias, y en un documento presentado el 7 de noviembre ante el magistrado Scola observaron que los abogados del empresario ni siquiera lograron que el gobierno de Cabo Verde les creyera en su momento, pues se trataba de una caracterización que iba cambiando a conveniencia. La insistencia de Saab llegó a su clímax en una audiencia de apelación, llevada a cabo en abril. Entonces, los apoderados del empresario consignaron una Gaceta Oficial extraordinaria, fechada 26 de abril de 2018, en la que supuestamente se comprueba que Saab fue nombrado «enviado especial» de Maduro. Aquí la fecha es relevante, pues refiere un acto administrativo previo al desconocimiento de Maduro por EEUU. Pero los fiscales Kurt Lunkenheimer y Alexander Kramer buscaron el original impreso de esta Gaceta, que reposa en la Librería del Congreso de EEUU, y no encontraron ninguna referencia a Alex Saab. De hecho, el documento original no contiene nombramientos. Solo un decreto presidencial que asigna 148 billones de bolívares para cubrir «requerimientos presupuestarios». A pesar de este revés, los apoderados del empresario continúan exigiendo que el Departamento de Estado entregue las informaciones que haya manejado sobre este controvertido caso.

Periodista especializado en criminalística. Consultor. Miembro Observatorio Venezolano del Crimen Organizado – @javiermayorca

 

Traducción »

Sobre María Corina Machado