Griselda Reyes: ¿Por qué la empresa migra a la informalidad?

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La voracidad fiscal de este gobierno no tiene límites. No solamente la del gobierno nacional sino también la de los gobiernos municipales.

No soy economista, pero soy empresaria y sé muy bien que si se quiere cobrar mayores tributos lo primero que hay que hacer es generar confianza entre los contribuyentes y luego proceder a aumentar la base imponible y no la cantidad de impuestos y, mucho menos su alícuota.

Quincena a quincena, aquellas empresas que aún están en la formalidad y que son contribuyentes especiales, deben hacer milagros para estar al día con el fisco a fin de evitar multas, cierres o la no renovación de la Patente de Industria y Comercio, por decir lo menos.

Los tributos que aporta el sector privado se han convertido, prácticamente, en la columna vertebral del presupuesto de la nación; pues el fracasado manejo de la industria petrolera ha hecho que la producción caiga a niveles similares a la década de 1940, a causa de la grave crisis económica y política que tiene paralizada a una industria local antes próspera.

Todo apunta a que el gobierno –ese mismo que se jacta de que «Venezuela se está arreglando» porque mide la holgura del bolsillo de quienes se han enriquecido de manera sospechosa en los últimos años–, se ha propuesto acabar con lo que queda de empresa privada.

Desde expropiaciones y confiscaciones de tierras, galpones y fábricas hasta controles de precios y de cambio, pasando por el otorgamiento de divisas preferenciales a sus allegados y la tenaza impuesta a la banca para aprobar créditos por el aumento desmedido del encaje legal –entre otras medidas que tienen entre la espada y la pared a quienes se dedican a la actividad comercial–, el sector productivo privado ha tenido que luchar contra un gobierno que viola, con total impunidad, la autonomía y la descentralización.

Y más recientemente le ha tocado afrontar la competencia desleal de los productos importados exentos del pago de impuestos, así como el contrabando de rubros –especialmente de Colombia y Brasil– sin ningún tipo de control de calidad.

Este proceder equivocado solo afecta al país, por muchas razones. Entre ellas, porque el gran generador de riquezas y empleo formal es la empresa privada. Incluso lo reconoce la OIT cuando asegura que la mayor parte del empleo mundial procede de las pequeñas empresas y de los trabajadores independientes.

También porque la empresa privada es la proveedora más confiable de bienes y servicios de calidad. Y aún más, porque cuando salgamos de esta pesadilla e iniciemos la transición hacia un verdadero Estado democrático, al sector privado nacional le corresponderá asumir el rol de reactivarla economía y rescatar el empleo y, con ello, la posibilidad de vida y desarrollo para los trabajadores.

Una de las cosas que todos deben ver es que, en condiciones normales y aun adversas, la empresa privada produce bienes y servicios para toda la población.

 

¡Créanme cuando les digo que es muy duro ser empresario en tiempos de revolución! Pero la voracidad fiscal de los gobiernos nacional y municipales es tal que está propiciando en el comercio lo que durante estos últimos años se convirtió en una práctica común entre trabajadores: la migración a la informalidad.

¿Cómo aspira el Estado recaudar impuestos si no hay base imposible? Hincar el diente a los pocos que sobreviven a la vorágine fiscal no es la vía más expedita.

Generar confianza

Para recaudar más impuestos, primero se debe aumentar la confianza de los contribuyentes. No me opongo a que el Estado cobre más tributos, pero creo que debe hacerlo de manera más equitativa y, además, que todos podamos palpar que esos recursos sean bien invertidos en servicios de calidad.

Más y mejores impuestos no dependen solo de ampliar la base imponible o de facilitar el pago, sino también de fortalecer la relación entre contribuyente y autoridades fiscales.

¿Qué propongo al Estado venezolano? Que mejore la fiabilidad del sistema tributario; que genere confianza en los contribuyentes, pero también en los ciudadanos; que aumente la base tributaria brindando herramientas a tantos emprendedores que hoy no pueden legalizar sus compañías por tema de costos; y que optimice la ejecución de esos ingresos en servicios de calidad.

Pero también que impulse la rendición de cuentas; que apruebe políticas para reactivar, impulsar e incrementar la producción nacional, especialmente en el sector agrícola e industrial de las regiones, porque cada una tiene su particularidad; que corrija la política monetaria y fiscal para fortalecer nuestra moneda de curso legal y que controle la inflación; que permita el nacimiento de un nuevo sistema financiero y microfinanciero fuerte, abierto y moderno, así como la apertura del mercado de valores.

Por supuesto, que implemente políticas e incentivos económicos, financieros, fiscales y comerciales para todos los sectores productivos, a fin de apuntalar el sistema de producción y comercialización nacional e internacional, así como el de industrialización y de desarrollo sostenible. Hay que apostar por la producción nacional e importar lo estrictamente necesario.

A más empresas, más empleos, más tributos y más calidad de vida. Por eso, el gobierno está obligado a trabajar de la mano con la empresa privada y a preservar –y no espantar– las inversiones que deseen hacer, garantizando sus derechos de propiedad

griseldareyes@gmail.com – @griseldareyesq

 

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