Ramón Cardozo: Es necesario renovar el mandato de la Misión de la ONU en Venezuela

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El pasado 17 de agosto, 125 organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales que trabajan en Venezuela solicitaron al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la necesaria e imperativa renovación del mandato de su Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, señalando en un comunicado que “la Misión ha desempeñado un papel central en el reclamo de que haya rendición de cuentas por delitos graves cometidos en el país y asegurar el escrutinio internacional sobre la crisis en curso en Venezuela”.

La importancia que reviste para la sociedad venezolana la continuación de las tareas de investigación de la Misión se ha hecho aún más patente luego de que, el pasado 26 de septiembre, fuera presentado y discutido el último informe de la Misión en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Este tercer informe de la Misión arrojó dentro de sus conclusiones más graves la aseveración de “que personas que ocupaban diversos cargos en las jerarquías de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DCGIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) cometieron crímenes y violaciones que constituyen crímenes de lesa humanidad, incluidos actos de tortura extremadamente graves, como parte de un plan diseñado por autoridades de alto nivel para reprimir a los opositores al Gobierno”.

Para el abogado Alí Daniels, cofundador de la ONG venezolana “Acceso a la Justicia”, un elemento relevante de este último informe reside en el hecho de que “la investigación de la Misión de la ONU no se limitó a verificar la existencia de las torturas en el país y la evolución y sofisticación que han alcanzado sus métodos, sino que además determinó cómo se estableció y funciona este sistema de represión extendido y generalizado; cómo y dónde se reclutan las personas que materializan las torturas; cómo se entrenan estos funcionarios; y, cuáles son los incentivos, los premios y los castigos que tienen esos funcionarios para cometer actos tan inhumanos”.

Como respuesta a este último informe de la Misión, el régimen de Nicolás Maduro emitió un comunicado donde desconoció la legitimidad de la Misión de la ONU y calificó al informe como un “panfleto” lleno de acusaciones falsas y “sin el más mínimo sustento metodológico ni contacto directo con la realidad del país”. El comunicado gubernamental concluyó con una amenaza a todos aquellos que promuevan la renovación del mandato de la Misión: “El gobierno venezolano alerta a los promotores de esta iniciativa que tomará las medidas políticas y diplomáticas pertinentes, en el ámbito bilateral y multilateral, frente a cualquier intento de seguir prolongando el mandato de este mecanismo de agresión”.

Legitimidad de la Misión de la ONU que investiga a Venezuela

Las comisiones de investigación y las misiones de determinación de los hechos son órganos internacionales de investigación establecidos por mandato de las Naciones Unidas. Estos órganos se utilizan para responder a situaciones en la que se han producido “graves violaciones” del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, de manera que pueda identificarse la responsabilidad por dichas violaciones y combatir la impunidad.

El 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ante las sistemáticas violaciones de derechos humanos que venían ocurriendo en Venezuela, tal como se señalaba en los informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, decidió mediante la resolución 42/25: “establecer, por un período de un año, una misión internacional independiente de determinación de los hechos, cuyos miembros serán designados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos, y enviar urgentemente esa misión a la República Bolivariana de Venezuela para que investigue las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”.

Posteriormente, el 6 de octubre de 2020, el Consejo de Derechos Humanos expresó en su resolución 45/20 su “gran preocupación ante la alarmante situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, marcada por un “cuadro persistente de violaciones” que afectan de forma directa e indirecta a todos los derechos humanos”. Mediante esta resolución, el Consejo prorrogó el mandato de la Misión por un período de dos años más.

Metodología y sustentación del informe de la Misión

Las misiones y comisiones de la ONU son constituidas por reconocidos expertos internacionales en materia de violación de derechos humanos. Estos órganos de investigación son asistidos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Este respaldo institucional abarca el apoyo en materia de metodología de las investigaciones y del derecho internacional aplicable, la elaboración de herramientas de investigación y la configuración de secretarías con personal especializado. Desde 1992, el ACNUDH ha proporcionado apoyo a unas 50 comisiones y misiones.

La Misión para Venezuela, siguiendo “las metodologías y prácticas óptimas establecidas para la determinación de los hechos en materia de derechos humanos, elaboradas por las Naciones Unidas”, investigó los casos ocurridos desde el 2014 hasta la fecha, que involucran a 122 oficiales activos y retirados de la Fuerzas Armadas que fueron arrestados, detenidos y torturados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DCGIM). La Misión también investigó los casos en los que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) arrestó, detuvo y sometió a tortura y otras violaciones y delitos graves de derechos humanos a más de 90 víctimas.

 

A pesar de que el Consejo de Derechos Humanos instó a las autoridades venezolanas a cooperar plenamente con la Misión, el informe señala que el gobierno de Nicolás Maduro no suministró ningún tipo de información ni permitió que los miembros de la Misión visitaran el país. Ante esta negativa, la Misión realizó tres visitas a la zona fronteriza venezolana.

Para la elaboración de este último informe, la Misión entrevistó de manera confidencial a 246 personas (víctimas, familiares y exoficiales de inteligencia) y utilizó información de 383 entrevistas realizadas en investigaciones anteriores. Las entrevistas se llevaron a cabo tanto de forma presencial como a distancia mediante conexiones telefónicas o de video seguras. Además, se analizaron los expedientes judiciales y otros documentos y evidencias relacionadas con los casos. Asimismo, la Misión mantiene, junto con la debida y necesaria protección de las identidades de las fuentes, testigos y víctimas, una base de datos completa de información y pruebas que sirvió de base para su análisis y conclusiones.

Razones de peso para la renovación del mandato de la Misión

Según sostiene el defensor de derechos humanos Ali Daniels, la razón principal por la cual se debe prorrogar el mandato de la Misión es que “tal como concluye el Informe, la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela sigue siendo grave. Las violaciones a los derechos humanos verificadas hasta el momento no solo son hechos que ocurrieron en el pasado, sino que son violaciones que actualmente están ocurriendo en el país”.

Por otra parte, continúa el abogado Daniels, “el sistema de agresión a los derechos humanos instaurado en el país se extiende más allá de lo que hasta ahora se ha investigado. Los casos que se señalan este último informe son solo una parte del total de las denuncias. Además de los dos organismos referidos en el informe de la Misión, existen otras estructuras represivas en Venezuela que han sido señaladas por sus víctimas y sobre las cuales se debería extender la investigación.”

No existe en Venezuela, concluye Daniels, “ninguna organización de defensa de derechos humanos, que tenga la capacidad técnica y operativa, y mucho menos la protección jurídica, para realizar ese tipo de investigación. Cualquier organización que pretenda en el país realizar investigaciones con la extensión y profundidad que lo ha hecho la Misión tendría que contar con ingentes recursos y además sus miembros correrían graves riesgos personales”.

Miembros de otras organizaciones de defensa de derechos humanos también han destacado que la labor que realiza la Misión de la ONU—recabando elementos de convicción, preservando registros, evidencias y pruebas de manera rigurosa y metódica sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en el país—podría ser un insumo muy importante para las tareas de investigación que adelanta actualmente el fiscal de la Corte Penal Internacional por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Adicionalmente, tal como se señala en el comunicado de las 125 ONG arriba referido, “las elecciones presidenciales están previstas para el año 2024, y las elecciones legislativas y regionales para el 2025. La represión gubernamental ha alcanzado niveles máximos durante los últimos períodos electorales. En este contexto, la misión puede tener un papel clave de alerta temprana que contribuya a disuadir tales abusos”.

Finalmente, la destemplada respuesta del gobierno de Nicolás Maduro a la presentación del informe de la Misión de la ONU, que no sólo la califica de “panfleto”, sino que, además, incluye una amenaza expresa a aquellos que apoyen la renovación del mandato de la Misión, es una evidencia clara de la gran preocupación que produce a lo interno del gobierno venezolano la existencia de organismos internacionales que investiguen de forma independiente las reiteradas denuncias de violación de los DDHH que han ocurrido y siguen ocurriendo en Venezuela.

La sociedad civil venezolana tiene puestas sus esperanzas en que todos estos argumentos de justicia, así como los graves hechos constatados en el informe, llamen a la reflexión a la mayoría de los representantes de los países que integran el Consejo de Derechos Humanos al momento de emitir su voto para la necesaria renovación del mandato de la Misión de la ONU en Venezuela.

Resultará necesaria, además, una profunda reflexión dentro de la sociedad venezolana sobre el contenido del Informe de la Misión y sobre el significado y consecuencias que tiene para los venezolanos el que una amplia estructura para la violación sistemática de los derechos humanos haya podido ser instaurada en el país de manera impune.

 

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