Desde 2007 las Fuerzas Armadas en México han participado en labores de seguridad pública y poco a poco han ido desplazando a las policías civiles. Hoy el país se enfrenta a una auténtica militarización en términos operativos, administrativos, presupuestales y normativos.
El uso de militares en labores de seguridad pública en México inició en enero de 2007 por la escalada de violencia que se vivía entonces debido a la expansión del crimen organizado. La estrategia del Gobierno federal (nacional) inició en el estado de Michoacán, y los presidentes Felipe Calderón (Partido Acción Nacional) y Enrique Peña (Partido Revolucionario Institucional) tuvieron presencia militar en muchos estados y municipios a petición de los gobiernos locales, con miras a contener y recuperar zonas en donde el crimen organizado empezó a tener control.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador se creó la Guardia Nacional, que, en la reforma que se aprobó en mayo de 2019, se indicaba que debía ser civil y con mando civil, aunque transitoriamente podía ser conformada por elementos de las fuerzas armadas (teniendo hasta el 24 de marzo de 2024 como plazo para hacerse completamente civil). Sin embargo, en septiembre de 2022 se introdujeron dos iniciativas que están cambiando el panorama.
Nuevo horizonte en la seguridad pública
La primera iniciativa fue presentada por el presidente López Obrador y en los hechos militariza cien por ciento la Guardia Nacional. Esta propuesta ya está aprobada y establece lo siguiente:
*La integración central de la Guardia Nacional es de carácter militar. Las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública se delegan prácticamente por completo en la Secretaría de la Defensa Nacional.
*El titular de la Defensa Nacional tiene facultad de ejercer el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.
*El cuerpo militar en la Guardia Nacional no pierde su esencia porque se prevé que las sanciones administrativas sean juzgadas en el fuero militar.
*Se establece la obligación de la Guardia Nacional de auxiliar a la Fuerza Armada Permamente en el ejercicio de sus misiones cuando así lo disponga la persona titular del Poder Ejecutivo Federal (el presidente de la República).
*Propone que la Guardia Nacional intervenga (sin solicitud previa) en cuestiones de seguridad pública a estados y municipios.
Para lograr todo esto se hicieron modificaciones a Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea y su Ley de Ascensos y Recompensas porque el presidente sabía que no lograría la mayoría calificada (2/3 del Congreso de la Unión).
La reforma, aprobada y publicada el 9 septiembre del presente año, ha sido señalada por organismos internacionales que incluso han solicitado al gobierno de México un plan de retiro «ordenado, inmediato y verificable» de los militares de las tareas de seguridad en el país; pero no modifica la Constitución, aunque atropella aspectos suscritos expresamente en la Carta Magna, por lo que seguramente será la Corte la que tenga la última palabra.
Reformar la Constitución
Existe una segunda iniciativa presentada por el PRI también a inicios de septiembre que sí es de carácter constitucional, por lo que su proceso de aprobación es más largo y complejo (se debe aprobar por dos tercios de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y debe ser aprobada por la mitad más uno (17) de los Congresos locales) y lo que aborda es:
*Prorrogar hasta el año 2028 el acompañamiento militar dentro la Guardia Nacional y no hasta el año 2024 como estaba planteado.
Retoma temas que habían sido eliminados de la propuesta original del presidente López Obrador como evaluaciones e informes al Congreso, además la conformación de una comisión bicameral para tales efectos.
El problema que subyace con esta segunda iniciativa no es sólo que lleva la reforma de la administración de la seguridad a la Constitución, sino que en junio del presente año la oposición conformada por el PAN, el PRI y el PRD firmó una moratoria constitucional. Este es un documento en el que los partidos se comprometieron a no hacer modificaciones a la Constitución durante los últimos años del mandato de López Obrador. El PRI ha sido parte del bloque opositor y está cayendo en una gran contradicción que puede devenir en un reacomodo en las fuerzas y equilibrios políticos.
Propuesta que divide
La iniciativa presentada por el PRI además de romper el compromiso adquirido al firmar la moratoria constitucional ha dividido profundamente a dicho partido, ya que en la Cámara de Diputados votó con el bloque del Gobierno logrando la mayoría calificada que se requiere pero en el Senado de República, al no alcanzar los votos necesarios, pospusieron la discusión y votación.
En la actualidad, y luego de estas iniciativas que trastocan el armado de la conducción de la Guardia Nacional mexicana, la militarización de la seguridad pública es un hecho legal pero todavía no constitucional. Sin embargo, si se analiza el presupuesto asignado para la militarización (221.000 millones de pesos, equivalentes a 10.900 millones de dólares) frente al presupuesto que tienen todas las policías municipales (122.000 millones de pesos, equivalentes a 6.020 millones de dólares), es evidente que en la práctica se está implementando.
Licenciado en Filosofía y Maestría en Comunicación. Director general de la Fundación Rafael Preciado Hernández.
