Los güireños no usan la embarcación de la recién activada ruta marítima hacia Trinidad

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En la capital del municipio Valdez del estado Sucre, Güiria, pese a que el pasado mes de agosto el gobierno regional anunció la activación de una ruta marítima entre Venezuela y Trinidad y Tobago, residentes sostienen que la salida ilegal de embarcaciones hacia la vecina isla caribeña, aún persiste desde esa zona.

Más que fomentar el traslado de pasajeros hacia Trinidad y Tobago, la ruta sirve más para los venezolanos que retornan al país y especialmente para las autoridades de migración trinitarias que deportan a quienes llegan de manera ilegal a la isla.

Las exigencias de visa por parte de las autoridades trinitarias limitan la migración de venezolanos que buscan mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, por ello estos ven como mejor opción seguir tratando de llegar al vecino país, a través de embarcaciones ilegales.

Obtener la visa no es fácil, es muy duro lograr que la Embajada de Trinidad al menos responda el teléfono”, declaró el venezolano José Acuña, habitante de Güiria.

Acuña sostiene que pese a los controles y las restricciones en la zona costera, las salidas ilegales de embarcaciones se mantienen. “La gente se va a riesgo de que lo metan preso al llegar allá y uno quiere trabajar, no andar escondido”.

El güireño no pierde la esperanza de obtener una respuesta del gobierno trinitario a su requerimiento para viajar legalmente. Las necesidades económicas de la población no esperan y por ello se arriesgan a pagar 150 dóalres para viajar en lanchas clandestinas.

La gente sigue arriesgándose. La semana pasada supimos que se fue un grupo en un bote clandestino y cuando llegaron allá -a Trinidad- los detuvieron. Ahora esperan que llegue la lancha para devolverlos, como ocurrió con otras personas que deportaron esa misma semana”, explicó María Ramírez, quien prefirió no revelar su verdadera identidad por cuestiones de seguridad.

Para Ramírez, quienes viajan no toman en cuenta las restricciones legales porque histórica y culturalmente, han visto la cercanía de la isla como si se tratara de otra jurisdicción sucrense.

“Hay personas que las autoridades los agarran en pleno viaje, los meten presos, los deportan y vuelven a viajar ilegalmente”, dijo la informante.

La población busca oportunidades para sobrevivir a la emergencia humanitaria compleja que golpea sobremanera al estado Sucre.

 

En medio de todas las carencias, el dolor de las familias ha aumentado ante la indiferencia de las autoridades nacionales y trinitarias, que no han ahondado en las investigaciones en torno a los cuatro naufragios registrados desde 2019, así como la muerte y desaparición de un centenar de personas, entre las costas sucrenses y aguas internacionales.

El 23 de abril de ese año ocurrió el naufragio de la embarcación “Jhonaily José”, de la que solo rescataron a nueve de las 38 personas que iban a bordo.

La segunda lancha que naufragó fue “Ana María”, que derivó en la desaparición de 33 tripulantes, hecho ocurrido el 16 de mayo de 2019.

Otro caso fue el confirmado el 6 de diciembre de 2020, cuando fue denunciada la desaparición de los botes “Mi Recuerdo” y “Mi Refugio”, que zarparon desde Güiria con 41 personas.

Mientras el misterio rodea la desaparición de 10 personas a bordo de la embarcación “amiyah”, que zarpó desde Trinidad hacia Güiria, y que este mes de septiembre cumple 10  meses desde la tragedia ocurrida el 23 de diciembre de 2021, en medio de la festividad navideña.

Poca información

Frente a ese panorama, los güireños indicaron que tienen poca información sobre los costos y operatividad de la ruta marítima que ya había operado anteriormente y que cuenta con el respaldo oficial.

Esperan que el servicio se mantenga en el tiempo para dinamizar la economía de la población que se encuentra muy deprimida.

Crónica Uno

 

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