María Luisa Rufino: Transición energética

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Transición socioeconómica hacia la sostenibilidad

El cambio climático es una realidad, de hecho, deberíamos hablar de emergencia climática. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pone de manifiesto que hay ya más de 32 millones de personas que sufren de manera directa las consecuencias.

Han pasado más de dos décadas desde que se adoptara el Protocolo de Kioto, 11 de diciembre de 1997, hasta la última COP26 celebrada el pasado año en Glasgow. La sociedad tiene una mayor información y sensibilización respecto a los efectos que tiene el cambio climático sobre la naturaleza y la sociedad, pero los Acuerdos no se cumplen. Naciones Unidas acaba de declarar como Derecho Humano fundamental, el “derecho a un medio ambiente sano”. Sin embargo, cuando se platean acciones políticas concretas de afrontamiento de la situación se rechazan por algunos sectores sin argumentos, sin base científica, ni socioeconómica, simplemente buscan confundir a la ciudadanía y confrontar con el Gobierno.

La Unión Europea y principalmente el sur, por tanto, España, por nuestra situación geográfica y características socioeconómicas, somos uno de los países europeos que estamos sufriendo las consecuencias muy de cerca. Nos enfrentamos a fenómenos climáticos extremos: más días de olas de calor severas y noches tropicales, el aumento de la temperatura superficial del Mediterráneo, tormentas de granizo, inundaciones, sequias, incendios forestales, reducción en la disponibilidad de agua y por tanto en la producción de electricidad por energía hidroeléctrica y nuclear para la producción directa y el enfriamiento, lo único “positivo” que se puede extraer de esta situación es que la sociedad está siendo más consciente de las consecuencias del cambio climático por las alteraciones que se están produciendo.

El Foro Económico Mundial plantea que los fenómenos climáticos extremos son uno de los principales riesgos para la economía mundial. Por eso es fundamental que el sistema social, económico y ambiental esté preparado frente al cambio del clima, lo que requiere mecanismos de protección social en beneficio de las personas más vulnerables ya que la justicia social no es posible sin la justicia climática.

Esta situación se ha agravado tras la crisis mundial que hemos padecido por la COVID-19 y por la actual guerra provocada por la invasión de Rusia a Ucrania. Se han puesto de manifiesto debilidades que hay que atajar con urgencia.

De ahí que nuestro Gobierno, haya dado un paso adelante hacia la transición a un futuro más sostenible aprobando el Real Decreto de medidas de eficiencia energética. Un paquete de medidas urgentes dirigidas a aumentar la eficiencia y el ahorro energético con el objetivo de reducción de consumo de gas, combustible fósil, del 7% acordado por la UE como consecuencia de la guerra de Ucrania, y del corte en el suministro a diferentes países europeos.

Este decreto por un lado desarrolla medidas concretas para reducir la emergencia climática ambiental, y por otro, mejora el bienestar de las personas más desfavorecidas socialmente, ya que se incluye acciones como el complemento de hasta 400 euros hasta diciembre para estudiantes a partir de 16 años, la gratuidad de hasta el 100% de los abonos de Renfe de cercanías, rodalies y media distancia del 1 de septiembre al 31 de diciembre y 450 millones de euros en ayudas directas a las empresas de transporte (1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 por furgoneta y 300 en el caso de taxis, VTC y ambulancias). Se combinan medidas de ahorro energético, de potenciación del trasporte público, así como sociales y económicas. Una transición justa hacia otro modelo energético sostenible.

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Entre las principales medidas ambientales que ayudarán a nuestro país a cumplir con el objetivo marcado destacar las normas de temperatura que ya se aplican en los organismos de la Administración y centros de trabajo, estaciones de transporte, comercios y negocios de cara al público, con una vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023. La temperatura en los edificios administrativos, espacios comerciales o culturales, hoteles, cines o estaciones en verano no podrá ser inferior a 27 grados en verano, mientras que la calefacción no podrá superar los 19 grados. Además, los establecimientos deberán implementar antes del 30 de septiembre sistemas que permitan mantener las puertas cerradas para evitar el malgasto y apagar en un plazo de siete días los escaparates y los sistemas de iluminación a partir de las 22 horas. A esta última medida se sumarán los edificios públicos. También deberán hacer revisiones, antes de diciembre de este año, calderas e instalaciones térmicas en caso de que la última revisión haya sido anterior a enero de 2021.

Las medidas de fomento del uso de los transportes públicos y sostenibles se establecen para reducir el consumo de combustibles fósiles y las emisiones contaminantes a la atmósfera. Se trata de reforzar el ahorro y la eficiencia energética, el cambio de combustible, potenciar las energías renovables y la solidaridad con Europa.

El Real Decreto ha sido aprobado por la mayoría de las formaciones políticas del Congreso de los Diputados, pero la ignorancia, el recelo y la prepotencia así como la búsqueda del rédito político sin importar el perjuicio a la ciudadanía que ha mostrado el PP, siguiendo las líneas dirigidas desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid han marcado la oposición y rechazo de estas medidas por parte de la derecha, sin tener en cuenta la situación energética en la que nos encontramos, ni la calidad del aire que respiramos, ni la situación de la salud de todos y todas las ciudadanas, ni los compromisos con Europa, siempre mejorables, pero una continuidad de las políticas climáticas y sociales que se están desarrollando por el Gobierno Socialista para lograr una mayor sostenibilidad del planeta que es innegociable. Los ciudadanos deberíamos solicitar con mayor asiduidad el establecimiento de políticas más respetuosas con el medio ambiente y que quienes nos representan en las instituciones estén realmente concienciados con la sostenibilidad medioambiental cumpliendo con el deber constitucional de preservación del medio ambiente.

 

Es una urgencia adoptar políticas de lucha frente al cambio climático, no es discutible. La crisis energética y climática que estamos viviendo no es baladí, y no es bueno intentar crear dudas en la opinión pública trasladando a la ciudadanía un debate inconsistente sobre si un grado más o menos, o si una hora más o menos de luces en los escaparates, intentando confundir y minimizar la importancia de las medidas que se plantean. No parece muy acorde la polémica que se ha producido con las medidas de ahorro energético aprobadas.

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La sociedad debe conocer que somos parte de un Pacto Verde Europeo (Green Deal), que supone una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la UE en una sociedad con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos. La UE ha decido, actuar frente al Cambio Climático, y aunque en un principio y debido a la guerra y a sus consecuencias, su meta a corto plazo sea la seguridad energética, la realidad va más allá. O afrontamos con políticas decididas la emergencia climática o el futuro del planeta, de Europa, de nuestro país está en riesgo de incrementar las desigualdades, la inseguridad, la pobreza, en definitiva, la calidad de vida de la ciudadanía.

Es una obligación para los socialistas el adoptar medidas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía, la salud de las personas (son miles los fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas); la economía y, en general, la salud ambiental de nuestro país y del planeta.

Y es conveniente la coordinación de las diferentes Administraciones Públicas Españolas en el desarrollo de medidas energéticas frente al cambio climático fundamentalmente en torno a tres líneas de actuación: la protección de la naturaleza, el desarrollo de una economía hipocarbónica eficiente en el uso de los recursos, verde y competitiva, y proteger a los ciudadanos frente a las presiones y riesgos ambientales para la salud y el bienestar.

Establecer estrategias autonómicas y locales ambiciosas que amplíen lo avanzado en el RD, o en el Plan Nacional de Energía y Clima PNIEC son necesarias de cara a tener un territorio que realmente apueste por la autosuficiencia energética y por el cambio de modelo. Políticas de cercanía frente a la emergencia climática, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de los hogares, de oficinas, comercios y centros comerciales, de industrias, explotaciones ganaderas…, tiene ventajas ambientales y económicas y sociales.

La lucha contra el calentamiento global y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se ha de hacer impulsando inversiones en desarrollo tecnológico y conocimiento, con la participación de la ciudadanía y de todas y todos sus representantes. Tenemos grandes retos que afrontar, y la demagogia no es buena para incentivar la reconversión energética, económica y social. No es el momento de falsas polémicas. Necesitamos una transición justa hacia un nuevo modelo energético y ambiental sostenible.

 

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